Después de dos años con muchas dificultades para los encuentros en persona, por la emergencia sanitaria, Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario e Hijos Rosario convoca a la comunidad al acto «Plantamos Memoria» el próximo jueves 5 de mayo a las 12 del mediodía en Calazans 9100 (Mendoza al 6000) del barrio Fisherton.
Se trata del lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención -CCD- del circuito represivo en Rosario durante la última dictadura cívico militar: la Quinta Operacional de Fisherton. Ahí mantuvieron secuestradas a por lo menos treinta víctimas, la mayoría militantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo).
La campaña Plantamos Memoria fue impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo en todo el país a lo largo de 2021. En Rosario, puntualizaron desde la filial local, ya se plantaron alrededor de 500 árboles. «La campaña apunta a pensar en la potencia de la memoria como un arma cargada de futuro y que es necesario encender continuamente, sobre todo, para poder dar la disputa por los sentidos de la historia y poder contrarrestar la avanzada de los discursos negacionistas», sintetizó Sabrina Gullino Valenzuela, integrante de Abuelas y nieta recuperada en 2008.
Se trata de un encuentro importante porque es la primera vez que sobrevivientes, querellantes y familiares ingresarán al predio donde funcionó el centro clandestino. La actividad contempla la plantación de treinta árboles, uno por cada víctima, la instalación de una placa conmemorativa a cargo del Concejo Deliberante y una intervención artística colectiva.
El acto había sido pensado en un momento de la pandemia donde las restricciones dificultaban la posibilidad de hacerlo, por eso en esta ocasión la idea es hacer un evento más multitudinario donde se destacan la presencia de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Sonia Torres, Abuela de la filial de Córdoba; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck; la directora de Sitios de Memoria de la Nación, Lorena Batisitiol; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol; la directora general de Derechos Humanos de la ciudad, Alicia Gutiérrez y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.
Directivos del San Bartolomé confirmaron que también estarán presentes en el acto, «por la memoria de lo que ocurrió en Argentina». Además estarán presentes concejales de diferentes espacios políticos, funcionarios de la Municipalidad de Rosario y toda persona que quiera participar del acto.
Gullino Valenzuela definió este evento como «una reparación simbólica, un estar, un abrazar la causa por los 30 mil desaparecidos y desaparecidas y también es un ejercicio desde el presente para poder ejercitar la memoria y comprender que en Rosario, en Fisherton, hubo un centro clandestino de detención por el que pasaron treinta víctimas que es lo que se conoce hasta este momento».
El fiscal Adolfo Villate, de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Rosario, también estará presente en el acto y consideró que «siempre es importante que se recuerde un sitio en el cual se padeció, donde se constituyó un centro de terror». «Además, que haya memoria y se pueda acceder a este sitio, más aún siendo un colegio privado y no una institución pública, que esa institución esté habilitando el acceso es muy importante en el marco de la construcción del proceso de Memoria, Verdad y Justicia».
Las víctimas que estuvieron secuestradas en la Quinta de Fisherton son: Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, nieta 103, restituida del matrimonio Klotzman – Barral, Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, María Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos, Oscar Alberto Medina y Daniel Guibes.
El reconocimiento del CCD
En 1984 Fernando Brarda, uno de los sobrevivientes, denunció por primera vez ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -Conadep- la existencia de este centro de torturas y los hechos allí ocurridos. Sin embargo, recién fue posible identificar el lugar en 2005. Hasta entonces, era el único sobreviviente conocido de este CDD.
Entre 2006 y 2014 una orden judicial preservó el inmueble como prueba material de la Causa Klotzman, que en ese periodo se encontraba en instancia de instrucción. Tras caerse la medida cautelar, el predio fue adquirido por el Colegio San Bartolomé en 2015.
Ese mismo año, otro sobreviviente, Daniel Guibes, que por motivos laborales realizaba tareas de mantenimiento para el colegio reconoció el lugar donde había estado secuestrado en 1976 y denunció por primera vez los hechos ante la Justicia. En 2016 el Colegio decidió ampliar el polideportivo y demolió el inmueble para finalmente instalar una cancha de rugby que funciona al día de hoy.
Causa Klotzman
El juicio que investiga los crímenes cometidos en este ex CCD ya tuvo su primera sentencia el 29 de julio de 2021. En esa oportunidad se condenó a la pena de prisión perpetua a cuatro represores: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López.
Fariña es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y ya había sido juzgado por crímenes de lesa humanidad; los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y aquella fue la primera vez que afrontaron un juicio de este tipo.
La causa se conoce popularmente como Klotzman por el apellido del primer secuestrado en una serie de “operativos conjuntos” del Ejército y la Policía Federal.
Su elevación fue en 2015 pero pasó por tres suspensiones hasta su inicio en 2020. Mientras tanto fallecieron tres represores vinculados con la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib. Los tres habían sido integrantes de la Policía Federal.
Para Abuelas es una causa especialmente importante porque dentro de las víctimas hubo cuatro mujeres embarazadas. Una de ellas, Cecilia Barral -que continúa desaparecida- dio a luz, los represores cometieron el acto de apropiación y en 2011 su hija -y de Ricardo Klotzman- accedió a su verdadera identidad. Fue la restitución número 103.
Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi siguen desaparecidas y si bien se supo que fueron llevadas con vida desde su domicilio, a lo largo del juicio no se obtuvieron más precisiones sobre el nacimiento o no de sus hijos o hijas.
La última restitución de identidad que logró la búsqueda de Abuelas fue en junio de 2019. Ya pasaron casi tres años, el organismo está trabajando fuerte y urgentemente en estrategias de difusión para interpelar a distintos públicos para dar nuevamente con personas que hayan sido apropiadas durante la dictadura.
En Argentina entre 1976 y 1983 el robo de bebés fue una práctica sistemática del gobierno militar. Abuelas de Plaza de Mayo se conformó en 1977 y desde entonces busca en todo el territorio nacional -y también a escala internacional- personas que fueron secuestradas en su niñez junto con sus padres y madres o que nacieron durante el cautiverio de sus mamás embarazadas.
Si bien apuntan a la población que nació entre 1975 y 1983 e invitan a hacerse una pregunta sobre su historia familiar, desde Abuelas saben que muchas de estas personas ya formaron sus propias familias y apuntan también a que puedan ser esos niños, niñas o adolescentes aquellos en quienes enciendan la pregunta por la identidad. Por eso todas las campañas hacen eje en este concepto y porque la falsificación de identidad se hereda.
Hasta ahora fueron restituidas las identidades de 130 hombres y mujeres pero se estima que puede haber más de 300 personas que fueron apropiadas. A más de 46 años del inicio del terrorismo de Estado en Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo las sigue buscando.
