Hace un mes, Gabriel Pérez, de 29 años, murió después de estar una semana bajo tratamiento por las quemaduras que se había llevado de la Colonia Oliveros, uno de los tres ex hospitales psiquiátricos públicos todavía activos en Santa Fe. El fuego le había ganado el cuerpo mientras estaba atado de pies y manos a una camilla durante una crisis de esquizofrenia. Nadie sabe quién lo encendió, pero sí que una enfermera lo apagó con un matafuego sin reparar en los químicos tóxicos que tienen los extintores. Hoy su familia espera la autopsia para saber si le ocasionaron la muerte. El caso reavivó la pregunta: ¿Quién controla las condiciones y al personal dedicado a la salud mental?
Emergente
Pérez entró a Oliveros el 22 de febrero. Horas antes había roto los vidrios de la verdulería de su mamá durante una discusión y, distinto a las dos internaciones anteriores que habían sido involuntarias en 2021, pidió ayuda. Sus últimos meses venían siendo difíciles porque le costaba conseguir trabajo y cama en Ibarlucea, la pequeña localidad donde creció a 40 minutos de Rosario. Su epilepsia, diagnosticada y medicada desde los 11 años, solía quitarle el control del cuerpo. Su esquizofrenia, detectada a los 18 y trabajada con un equipo de salud mental de la comuna, jugaba con su cabeza.
“No sé cómo funciona la mente de una persona con esquizofrenia, pero es claro que no era fácil para él. No era violento con la gente. Como mucho daba una patada a la puerta”, cuenta a El Ciudadano su hermana mayor, Tamara, quien desde su muerte intenta armar el rompecabezas de lo que pasó. Las preguntas circulan entre ella y su mamá cada vez que hablan con su abogado: ¿Quién lo prendió fuego? ¿Cómo tenían acceso a fósforos o encendedores? ¿Por qué no había alarmas contra incendios? ¿Cómo pudo una enfermera con experiencia usar un matafuego sabiendo que contiene sustancias tóxicas para las personas?
Días después de la muerte, la madre y hermana de Pérez fueron llamadas a Oliveros. Un abogado y al menos 10 autoridades del espacio de atención en salud mental santafesino les dieron el pésame e intentaron responder sus dudas. Explicaron que otro interno con quien había peleado tomó revancha mientras Gabriel estaba atado a una camilla debido a una crisis. “Nos contaron que la enfermera salió y cuando volvió él ya tenía todo el fuego encima. Dijeron que fueron pequeños descuidos”, recuerda Tamara y completa: “Les respondí que esos «pequeños descuidos» le costaron la vida a mi hermano”.
El atentado a Pérez, investigado por la fiscal Melisa Serena, ocurrió semanas después de que cuatro personas internadas en la comunidad terapéutica San Fernando de Las Lonjas, en Buenos Aires, murieran en un incendio. El lugar dedicado a salud mental y adicciones no estaba habilitado y su director fue imputado por no cumplir con los mínimos recaudos de seguridad e higiene: matafuegos, colchones ignífugos, salidas de emergencia y falta de personal terapéutico idóneo, entre otras irresponsabilidades.
En la última década, las denuncias por irregularidades, maltratos y muertes en espacios de atención de salud mental y adicciones empezaron a sonar más fuerte en Argentina. La ley de Salud Mental y Adicciones del 2010 establece que el gobierno –que administra, cogestiona o tiene convenios con muchos de estos espacios– no sea el único en cuidar que los derechos de las personas en tratamiento sean respetados. Deben ser controlados por los órganos de revisión de la ley, quien supervisa de oficio los establecimientos, recibe denuncias y evalúa internaciones, entre otras funciones.
Santa Fe votó la creación de su órgano de revisión de la ley en noviembre de 2017. Un mes más tarde la normativa fue promulgada, pero 5 años después y contando aún no empezó a funcionar.
Salud mental, lo público y lo privado
En diálogo con El Ciudadano, la directora de Salud Mental de Santa Fe, Celina Pocchettino, aseguró que los equipos provinciales visitan y relevan el funcionamiento de los espacios públicos y privados de salud mental mientras se avanza en una nueva normativa de habilitación para este tipo de establecimiento. “El órgano de revisión de la ley es clave para garantizar derechos”, dijo y aclaró que la apuesta del gobierno es aumentar la red de instituciones comunitarias, soportes económicos y casas asistidas (donde usuarixs de salud mental viven con monitoreo de los equipos de salud) para prevenir internaciones y ayudar a reducir las camas de ex psiquiátricos, también conocidos como monovalentes.
Según contaron desde el gobierno encabezado por Omar Perotti, existe una fuerte intención de la cartera de Salud nacional de avanzar en las transformaciones de los monovalentes en Argentina. Incluso, de concretar un proyecto habitacional de casas asistidas y otros modelos de atención a los que se le destinará 3% del plan nacional de viviendas del país.
En la actualidad, hay 260 camas de internación ocupadas en los tres ex hospitales psiquiátricos de Santa Fe (155 en Oliveros, 70 en el Agudo Ávila y 30 en el Mirá y López de la capital provincial). En 2012, cuando empezó el proceso de desmanicomialización propuesto en la ley, eran 430.
En los últimos dos años marcados por la pandemia del covid-19, el camino continuó. Por ejemplo, en el Agudo Ávila de Rosario, que incorporó médicos clínicos en las guardias y un servicio de atención domiciliaria por crisis, bajó de 20% a 12% la cantidad de internaciones de más de 2 años. En paralelo, la salud pública sigue sumando equipos y servicios a los 782 efectores que deben, por ley, estar listos para atender a personas con padecimientos subjetivos.
En paralelo, Pocchettino insistió que se mantiene el diálogo con las 14 instituciones privadas habilitadas para internar personas (10 están en Rosario, 3 en la capital provincial y una en Reconquista). Según el último Censo Nacional de Salud Mental de 2019, el 65% de las personas internadas en Santa Fe estaban en espacios de gestión no estatal que desde hace décadas están en la lupa de los organismos de Derechos Humanos en algunos distritos del país.
Por qué aún no hay un órgano de revisión
Por ley, el órgano de revisión en Santa Fe debe estar en la órbita de la Defensoría del Pueblo, una institución independiente del Ejecutivo provincial. Tres años después de promulgada la normativa, las autoridades de la Defensoría anunciaron que estaba abierto el concurso para elegir autoridades. El primer paso era designar a quienes ocupen la Secretaría Ejecutiva. Nueve meses más tarde estuvieron los resultados, pero uno de los participantes impugnó el proceso porque consideró que estaba mal hecho y que quienes ganaron no respetaron los tiempos y las pautas.
A fines de 2021 el conflicto llegó a la Justicia en la capital provincial, que después de dos meses devolvió una vez más la definición a la Defensoría del Pueblo, organismo que transita un recambio importante de autoridades desde la salida de Raúl Lamberto. Hoy la encabezan transitoriamente Gabriel Savino y Jorge Henn.
En la actualidad, el destino del órgano de revisión provincial quedó en manos de la Legislatura santafesina, donde por ley hay dos comisiones que deben atender a los problemas de la Defensoría: una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados. La primera está integrada por los senadores Eduardo Rosconi, Rodrigo Borla, Lisandro Enrico, Armando Traferri y Alcides Calvo, que pidió ser reemplazado. Hasta marzo, la segunda solo tenía 4 de los 7 integrantes designados: María Laura Corgniali, Marlén Espíndola, Sergio Basile y el hoy presidente de la cámara, Pablo Farías luego de la muerte de Miguel Lifschitz.
Desde la Legislatura explicaron que en mayo podría haber alguna definición sobre el concurso. Deben esperar al inicio de las sesiones ordinarias para volver a conformar las comisiones y tratar el expediente. Una vez elegidas las autoridades vendrá el turno del Consejo Directivo y más tarde la contratación de los equipos interdisciplinarios que analicen qué pasa realmente en los cientos de espacios dispuestos para dar atención en salud mental, adicciones y consumos problemáticos de Santa Fe.
¿Qué pasa con la atención por consumos problemáticos o adicciones?
