Por ANRed
Mediante un juicio abreviado en el que se lo condenó a tres años de prisión efectiva, Sebastián Romero recuperó su libertad. Dado el tiempo pasado en prisión (casi dos años) -durante el cual se le negaron pedidos de excarcelación, laborales y de estudio- la sentencia, incluso siendo condenatoria, implicó que el militante del PSTU quedara libre.
El juez de la causa contra Romero, Javier Ríos, es el mismo que ya había condenado a César Arakaki y Daniel Ruiz. Desde el PSTU señalaron: “Esto reafirma su carácter de funcionario de ricos y poderosos, que son los que hicieron y hacen uso del Código Penal. Así como no nos sorprendió la condena a César y a Daniel, no era posible esperar que un juicio oral y público contra Sebastián tuviera otro final, ya que no solo se trataba del mismo juez, sino también de los mismos fiscales y los mismos testigos. No había ninguna garantía de un juicio justo”.
La defensa de Romero, llevada adelante por la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), anticipó que apelarán a la Cámara de Casación: “Sebastián Romero en la calle es el primer paso de una lucha que no termina. Seguiremos en la pelea por lograr la absolución del compañero y la libertad y el cese de la persecución a los luchadores populares perseguidos. Lo seguiremos haciendo como hasta ahora, en los tribunales, en las calles y con unidad, organización y lucha”.
Romero fue uno de los miles que movilizaron el 18 de diciembre del 2017 cuando el gobierno de Mauricio Macri se dispuso a recortar jubilaciones y pensiones. Su imagen se viralizó lanzando pirotecnia contra el Congreso Nacional.
Ante el pedido de captura, Romero declaró: “Quieren verme preso para meterle miedo a los que luchan. Estoy siendo perseguido como si fuera un terrorista porque fui parte de los que resistimos en las calles contra el robo que estaban haciéndole a los jubilados”.
En mayo de 2020, Romero fue detenido en la ciudad de Chuy, Uruguay, y actualmente estaba con prisión domiciliaria en Rosario.
“Pusieron precio a la cabeza de Sebastián, aun mayor que el de los genocidas prófugos, allanaron casas de compañeros, Daniel Ruiz estuvo trece meses preso en un penal de máxima seguridad en una prisión preventiva sin justificación legal como forma extorsiva para obtener la cabeza de Sebastián; fuimos perseguidos y espiados “legalmente” (como figura en las causas) e ilegalmente con el objetivo de aleccionar y amedrentar al conjunto de los luchadores y luchadoras”, recordaron desde el PSTU, al tiempo que aseveraron que “se equivocaron, acá estamos, con más convicción que nunca de que para los trabajadores y trabajadoras la lucha es el único camino”.
