Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
El debate público sobre los problemas económicos de la Argentina ya no se da solamente entre el “oficialismo” y la “oposición”. Desde la semana pasada, los rumores sobre una fuerte discusión en el núcleo político del Frente de Todos, se confirmaron las con polémicas declaraciones de la propia vicepresidenta, Cristina Fernández, y la inmediata respuesta de los funcionarios que responden al presidente Alberto Fernández.
La discusión no parece un debate constructivo, puesto que cada parte hace declaraciones afirmando su posición, sin aparente solución de superación. Esto evidencia una peligrosa falta de conducción política para llevar adelante una línea de acción consistente con la necesidad de resolver los problemas actuales de la economía argentina.
Yendo al punto de la discusión, Cristina Fernández critica de plano la pobre o ineficaz intervención estatal en la economía por parte del gobierno que integra. Pero cuando habla del “bimonetarismo” (que para ella es el principal problema que acarrea la economía argentina) tampoco aporta soluciones consistentes. No debería suponerse que una política redistributiva efectiva sea la solución a este añejo problema de la Argentina.
Allí es donde los funcionarios del gobierno (con el ministro Martín Guzmán a la cabeza) responden alzando los hombros, puesto que con el actual problema estructural que padece nuestra economía (estrangulamiento externo) y los condicionantes del acuerdo recientemente firmado con el FMI, resulta imposible expandir el gasto más allá de las metas acordadas. De esta forma, el énfasis redistribucionista se enfrenta nuevamente con la realidad de una economía fallida y un Estado deficitario.
Echando una mirada por el resto de las posiciones sobre la situación de la economía argentina, tampoco se observan posiciones clarificadoras. Las posiciones extremas (liberales-neoliberales o marxista-troskista) siguen poniendo el énfasis en el mal uso de las herramientas e instrumentos con que cuenta cualquier Estado para llevar a cabo sus objetivos de política económica. Pero también allí brilla por su ausencia una propuesta de solución factible y consistente que tenga por objetivo central la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. Porque, claramente, eliminar el Estado y dejar librada al mercado la suerte de una Nación, podrá ser afín a los intereses foráneos, pero nunca a los de nuestro pueblo.
En efecto, y paradójicamente, la discusión sobre las causas primeras de los problemas económicos del país está totalmente ausente del debate público. A modo de ejemplo, es como si el médico se ocupara únicamente de los síntomas, sin ir al fondo del diagnóstico para descubrir cuál es la enfermedad que los genera. Seguramente, un profesional que sólo administra medicamentos para reprimir los síntomas, se quedaría sin paciente, ya sea porque éste busca otro profesional, o porque se termina muriendo…
Tristemente, la dirigencia argentina (en su gran mayoría), no ha sabido, no ha querido, o no ha podido operar sobre los resortes de poder que permitirían dar solución definitiva a la injusticia social que reina en el país. Los problemas estructurales se confunden con medidas redistributivas, y entonces el debate deja de lado las reformas de fondo, y se enfoca en retoques de maquillaje que, aunque pueden “aliviar” el sufrimiento de nuestro pueblo, lo perpetúan en una situación de injusticia, que genera a su vez incertidumbre e inestabilidad política.
Aunque el presidente ahora diga que “es peronista”, y desde el Frente de Todos ninguno se haya animado a afirmar públicamente lo contrario, la visión económica y su abordaje, difieren fuertemente de la propuesta justicialista.
En ejercicio de su primera gestión de gobierno, el presidente Juan Domingo Perón, decía: “La recuperación de los ferrocarriles (logística interna), de la importación y de la exportación (comercio exterior), de los servicios financieros (ahorro nacional) y de los transportes de ultramar (logística internacional) son el problema de la recuperación nacional. Hay muchas otras cosas que podrían recuperarse, pero a mí me interesan estas cinco cosas para que sea posible que los argentinos gobiernen a la Argentina, porque si no las tienen, no la van a gobernar jamás”.
Perón pronunció estas palabras en el año 1951; cinco años después de la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (Iapi) mediante el cual se administró el comercio exterior, en términos del interés nacional; cinco años después de la nacionalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la centralización de los depósitos del sistema financiero, para que el uso y la administración del ahorro nacional (creación secundaria de dinero) siga un criterio afín al desarrollo de una nación industrial; a tres años del bloqueo internacional que ejercía Estados Unidos sobre Argentina, restringiendo el ingreso de divisas provenientes del exterior; en circunstancias de una sequía histórica, que puso en jaque el modelo de desarrollo impulsado, por una inflación creciente y sus consecuentes conflictos salariales. Vale recordar también que Perón lo decía con un frente opositor interno que ya se preparaba para asesinarlo y usurpar violentamente el gobierno, con el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra.
El repaso histórico sirve para identificar que fue en aquel entonces cuando la Argentina llevó adelante las reformas estructurales que le permitieron transformar la base productiva del país y encarar seriamente un modelo de desarrollo industrial sostenible, autónomo y de carácter nacional. Aunque no estuvo exento de problemas y dificultades, logró superarlas por fuera de las normas impuestas por Estados Unidos respecto al sistema monetario internacional (o sea, sin ser miembro del Fondo Monetario Internacional). Y lejos de quedar “fuera del mundo” por no aceptar las normas de Bretton Woods, impulsó una integración profunda (política, económica y cultural) con los países de Suramérica y sostuvo numerosas y fructíferas relaciones comerciales bilaterales, que le permitieron sortear el bloqueo norteamericano.
Más allá de las formas y la coyuntura (que, desde luego, hoy no son las mismas que ayer) una verdadera posición justicialista siempre apuntará al núcleo del problema económico: nuestro posicionamiento en la División Internacional del Trabajo debe dejar de estar subordinado a la explotación de recursos naturales y la producción de materias primas por interés de las potencias dominantes; hay adoptar un modelo industrial basado en el trabajo nacional, a fin de que la generación y distribución de riqueza alcance con justicia social a todos los argentinos por la vía del trabajo digno y formal. De esta forma, la producción de bienes y servicios tiene que estar organizada en términos de la demanda nacional, y si el mercado no lo hace, lo hace de manera ineficiente, o sólo por un ánimo de lucro, el Estado debe desempeñar un rol estratégico en la coordinación, la promoción y la producción necesarias hasta lograr superar esas restricciones y retomar la senda del desarrollo con justicia social.
Modificar la estructura económica del país, organizada en la actualidad por y para intereses ajenos al interés nacional, requiere mucho más que diagnósticos rimbombantes, políticas redistributivas o incentivos a sectores elegidos. Esto se logra con un compromiso político nacional, o sea, con el concurso organizado del pueblo argentino, y con una conducción convencida y comprometida con esa empresa.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
