El ex presidente auriazul Pablo Scarabino presentó el viernes pasado en los tribunales provinciales una denuncia penal “pretendiendo una investigación por la presunta comisión del delito de tentativa de estafa en perjuicio de Rosario Central”. El pedido involucra la actuación de tres personas en la cesión y compra de porcentajes de los derechos económicos de dos futbolistas auriazules: Guillermo Burdisso y Miton Caraglio. Los señalados por Scarabino son Sergio Benincasa, el agente de jugadores Guillermo De Andrea y Luis Andreuchi.
Según el reclamo judicial de Scarabino, estas tres personas habrían presentado documentación apócrifa para atribuirse la titularidad de porcentajes de derechos económicos correspondientes a los jugadores de fútbol profesional antes citados: Caraglio y Burdisso.
Además, en la denuncia, Scarabino solicitó que “se investigue la participación que pudieron tener los miembros de la anterior comisión directiva, encabezada por Horacio Daniel Usandizaga, la sindicatura colegiada (que asumió la representación del Rosario Central con motivo de la renuncia de los miembros de la anterior comisión directiva), asesores o empleados de la institución, cuya conducta habría consistido en introducir subrepticiamente en las carpetas de los jugadores de fútbol documentación falsa, con el objeto de posibilitar la consumación de la defraudación que se denuncia por el presente”.
El pedido de investigación de Scarabino surgió luego de que el pasado 3 de agosto saliera a la luz que Central habría cedido el 30% de los derechos económicos del jugador Milton Joel Caraglio. Y la documentación que certifica esa cesión lleva las firmas de Scarabino y de Gonzalo Estévez, secretario de aquella comisión directiva.
Ante la situación, Scarabino presentó una nota dirigida al actual presidente de la institución, Norberto Speciale, haciéndole saber que “jamás suscribí cesión alguna y que de existir documentación en tal sentido la misma resultaba apócrifa”.
En la misma nota, Scarabino le hizo saber a Speciale que los hechos descriptos encuadraban típicamente en la figura penal de la tentativa de estafa, razón por la cual requirió que formulara la denuncia penal correspondiente. Y advirtió también que, en caso de silencio o negativa de su parte, la presentaría él mismo.
En el mismo sentido se habría expresado Gonzalo Estévez, mediante nota que presentara en su momento en la mesa de entradas de la institución.
Según explica Scarabino en la denuncia, como “el señor Norberto Speciale no comunicó formalmente a sus pares de comisión directiva los términos de las notas presentadas por el suscripto y Estévez, como así tampoco presentó la denuncia penal correspondiente (a efectos de evitar el despojo del patrimonio de Rosario Central por parte de los imputados)”. Por lo tanto, Scarabino entendió que “la pasividad del actual presidente de Central, me determinó a investigar por mi cuenta los hechos y de esa manera poder documentar la presente denuncia”.
En el reclamo Scarabino dejó constancia de no conocer al señor Sergio Benincasa y que tampoco recibió dinero alguno de la cantidad consignada en el contrato de cesión de porcentajes de derechos económicos de Caraglio.
Además, Scarabino aseguró “que jamás suscribí el referido contrato de cesión de derechos económicos, lo que así solicito se declare oportunamente en este proceso penal, que se inicia por el presente”.
En función de lo expuesto en la denuncia, Scarabino solicitó “que se ordene la apertura del sumario correspondiente y se despachen las siguientes medidas de prueba urgentes, a saber: se allanen los domicilios de los imputados y las sedes del Club Atlético Rosario Central a efectos de proceder al secuestro de los contratos de cesión de derechos económicos ut supra individualizados; y que se requiera a la Asociación del Fútbol Argentino que informe si en la oficina de jugadores fueron sustraídas hojas con el membrete de Rosario Central que se encontraban firmadas en blanco por los señores Scarabino y Estévez y que fueron entregadas para posibilitar el trámite de los derechos de formación de jugadores de fútbol de dicha institución”.
Además, el ex titular auriazul también pidió que, una vez que fuera resguardada la prueba de cargo, “se designe un perito ingeniero químico a efectos que dictamine si las firmas y la papelería utilizada en las cesiones apócrifas fueron logradas mediante la técnica de escaneo de las mismas, o si son originales”.
