La discusión por la prometida suba de retenciones a los exportadores encontró este sábado una definición por parte del Ejecutivo Nacional, el cual modificó en dos puntos la alícuota aplicada a los productos derivados de la soja, como el aceite y la harina. Quienes pusieron el grito en el cielo han sido los actores atrincherados en la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace, quienes en la semana habían amenazado con volver a protestar a las rutas. Ahora bien, estos actores referenciados en los grandes latifundios representan apenas una décima parte de las explotaciones registradas en el país, pero aún así poseen el 60% de la tierra producida. Los pequeños y medianos productores, ya distanciados de la dirección de la Federación Agraria Argentina, reniegan de centrar el debate en el derecho de exportación, y exigen que se discuta la política agraria nacional, tras la desaparición de más de 83 mil explotaciones en menos de 16 años.
Mario Fabro, dirigente de Bases Federadas y productor de la localidad de Maciel, entiende que «el tema retenciones se toma como el eje central de la discusión, cuando en realidad lo que siempre hemos discutido es la política agraria integral que se aplica en el país. Partiendo de que, en el campo, si algo no somos, es que somos homogéneamente iguales». El productor agropecuario afirma a El Ciudadano, que «El campo argentino es total y absolutamente heterogéneo en su conformación» y agrega que «está absolutamente concentrado en todos sus aspectos: producción, tenencia de la tierra, comercialización, industrialización, comercio exterior, sistema financiero. Por lo tanto, yo creo que la gran discusión que nos debemos es la política agraria nacional».
Fabro recuerda que, tras la salida de Macri de la presidencia, el gobierno del Frente de Todos se comprometió a que el aumento de las retenciones sería acompañado de compensaciones y devoluciones de las retenciones a los productores pequeños y chicos, los cuales “formamos 42 mil productores, sobre 55 mil productores generales, de soja en este caso”. “Ahí ya establecemos un modelo de redistribución de un sistema, de un conjunto de productores que vendemos granos, con una política de segmentación» y sentencia: «en lo coyuntural, es el centro» de la problemáticas que se viven en el sector pequeño y mediano agrario.
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Fabro explica que en Argentina, los pequeños productores «tenemos una estructura de retenciones igualitarias, por un lado, y por el otro una estructura de costos con un dólar oficial, y costos e insumos a un dólar libre, por lo cual, en términos de capacidad de compra, hay una fuerte exclusión de las estructuras económicas de productores más chicos que lo que antes compraban con mil quintales de soja, hoy necesitan 2 mil» y profundiza su análisis: «¿Dónde se reflejan esos números? En la cantidad de productores y explotaciones agropecuarias menos, ¿y cuáles desaparecen? Los más chicos».
Para el dirigente agropecuario, «el otro gran dato que siempre está oculto es la propiedad de la tierra y la concentración de su uso». En el año 2015, con la última etapa de la devolución de exportaciones, recuerda Fabro, había 75 mil explotaciones, que vendían los 5 principales cereales en la Argentina, de la cuales menos de 3 mil hacían el 65% de la producción general. Es decir, el 80% de los productores no llegaba al 20% de la producción. «Esos son los números pavorosos de la concentración. Por eso hablamos de políticas diferenciadas de segmentación».
Los números de la concentración
De los censos agropecuarios realizados por el INDEC entre los años 2002 y 2018 -último año del que se tiene registro-, se desprende que la cantidad de explotaciones agropecuarias se redujeron en un 25%: en sólo 16 años, 83.870 explotaciones desaparecieron, mientras que sólo un décimo de las hectáreas que eran impuestas en 2002 ahora se destinan a otros fines. Según pudo acceder este diario, los registros muestran que los latifundios son los que han incrementado su proporción en el total de explotaciones agropecuarias, mientras que las estructuras productivas más pequeñas y medianas (de entre 5 y 500 hectáreas) han, en palabras de Fabro, «desaparecido».
En 1988, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, existían 378.000 explotaciones con límites definidos con alambrados, es decir que si se compara con las registradas en el último censo agropecuario, hay 151.000 explotaciones menos. Un informe del área de divulgación científica y tecnológica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires esgrime que, en paralelo a este decrecimiento, aumentó la extensión promedio de las explotaciones, por lo cual concluyen que este fenómeno se entiende a partir de la absorción de estas propiedades más pequeñas por parte de latifundistas de gran tamaño, los cuales participan en mayor proporción de la producción general de los cinco principales granos del país, dejando atrás a los productores más chicos.
En Santa Fe, este fenómeno de la desaparición de las explotaciones más pequeñas se ve mucho más recrudecido: de las 37.029 explotaciones registradas por el INDEC en el 1988, la provincia ahora percibe sólo a 19.949 en el 2018, es decir, el 46% menos que treinta años antes. Según el último censo agropecuario, publicado en abril del año pasado, hay 2044 explotaciones que superan las mil hectáreas, que juntas representan el 58,5% de la superficie destinada a la explotación agropecuaria: el 10% de los productores posee casi el 60% de la tierra productiva en la provincia.
Realizando la misma comparación a nivel nacional, el dato es aún más abrumador: el 11,82% de las explotaciones agropecuarias (aquellas de más de mil hectáreas de extensión) explican el 80% de las hectáreas productivas.
Cuando de comer se trata: precios y agregado de valor en origen
Mónica Polidoro, dirigente de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal (AMRAF) e integrante de Bases Federadas, coloca el foco en la cuestión de los precios y enfatiza la importancia del agregado de valor en origen: “Es la decisión política madre, que es lo que deberíamos entender primero para después defenderlo”.
El alza de los precios de los alimentos a partir de la guerra ucraniano-rusa y la tensión inflacionaria presente en Argentina no afecta solamente al sector agrario sino que “afecta a toda la sociedad, porque estamos hablando de alimentos», enfatiza la dirigente de AMRAF, y pone de ejemplo el precio en los pueblos rurales en donde la logística de producción de los alimentos podría ser delimitada a las producciones locales, agregando valor a través de la elaboración y el tratamiento de esas materias primas en un circuito de mercado interno centralizado en las provincias «a un precio mucho menor que el que se compra en las góndolas de los grandes supermercados, que son una una gran medida los responsables de los aumentos de nuestros alimentos».
“El problema no son las retenciones, sino qué hacemos con los pequeños y medianos productores. Las retenciones tienen que existir para que ese dinero vuelva en beneficio a quienes estamos llevando los alimentos a la mesa de los argentinos, para que el agregado de valor no lo hagan las grandes empresas sino que también podamos hacerlo desde el territorio y con la cuestión de la cercanía, para que los alimentos no sean un artículo de lujo” explica Polidoro.
Actualmente, los productores están organizados, en articulación con la Secretaría de Agricultura Familiar, en la colocación de puntos de venta de alimentos mucho más económicos, donde están las distintas organizaciones de la agricultura familiar y se reciben los alimentos producidos por estos mismos, con la lógica del mercado de cercanía, buscando que «los precios vayan directamente a los productores y a un precio mucho menor a los consumidores». En Rosario, uno de esos puntos de venta se ubica en el Centro Cultural «La Toma», en Tucumán 1349. «Son los presidentes comunales los que tienen que entender esto, y empezar a organizarse para que los alimentos se produzcan en el territorio para consumo interno y para vender en localidades aledañas» arenga la dirigente.
«Tenemos que saber realmente cómo lograr tener alimentos sanos y baratos en nuestra mesa, y la agricultura familiar es la salida: con políticas públicas y también con el acompañamiento de la sociedad. Por suerte hay una gran parte de la sociedad que lo está entendiendo» concluye.
“Las retenciones no son ni el único ni el primer problema que tenemos los productores» insiste Fabro: «Lo que si podemos coincidir generalizadamente es que (el monto requerido por el impuesto al derecho a la exportación) no lo van a poner los exportadores, se van a descargar en los productores». «La estructura agraria y el histórico endeudamiento crónico van de la mano, son las palancas de nuestro atraso, son dos de las herramientas que han atribuido al atraso nacional» dice Fabro, y concluye: «Hay otro campo, y tenemos otras prioridades».
