La jornada arrancó con un llamado al 911 por parte de una mujer que pidió que liberar a Ariel Máximo Cantero, el Viejo, y dejó todo tipo de amenazas. El llamado se hizo a las 6 de este miércoles cuando los imputados ya habían sido trasladados al Centro de Justicia Penal para la concreción de la audiencia imputativa que no se pudo desarrollar en forma virtual en la víspera. Esta circunstancia se encuentra en investigación, dijeron los fiscales que pusieron la lupa en la banda de Los Monos por un surtido criminal.
Tras la imputación por asociación ilícita, en la que sindicaron al Viejo Cantero, a su pareja Rosa «Bibi» Montero y una veintena de personas, se imputaron hechos particulares. En estos casos, una de las que fue formalmente acusada es Patricia Celestina Contreras, ex esposa del Viejo y madre de Ariel «Guille» Cantero, a quien sindicaron de haber pagado para que los integrantes de la banda cometieran balaceras; estos encargos tenían como objetivo demostrar poderío.
Respecto de los blancos de estos ataque, se encuentran dos escuelas y dos estaciones de servicio. Además imputaron otros hechos. A Cantero y Montero maltrato animal y encubrimiento con ánimo de lucro, mientras que a otros miembros del grupo, con el no menos célebre Nelson «Pandu» Aguirre a la cabeza, extorsiones y hasta una tentativa de homicidio.
Uno los ataques armados se cometió el 14 de noviembre pasado cuando el Complejo Educativo Santa Isabel de Hungría, ubicado en Cafferata al 4000, fue baleado mientras personal de las fuerzas de seguridad custodiaban las urnas para las elecciones legislativas que se llevarían adelante ese domingo.
También la escuela técnica Crisol, ubicada en Magnano al 6300, en la misma fecha y con la misma metodología. En esta última institución educativa se encontró un cartel escrito con letras rojas con la leyenda: «O se comunican con la mafia o siguen las balaceras», estaba junto con ocho vainas servidas calibre .380. Estos ataques se hicieron con la finalidad de demostrar poderío, juzgaron los fiscales.
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También imputaron el ataque a tiros a la estación de servicios ubicada en Saavedra y San Martin la noche del 9 de noviembre y la YPF de Ovidio Lagos al 4900, el 12 de noviembre de 2021, en este hecho también imputaron a Romina Berón por entregar ropa a uno de los presuntos autores en concepto de pago.
El 24 de noviembre entró un llamado al 911 donde una voz masculina dijo: “Yo lo que quiero decir que el que está tirando tiros a las escuelas y todo eso es el Guille Cantero, el pibe quiere beneficios en la cárcel y la que pone plata es Patricia Celestina Contreras junto con Vanesa Barrios, y los tiradores los pone el Viejo, Ariel Máximo Cantero”, contaron los fiscales.
Según la imputación fiscal, la metodología era siempre la misma: personas en moto baleaban los lugares asignados para los ataques. Contaron que las balaceras eran dispuestas desde la cárcel por Pandu por orden de Celestina Contreras y ejecutadas a través de otras personas que eran coordinadas por Nazareno «Naza» Gauna, quien hasta diciembre pasado era la mano derecha de Pandu Aguirre, contaron los fiscales.
La teoría fiscal sostuvo que estos encargos fueron pagados por Contreras a Gauna. La Fiscalía dio a conocer comunicaciones entre Gauna y Pandu donde lo manda a hablar con la señora a buscar un pago y también a hablar con Ariel.
Entre las evidencias del caso contaron que la antena del celular de Gauna impactó en cercanías de la casa de Contreras tras la comunicación a lo que sumaron cámaras de seguridad de algunos de los lugares baleados entre otras pruebas.
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En una conversación que le asignan a Pandu y su pareja Brenda. El primero dice: «¿Quién te pensás que está tirando las estaciones de servicio, las escuelas y eso?» Y en otro tramo agregó: «Ahí la señora te va a dar una moneda. ¿Me escuchas?»
Su pareja Brenda Barboza le contestó: «¿Cúanto me va a dar la señora?» y Pandu respondió: «Te va a dar una moneda, y cuando hagamos lo de las escuela te va a dar otra».
En otra parte de la conversación el recluso le contó a su pareja: «El Ariel me dio semáforo verde para que cobremos todos los negocios a nombre de él. Vamos y vamos. Negocio que no sea del Ariel, negocio que tiene que pagar. ¿Me escuchás?»
Extorsión
Otro de los hechos imputados es una extorsión. Comenzaron a llamar a una familia el 29 de noviembre pasado desde la cárcel pidiendo 39 mil pesos. Decían que el hijo de la familia debía dinero y tenía que pagar por una deuda por estupefacientes, contaron los fiscales.
Como parte de la amenaza, Ester Fuentes, madre de Esteban Stoppani (quien está preso) –ambos imputados como miembros de la asociación ilícita comandada por la pareja Cantero Montero- se presentó en la casa de las víctimas en Pérez, y habló con la propietaria. Luego llamó a su hijo y se lo pasó a la mujer que le reclamó el pago. Tras esta visita llamaron a los distintos miembros de la familia en reiteradas ocasiones bajo amenazas de muerte.
La víctima terminó entregando 13 mil pesos en la casa de la madre de Stoppani y el padre entregó luego entregó otros 26 mil pesos. Este dinero, Fuentes se lo entregó a Gauna, entonces mano derecha de Pandu, refirió la Fiscalía.
Asociación Civil El Ceibo
Leandro Pucheta y Cintia Berón (la única persona que llegó en libertad a la audiencia), son el presidente y tesorera de la Asociación Civil El Ceibo, Manos que trabajan, ubicada en Lozzia y 25 de Mayo, en barrio Molino Blanco de la zona sur. Esta asociación tenía a su cargo la custodia y administración de productos alimenticios no perecederos recibidos en forma gratuita. En ese marco se sospecha que habían sido los destinatarios de las 137 cajas de alimentos del Plan Cuidar entregadas por la Municipalidad de Rosario que fueron secuestradas en el allanamiento a la casa de Cantero y Montero, de bulevar Avellaneda al 4500, en la Vía Honda.
Los fiscales contaron que ambos no cumplieron las obligaciones estatutarias a su cargo, además los libros de la asociación estaban en blanco, nunca se incorporaron las cuotas sociales ni se llevaron adelante las asambleas.
Dijeron que estas personas realizaron actos que demuestran la capacidad de gestión, discrecionalidad e independencia en relación al patrimonio de la persona jurídica.
Para la Fiscalía, a cargo de Valeria Haurigot, Franco Carbone y Gastón Ávila, comercializaban la mercadería o se la entregaban a Cantero y Montero para su venta, consumo o administración indebida.
Los fiscales imputaron a Pucheta y a Verón, por administración fraudulenta y a Cantero y Montero por encubrimiento agravado por ánimo de lucro.
Pucheta declaró y dijo que tienen 10 comedores, agregó que la municipalidad está errada porque le da 137 cajas cuando necesitan 20 latas de puré para dar de comer a 60 familias en un comedor. También señaló que están desabasteciendo a los comedores.
Mientras que Verón indicó que quería aclarar que los libros están en blanco porque hace dos años estaban trabajando con la asociación civil y no encontraron a alguien que les explique cómo hacerlo. Señaló que estaban haciendo el balance del año que le sale entre 18 y 20 mil pesos. Y cada referente retira la mercadería de lugar base que tienen y que salen a buscar donaciones para hacer la comida.
El fiscal pidió una medida cautelar no privativa de la libertad para Verón, lo que fue acordado con la defensa de la mujer que fue madre hace días. Deberá pagar una fianza de 20 mil pesos y presentarse semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial, según ordenó la jueza Valeria Pedrana y le permitió retirase de la audiencia.
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Maltrato animal
El viejo y su pareja además fueron imputados por maltrato a los animales que tenían encerrados en su casa, sin garantizar alimentos, higiene ni asistencia veterinaria. Tenían 5 gallos de riña que eran sometidos a peleas clandestinas. Tenían cortados los espolones y les habían puestos púas.
También tenían 21 caballos, 31 chanchos, dos terneros, cuatro ovejas y 4 chivos. Por su parte, les achacaron la organización de cinchadas y la posesión de aves autóctonas y en jaulas tenían un galgo, un pittbull, un caniche y dos mestizos, relataron.
Intento de homicidio
Otro de los hechos imputados se cometió el 4 de diciembre de 2021 cuando intentaron matar a Agustín Jesús D. en una canchita ubicada en Cerrillos al 3800. Para la Fiscalía, esta tentativa de homicidio se produjo por un precio o promesa remunerada.
La teoría fiscal afirmó que Pandu le encargó a Gauna a cambio de 100 mil pesos matar a la persona que se encontrara en el búnker conocido como el Arco, de Romina Berón, con el fin de intimidar al apodado Marilú y que pague una deuda que tenía con Ariel Cantero y Rosa Montero.
Ese día dos personas en moto llegaron armadas y dispararon contra un grupo que estaba en el lugar. La víctima fue un cliente del búnker, el balazo le impacto en el abdomen y le afectó un riñón.
Al otro día Brenda Barboza, quien –según la fiscalía aportó su domicilio para la logística del hecho– y cumpliendo órdenes de Pandu le pagó 100 mil pesos a Nazareno Gauna, para que le diera 50 mil pesos al tirador, 25 mil pesos al conductor de la moto y el resto para él por gestionar la balacera.
Los tres fueron imputados por tentativa de homicidio agravada por precio o promesa remunerativa.
