El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) avaló este miércoles la privatización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina, que se convertirá así en la primera gran empresa estatal en ser vendida por el Gobierno de Jair Bolsonaro.
El aval del órgano que fiscaliza las cuentas del Estado brasileño, por amplia mayoría, permitirá que la venta se concrete entre mediados de junio y mediados de agosto de este año, según el Gobierno.
«Por 7 votos a 1, declaro vencedora la propuesta» del relator, que autoriza la continuidad del proceso de desestatización, afirmó la jueza Ana Arraes, presidenta del TCU, al cabo de una deliberación de más de 4 horas, citada por la agencia de noticias AFP.
Eletrobras es dueña de las principales empresas generadoras de energía hidroeléctrica y posee 40% de las líneas de transmisión.
La privatización, que ya fue aprobada a mediados de 2021 por el Congreso brasileño, se realizará vía capitalización, a través de la emisión de nuevas acciones, con el objetivo de que la participación estatal en el capital de Eletrobras caiga del 72% al 45%, según analistas.
El estado conservará un poder de veto (‘golden share’) en decisiones estratégicas sobre la compañía, responsable de generar un tercio de la energía del país.
La expectativa del Gobierno es de captar hasta 67.000 millones de reales (13.500 millones de dólares al tipo de cambio actual), 25.000 millones de los cuales irían a las arcas del Tesoro, mientras el resto se destinará a programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo, según estimaciones de expertos.
El aval del TCU representa una buena noticia para Bolsonaro, poco más de cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, y a su promesa de achicar el Estado y sanear las cuentas públicas, compromiso con el que llegó al poder y con el que apenas pudo avanzar.
El ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, estimó a inicios de su mandato que serían recaudados 1 billón de reales con la venta de empresas (200.000 millones de dólares al cambio actual).
Pero esta meta está lejos de ser alcanzada sin que se concrete la venta de otras grandes estatales, como los Correos, Dataprev o Serpro (estas dos últimas de tecnología).
A mediados de febrero, el expresidente y líder opositor de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pidió al empresariado que se abstuviera de participar en el proceso de privatización de Eletrobras.
«Espero que los empresarios serios que quieren invertir en el sector eléctrico brasileño no se suban a este mecanismo exótico que los vendepatrias del Gobierno actual están preparando para Eletrobras, una empresa estratégica para Brasil, meses antes de la elección», dijo Lula, quien marcha a la cabeza de los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre de este año, en las que Bolsonaro buscará su reelección.
La privatización de activos públicos es uno de los grandes temas de la precampaña, especialmente en medio de una disparada inflación debido entre otras cosas al alza en el precio de la energía y de los combustibles, lo que llevó a Bolsonaro a decir que no descarta también la privatización de Petrobras, la mayor empresa de América Latina.
El Gobierno de Brasil privatizó durante la gestión Bolsonaro la empresa BR Distribuidora, dueña de todas las estaciones de servicio de Petrobras.
