Francisco Taiana (*)
El 3 de enero de 2022, el ex columnista de The Guardian Richard Norton-Taylor, publicó en el portal Declassified UK los resultados de un proyecto de investigación basado en archivos, ahora públicos, del gobierno británico. Con ello se logró la más detallada confirmación hasta el momento sobre la presencia de armas nucleares a bordo de la flota que el Reino Unido envió a la Guerra de Malvinas, un dato sobre el cual se ha especulado desde el estallido mismo del conflicto.
Por un lado, no debería sorprender el secretismo de Londres para tratar el tema, ya que es consistente con su política general sobre su arsenal nuclear. Sin embargo, ello no implica que la decisión de llevar armas nucleares al Atlántico Sur haya sido tomada a la ligera. De hecho, en las decenas de páginas referidas al tema, accesibles al público general en el “National Archive”, se pueden apreciar los álgidos debates que esto generó entre las distintas ramas del gobierno.
El origen de la cuestión se remonta al hecho de que la flota que sería enviada a Malvinas ya contaba con armas nucleares en el momento que las fuerzas argentinas retomaron el control efectivo de las islas, el 2 de abril de 1982. Más precisamente, se trataba de cargas de profundidad nucleares (un tipo de arma anti-submarino) a bordo de los dos portaaviones, HMS Hermes y HMS Invincible, y las fragatas Tipo 22, HMS Brilliant y HMS Broadsword.
A su vez, los destructores Tipo 42 HMS Sheffield y HMS Coventry contaban cada uno con una carga de vigilancia, un tipo de munición de entrenamiento idéntico a las armas nucleares, con la excepción de que el material fisionable fue reemplazado por uranio empobrecido y sustancias inertes. No obstante, con anterioridad a los enfrentamientos, las armas fueron redistribuidas, quedando 18 en el Hermes, 12 en el Sheffield y una en el RFA Regent.
El principal argumento a favor de mantener las armas atómicas en la flota, que se destaca en los documentos, es de carácter exclusivamente temporal: según un cable del Ministerio de Defensa del 10 de abril de 1982, descargar todas las armas de los barcos habría atrasado unas 36 horas toda la operación militar; un tiempo crucial en el que las fuerzas argentinas habrían podido continuar reforzando su posición en las islas.
Además, la posibilidad de descargar las armas en Ascensión, una isla ubicada en el Atlántico y utilizada como base logística en el conflicto, también presentaba sus dificultades: la operación por helicóptero resultaba arriesgada, hubiera sido difícil ocultarla a los periodistas que acompañaban la flota y desconocían la presencia de tales armas, y los hubiese dejado vulnerables a un posible operativo especial por parte de la Unión Soviética.
Por otro lado, los argumentos en contra de llevar las armas nucleares eran vastos y variados. En primer lugar, existen numerosos documentos donde se detallan los complejos protocolos a seguir en caso de incendio, hundimiento o destrucción de los buques que las transportaban.
Si bien los documentos británicos plantean que no existía riesgo alguno de una explosión nuclear en el caso de que las armas hubieran sido impactadas por un misil o un torpedo, se contemplaban varios escenarios graves, desde una contaminación radioactiva en la zona a la pérdida de una o más armas y su posible captura por las fuerzas argentinas o alguna potencia extra regional (léase la URSS).
A su vez, los cables también señalan las dificultades de mantener en secreto un incidente del estilo, su impacto negativo en la imagen del gobierno británico y el daño considerable que ocasionaría sobre la relación especial de cooperación anglo-estadounidense en materia nuclear. A esto se le agregaba que la flota transportaba más del 65 por ciento del arsenal de cargas de profundidad nucleares del Reino Unido en sus dos portaaviones, el HMS Hermes y el HMS Invincible. Esto significaba que la pérdida de cualquiera de los dos buques no sólo hubiera sido un golpe significativo para el esfuerzo militar británico, sino que además hubiese implicado una pérdida considerable para sus capacidades nucleares.
Asimismo, los documentos desclasificados reflejan una preocupación de ciertos sectores del gobierno británico sobre la posible violación del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. Frente a esto, los sectores que abogaban a favor del envío de las armas atómicas argumentaban que, si bien tanto el Reino Unido como Argentina habían firmado el tratado, Argentina no lo había ratificado y, por lo tanto, no podría aplicarse en este caso.
De todas maneras, la postura británica se veía complicada por su doctrina estratégica de negarse a confirmar o rechazar la presencia de armas nucleares. Esto derivó en que, desde la propia guerra, la incógnita con relación al arsenal atómico en Malvinas generara tantos debates y especulaciones. El caso más conocido fue el del destructor HMS Sheffield, cuyo hundimiento en el conflicto disparó rumores sobre la posibilidad que la nave llevara armas nucleares a bordo.
Por otro lado, los propios documentos británicos revelan una preocupación de sectores del gobierno respecto a la posibilidad de que la falta de comentario sobre la cuestión nuclear llevase a que Londres fuese acusado de pretender bombardear la Argentina continental con armas nucleares lanzadas desde sus aviones Sea Harrier.
Finalmente, la postura oficial del Reino Unido también desató numerosos reclamos para la clarificación del asunto, por parte de diversos actores de la sociedad civil y la clase política. Un ejemplo emblemático fue el caso de Hugh Jenkings, Barón de Putney, quien luego de haber presidido la Campaña por el Desarme Nuclear entre 1979 y 1981, pidió en el Parlamento –el 9 de noviembre de 1982– que el gobierno se pronunciase respecto de la controversia sobre las armas atómicas y la posible violación del Tratado de Tlatelolco, expresando gran preocupación sobre la pérdida de credibilidad que esto le generaría al Reino Unido en el mundo.
Frente a las polémicas generadas y los riesgos involucrados, el argumento que la descarga de armas nucleares hubiera atrasado demasiado la operación militar no resulta completamente satisfactorio. Si bien es casi imposible establecer con certeza qué factores determinan la toma de decisiones en asuntos tan delicados, hay un argumento que aparece –en una oración de una única página– en un documento del Ministerio de Defensa del 7 de abril de 1982, que añade otra dimensión a los cálculos estratégicos: “En caso de tensión u hostilidades entre nosotros y la Unión Soviética concurrentes con la operación Corporativa (nombre interno para referirse a la Guerra de Malvinas); el potencial de combate de nuestros buques de guerra se vería severamente reducido”.
De esta manera, el marco general de Guerra Fría termina por dibujar un panorama geopolítico más amplio de Malvinas y sus posibles ramificaciones en el tablero internacional.
(*) Historiador, sinólogo y analista internacional
