El juez federal Marcelo Bailaque procesó a un capitán del Ejército Argentino, acusado de haber perjudicado la carrera de una subalterna que lo denunció por acoso laboral y sexual, en hechos ocurridos a mediados de 2018 en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1°, de la ciudad de Santo Tomé.
La resolución, dispuesta por el juez rosarino Bailaque consiste en el procesamiento del capitán Lucas Gonzalo Díaz por el presunto delito de «perjuicio y maltrato arbitrario infringido por un militar a su inferior jerárquico». La presentación fue realizada en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo del fiscal Walter Rodríguez.
Actualmente, Lucas Díaz de 39 años fue trasladado a los cuarteles de Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes. Los hechos acontecieron cuando la mujer tenía 21 años. Y estuvo bajo tratamiento médico hasta marzo de 2019. Nueve meses después fue dada de baja de la fuerza.
La víctima se desempeñó como cabo en ese batallón hasta que fue dada de baja merced a una resolución de una junta médica militar por presentar un cuadro de «trastorno mixto ansioso depresivo» que «no guardaba» relación con su trabajo, es decir con los maltratos de su superior. La junta médica hizo caso omiso al testimonio de la joven y a las profesionales que la asistieron.
Por fuera de la vía interna, la instrucción penal del caso, sin embargo, develó los padecimientos de la joven militar por parte de su superior inmediato, entre 2018 y 2019, que conllevaron graves consecuencias psicofísicas.
El dictamen del fiscal Rodríguez señaló que desde junio de 2018 en el batallón de Santo Tomé el “imputado actuó con conocimiento sobre el carácter abusivo de sus conductas y sobre la condición de jerarquía que poseía por sobre la víctima”.
“Puede sostenerse –dice el dictamen– que el capitán Díaz realizó un número indeterminado de manifestaciones inapropiadas, intimidatorias y de índole sexual, tanto verbales como escritas vía WhatsApp, referidas a las características físicas y cualidades de MB que resultan ajenas a aquellas que por cuestiones laborales podrían haber sido realizadas en ese ámbito, de ahí su carácter arbitrario”.
El relato de MB es rico en detalles, y demostró cómo poco a poco su ámbito laboral se convirtió en un infierno por el despotismo y las insinuaciones sexuales del capitán. Luego, por el maltrato y las labores arbitrarias que era obligada a realizar después de hora.
Desde junio de 2018, señaló la víctima, el capitán Díaz “comenzó a enviarme mensajes sugestivos por WhatsApp que resultaban inapropiados, incómodos, con una carga sexual totalmente intimidatoria como por ejemplo: «Sos muy linda». «Estás muy linda hoy». «Vamos a tomar un café», los cuales eran reiterados, constantes, insistentes. Me solicitaba que le hiciera café alegando lo rico de mi café, haciendo incómodos comentarios sugestivos continuamente”.
El novio de la víctima, también cabo, declaró que los mensajes decían textual: “Vamos a comer no te preocupes que tu novio no se va a enterar”. Y señaló que el capitán Díaz “la invitaba a tomar un café, a comer, a su oficina, le decía que fuera a su oficina a preparar el café que tan rico ella hacía, eran mensajes con doble sentido”.
También se desprende de la causa que el capitán le ordenó reiteradamente realizar tareas laborales fuera del horario establecido, oportunidades en las que no había personas en la oficina y ambos quedaban a solas hasta la medianoche.
“Además de reflejar un hostigamiento de índole laboral por su exceso y abuso, constituye un comportamiento a todas luces intimidatorio para una joven mujer en relación de subordinación laboral en el contexto castrense”, destacó el fiscal Rodríguez.
“Me ordenaba quedarme después del horario habitual que en ese momento era de 7 a 18 con excusas ilógicas, forzando la situación a quedarnos solos en la oficina, sintiéndome presionada constantemente ya que alegaba razones de trabajo”.
Cuando la joven solicitó a su jefe que dejara de hostigarla, “el capitán cambió totalmente de actitud, se tornó agresiva; comenzó a tomar represalias contra mi persona y a ejercer un constante maltrato”, explicó la resolución.
En agosto de 2018 el cuadro de estrés «ocasionó en la víctima la inevitable exteriorización de las consecuencias psicológicas acumuladas”.
En esa ocasión, el sistema informático del Ejército sufrió un problema genérico a nivel nacional que impidió a la joven –como a todos aquellos que lo intentaran– realizar la carga de datos correspondientes a cuestiones internas. Sin embargo y pese a que a todas luces el problema era una cuestión ajena a la cabo, el capitán le informó que sería sancionada con arresto por diez días.
“Esa situación impidió que MB pudiera volver a su lugar de trabajo al día siguiente. Para evitar expresar que el motivo de su ausencia era el acoso que venía padeciendo por su jefe, decidió ingerir numerosos analgésicos con el fin de generar una descompostura y alegar que ese era el verdadero justificativo de su inasistencia laboral”, señaló la investigación.
La ingesta de pastillas ocasionó un desmayo. Y su novio la encontró desvanecida y la trasladó al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde estuvo en estado de observación.
“En el hospital nos dijeron que ella estaba viviendo un pico de estrés muy grave, que no sabían el problema porque mi señora tenía muchas ojeras, se le estaba cayendo el pelo, tenía derrames en los dos ojos y la veían muy anémica”, declaró la pareja de la víctima.
Una joven denunció acoso en el Ejército y la Fiscalía Federal investiga a su superior
A partir de ese episodio, MB fue entrevistada por médicos del Ejército; le otorgaron una licencia médica por quince días y la derivaron a profesionales en psicología y psiquiatría del Hospital Militar Regional de la ciudad de Paraná, con quienes inició un tratamiento.
MB contó los actos de abusos que sufría. Una psiquiatra y una psicóloga la escucharon. Una de ellas declaró: “Ella venía mal por su ambiente laboral, se sentía muy angustiada por lo que vivía durante su jornada laboral. Refería sentirse muy ansiosa, refería mucha angustia, soledad, desesperación y tristeza, motivado en su situación personal laboral”.
En marzo de 2019, una vez finalizado el tratamiento, le otorgaron el alta médica y concluyeron que la joven se encontraba en condiciones de reintegrarse a su lugar de trabajo y de hacer su labor sin ningún impedimento.
Sin embargo, las conclusiones de la Junta Médica Militar y la decisión del jefe de Estado Mayor General del Ejército Nacional Argentino, tomadas en razón de un sólo encuentro con la víctima, fueron contrarias a las de profesionales que intervinieron.
En abril de 2019 la joven fue citada a una Junta Médica Militar en Buenos Aires, y fue entrevistada por seis médicos militares –todos hombres–; allí manifestó todo lo sucedido en relación al maltrato y perjuicio llevado a cabo por el capitán Díaz.
En agosto de 2019 la declararon “incapacitada para todo servicio”. Y resolvieron que “la afección de la causante no guarda relación con los actos del servicio”.
En otras palabras, para la junta nada tenía que ver que el acoso y las arbitrariedades a las que la sometió el capitán Díaz, quien salió indemne, sin ser sometido a una investigación disciplinaria. En diciembre de 2019 el teniente general Claudio Ernesto Pesqualini firmó la propuesta que dio de baja a la joven.
El fiscal Rodríguez recordó en su dictamen que “al finalizar el tratamiento y otorgarle el alta médica, la psicóloga y la psiquiatra declararon en esta sede que la joven no presentaba un «cuadro de trastorno mixto ansioso depresivo»”.
“Las características, formas y contexto en los que el capitán Díaz desplegó los actos de maltrato y perjuicio arbitrario llevaron necesariamente a abordar la investigación desde un enfoque laboral y de género”, señaló el fiscal Rodríguez al solicitar la indagatoria del militar, de unos 40 años.
Y citó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que obliga a las agencias estatales a contribuir en la erradicación de las situaciones de acoso, discriminación y maltrato en las relaciones laborales.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue preciso al afirmar que “en este caso el maltrato y el perjuicio ampliamente desarrollados a lo largo del presente se encuentran atravesados por cuestiones de género que no han sido debidamente y oportunamente abordados internamente por el Ejército Nacional Argentino al tomar conocimiento de los hechos”.
“Las personas que revestían roles jerárquicos superiores a MB eran también varones. Históricamente la figura del militar ha configurado uno de los estereotipos socioculturales promotores y generadores de desigualdad de género y de relaciones de poder sobre las mujeres”, agregó Rodríguez sobre el contexto laboral militar.
“Siempre que se consolide procesalmente el caso de MB –solicita el fiscal–, debería atenderse la posibilidad de una reparación a favor de la víctima, como ser su reintegro al Ejército (siempre que sea su voluntad) y una indemnización pecunaria, como así también la obligación de formar a los integrantes de dicha institución con una perspectiva de género para garantizar una potencial transformación en el seno de la institución militar”.
