El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, consideró hoy que el amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) para que cese el cobro de retenciones en 2022 configura «un hecho político» que pretende «generar un conflicto» en el cual el Gobierno no va a entrar.
Domínguez objetó la postura de la entidad ruralista y advirtió que, desde el punto de vista jurídico, «sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021» y «ninguna de sus facultades se ha alterado», ya que con el decreto que extiende su validez «también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios».
Pero más allá de la esfera legal, el titular de la cartera agropecuaria sostuvo que el reclamo de la SRA «es un hecho político», con el que se pretende «generar un conflicto en el que no vamos a entrar».
«Todavía no hemos salido de la crisis de la Covid-19 y tenemos muchos problemas como para generar nuevos», señaló Domínguez esta mañana en declaraciones a Radio 10.
Asimismo, enfatizó que el presidente Alberto Fernández le ha pedido a sus colaboradores que sigan «con una estrategia de desarrollo y de diálogo con todos los sectores».
En ese sentido, puso de relieve la invitación al presidente que le formularon los organizadores de Expoagro, cuya edición de 2022 en la localidad bonaerense de San Nicolás «va a ser la más importante de todos los tiempos».
Ayer, la SRA y la Sociedad Rural de Jesús María presentaron ante la Justicia de Córdoba una demanda por inconstitucionalidad del cobro de retenciones en 2022, por entender que las mismas, «al caer la ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, a partir del primero de enero deberían ser cero».
«El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada», planteó la entidad presidida por Nicolás Pino.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, a la que hace mención la SRA y que venció el 31 de diciembre de 2021, establecía que, «en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB».
Así, la soja llegó a ese porcentaje, mientras que para maíz y trigo el tributo máximo se estableció en 15%, aunque hasta el momento el mismo no superó el 12%.
De hecho, el 15 de diciembre de 2021, a través del decreto 851/21, el Poder Ejecutivo publicó un decreto estableciendo la alícuota de estos productos para 2022.
Cabe mencionar que las retenciones o derechos de exportación de productos agropecuarios representaron en 2021 ingresos al Estado nacional por $ 963.117 millones, un 148,5% más que en 2020, y significaron el 8,75% de todos los ingresos tributarios.
Por su parte, el presidente de la entidad rural, Nicolás Pino, defendió la presentación en los tribunales cordobeses para que cese el cobro de retenciones, ya que consideran que «es una situación irregular que está viviendo el sector desde el 1 de enero de este año».
«Hacia fines de este año la Ley de Emergencia caducó y dentro de la ley de presupuesto estaba la posibilidad de darle al Poder Ejecutivo una prórroga para poder trabajar sobre el tema retenciones dos años más, y esa ley no fue votada», sostuvo Pino en diálogo con la AM 750.
Es por esto que desde la entidad entienden que «no habiendo Ley de Emergencia ni Ley de Presupuesto no se puede cobrar los derechos de exportación, porque todo tributo debe ser respaldado por una ley. Eso es lo que le venimos marcando desde principio de año no solo al Ejecutivo sino también al Legislativo».
«Estamos pidiendo que se regularice una situación que nos es normal», concluyó Pino.
