En Venado Tuerto se está llevando adelante un juicio oral y público por una megaestaga inmobiliaria. El perjuicio alcanzó mil millones de pesos e implicó a 36 propiedades cuyos titulares fueron víctimas de las estafas. Los involucrados son personas conocidas en la localidad, y los engranajes más importantes de la asociación eran profesionales de trayectoria en la zona cuya metodología y ardides quedaron a la vista tras conocerse las escuchas telefónicas del grupo durante el debate. Ahora hay tres acusados en el banquillo, uno de ellos sindicado cabecilla del grupo, el abogado Antonio Di Benedetto, el comerciante Marcelo Sava y el gestor Raúl Jaime. El fiscal Matías Merlo pidió penas de entre 16 y 6 años de cárcel para el trío. EL juicio se encuentra a cargo de los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.
El fiscal contó que la organización operaba de forma permanente y mantenida en el tiempo, estaba perfectamente montada y utilizaba un mismo modus operandi. El objetivo era «era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de los inmuebles pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas, ubicados en el departamento General López y en el sur provincial”.
La investigación se inició debido a las denuncias de las víctimas y tras un entrecruzamiento de datos con el Registro de la Propiedad se resolvió hacer un solo legajo, contó el fiscal. Merlo explicó que “como toda organización delictiva, tenía una estructura para llevar a cabo los ilícitos, con reparto de funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes”.
Utilizaban títulos apócrifos para desapoderar a los titulares registrales de los inmuebles afectados para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros, explicó Merlo.
La organización fue detectada en 2017 y sus miembros imputados en 2018, dieciseis personas quedaron en la mira de los investigadores que detectaron 36 inmuebles vinculados a las estafas inmobiliarias.
Entre los acusados se encuentran el señalado cabecilla Antonio Di Benedetto que junto al gestor Raúl Jaime y otros implicados habían arribado a un acuerdo abreviado el año pasado donde el primero fue condenado como jefe de la organización a 6 años de prisión y el gestor a 5 años de cárcel pero los acusados apelaron el fallo al entender que las penas y el encuadre legal era excesivo.
La respuesta de la Cámara Penal fue demoledora y terminó anulando el acuerdo. De los 16 imputados finalmente 13 acordaron penas mediante juicios abreviados y el trío que quedo afuera de esta metodología está siendo juzgado por un tribunal pluripersonal en Venado Tuerto. El fiscal pidió 16 años de cárcel para Dibenedetto, 12 años de prisión para Jaime y 6 años para el comerciante Salva como jefe y miembros de una asociación ilícita respectivamente, entre otros delitos.
El juicio ya lleva dos semanas y se estuvieron reproduciendo en las audiencias escuchas telefónicas vinculadas a la manera en la que actuaban los integrantes del grupo para lograr los desapoderamientos de propiedades. Merlo busca con ellas mostrar el aceitado mecanismo que manejaban y la existencia de una asociación ilícita. Además trascendió que existen escuchas con otras personas, algunas conocidas en la localidad, que no están imputadas en la causa pero cuyas conversaciones dejan entrever charlas que se alejarían de los canales legales de tramitación de cualquier operación inmobiliaria.
