“El denunciante, Mario Alfredo Pilo, expresó que al Poder Judicial se le exige «dejar de perseguir a las mafias sindicales, sus líderes eternos, anular procesamientos… y revisar las condenas…», pero en los términos del artículo 176 del CPPN (Código Procesal Penal) no especificó ni una sola circunstancia concreta indicativa de quién o quiénes practicarían de mano propia tales sucesos, tampoco quienes serían beneficiados con tales presiones e intimidaciones, ni en qué proceso o procesos judiciales ello ocurriría”, escribió el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez al considerar que “debe desestimarse la denuncia” presentada el pasado 4 de abril. En ella, el ex concejal de la UCR pidió que se investigue por “instigación a cometer delito” a los convocantes de la movilización del próximo jueves 5, la primera de las dos protestas que tienen fecha este mes contra la avanzada de la Corte Suprema de Justicia sobre las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el caso emblemático del presidente del máximo tribunal, el ex intendente santafesino Horacio Rosatti, asumiendo el mando del Consejo de la Magistratura, el organismo constitucional de selección y remoción de jueces.
Pilo, quien se presentó como docente de la Universidad Nacional del Litoral y vicepresidente y director ejecutivo de la Asociación Civil Anticorrupción, apuntó contra la movilización del próximo miércoles, que se acordó en un encuentro entre el cosecretario de la CGT Pablo Moyano, el titular de la CTA, Hugo Yasky, y el secretario General de la CTA Autónoma, Ricardo Pedro, junto a otros espacios sindicales y organizaciones. Para el denunciante, según marca el fiscal Rodríguez, la manifestación “pone en riesgo a un poder constitucionalmente independiente” y puede provocar delitos como “intimidación pública, sedición, abuso de autoridad y asociación ilícita”. Y señala además el “involucramiento”, en esas acciones al titular de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano; al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y al propio presidente Alberto Fernández.
Al menos un sector de la CGT con sus formaciones internas como el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que encabeza el camionero Hugo Moyano, y la Corriente Federal de Trabajadores, cuyo referente es el bancario y diputado Sergo Palazzo, se movilizarán en reclamo de “la renuncia de Horacio Rosatti al Consejo de la Magistratura” y pedirán también el juicio político a los ministros del máximo tribunal y la ampliación de su número –actualmente son cuatro– para “democratizar el acceso a la justicia”. De esa movilización participarán también organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, asociaciones de la pequeña y mediana empresa, legisladores y organizaciones feministas. Todos ven como necesidad la ampliación de miembros de la Corte Suprema, con el nombramiento de juezas y de una representación que la torne “federal”.
Los organizadores no definieron todavía el recorrido y los puntos de inicio y conclusión de la movilización, pero para el denunciante Pilo es una demostración de la que se debe dilucidar su potencialidad delictiva. Sin embargo, el fiscal Rodríguez marcó que ese abanico a investigar “está condicionado a la verificación de los sucesos y su encuadramiento en una figura penal determinada”, ya que “como toda cuestión de competencia, sólo con relación a un delito concreto es posible su dilucidación”. Y que, a menos que se detallen nuevos elementos y otros argumentos, “el hecho denunciado no constituye delito”.
La convocatoria surge, además, de uno de los sectores bajo asedio durante el gobierno de Mauricio Macri, quien nombró a dos ministros de la Corte –hoy la mitad del máximo tribunal– por decreto. En esas circunstancias se salpicaron denuncias contra dirigentes sindicales, entre ellos, precisamente, los Moyano, padre e hijo: el juez de Garantías de Avellaneda, provincia de Buenos Aires Luis Carzoglio denunció y viene ratificando en todos los ámbitos que recibió presiones para encarcelar a ambos dirigentes sindicales, que resistió, y aún continúa suspendido desde 2019, en el marco de un procedimiento por esa causa.
La denuncia lo considera a la inversa, al atribuir acciones desde el gremialismo con el objetivo de “dejar de perseguir a las mafias sindicales, sus líderes eternos, anular procesamientos… y revisar las condenas…”, según el fiscal. Pero “no especificó ni una sola circunstancia concreta indicativa de quien o quienes practicarían de mano propia tales sucesos, tampoco quienes serían beneficiados con tales presiones e intimidaciones, ni en qué proceso o procesos judiciales ello ocurriría”, distinguió el funcionario del Ministerio Público.
Además, el fiscal abundó que la manifestación convocada, como todas las protestas sociales “que únicamente toman el espacio público para dirigir sus reclamos, para hacerse oír por las autoridades que no han recibido y canalizado sus solicitudes”, no debería ser sujeta a “medidas tan gravosas e intensas como lo es la acción penal”, ya que “ello conduciría a la criminalización de manifestaciones sociales pacíficas, en contra de los derechos de jerarquía superior como lo son, en una República, la libertad de expresión, de petición y reclamo a las autoridades”.
También recuerda, sin emitir ninguna valoración sobre el accionar de la Corte Suprema, que “no escapa que ese cuerpo deba someter sus actos a un análisis republicano”, sujetarse “al escrutinio social que pudiere presentarse” ya que “en un sentido amplio” también se trata de “un servicio de justicia”.
Con todo, la del jueves 5 no es la única movilización que apunta a la Corte Suprema. El próximo 24 de mayo, previo a la jornada del 25, otros sectores sociales se movilizarán por la “renuncia de la totalidad de los miembros” del alto tribunal. La protesta está convocada por el juez federal Juan Ramos Padilla ante «el golpe institucional que consumaron Rosatti y sus amanuenses».
El magistrado, quien viene participando de reclamos hacia el máximo tribunal, acusó a la Corte de “tomar por asalto el Consejo de la Magistratura”, según escribió en su cuenta de Twitter. “Convocamos al Pueblo y las organizaciones sociales a movilizarnos para el 24 de Mayo a las 18 en Plaza Lavalle, en defensa de la Constitución Nacional”, publicó el magistrado. Y confirmó: “Estamos avanzando muy bien con la organización de la marcha del 24 de Mayo, y continuamos con las consignas del #1F (1º de febrero), donde dijimos que debe renunciar la Corte para que la Argentina termine con el saqueo que nos arruina”.
Así, la movilización del martes 24 se encadenará con la del primer día de febrero pasado, cuando organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas se movilizaron, también frente al Palacio de Tribunales, en reclamo de la “democratización de la Justicia”.
