Un recluso de la Unidad Penal 11 de Piñero y su pareja fueron imputados por un intento de extorsión a una carnicería de zona oeste. Además, la Fiscalía le achacó a la sospechosa pertenecer a una asociación ilícita liderada por Alan Funes. La dupla quedó en prisión preventiva por disposición judicial.
Se trata de Verónica Alejandra S. y Juan Damián «Bebe» G., de 27 años, ambos fueron sindicados por la fiscal Valeria Harigot como los partícipes de un intento de extorsión a un comerciante que tiene un local en el Fonavi de bulevar Seguí al 5800.
Para la teoría fiscal, la mujer dio instrucciones que impartió su pareja desde la cárcel y ayudó a un hombre, quien aún no fue identificado, para que cometa la extorsión, la cual no logró su propósito porque la víctima no accedió a pagar. La ayuda la brindó al trasladar en moto y por orden de Bebe G., a otro hombre que iba a cometer la extorsión hasta Seguí y Roullión.
El sospechoso se bajó y se dirigió a una carnicería, golpeó la ventana y cuando lo atendieron entregó una nota con un número de teléfono donde la víctima debía comunicarse. Luego volvió sobre sus pasos y se subió a la moto conducida por Verónica S. y se fueron del lugar.
El teléfono secuestrado a su hermana, registro de la actividad criminal del convicto Alan Funes
Una de las víctimas se comunicó al número telefónico apuntado en la esquela y, según la Fiscalía, atendió Juan Damián G. que está detenido desde el 23 de marzo en la cárcel de Piñero por integrar las filas de tiratiros del clan Funes. Le dijo que si no entregaba una cierta suma de dinero atentaría contra su vida y por mensaje de Whatsapp le reclamó 200 mil pesos, pero la víctima se negó a pagar. Acto seguido le advirtió que atentarían contra su vida.
Además a la mujer, fiscal la sindicó como integrante de la banda de Alan Funes, donde también había menores involucrados, que funciona desde septiembre del 2021 hasta la actualidad.
En la audiencia de este viernes, la Fiscalía recordó que Funes operaba desde el penal federal de Ezeiza desde donde impartía órdenes para atentar contra diversas personas, determinaba quiénes llevarían a cabo los ataques y brindaba el armamento y vehículos para llevar adelante el hecho. Además autorizaba el pago de los «trabajos realizados y los gastos ocasionados» y controlaba la recaudación de los búnkers.
Hasta el momento se imputaron 23 personas, con Verónica S. como miembros de este grupo delictivo, donde cada uno de ellos cumplía un rol diferente. Este viernes le tocó a esta mujer que por disposición del juez Nicolás Foppiani quedó tras las rejas al igual que su compinche de causa por el plazo de ley. Es decir que podrán estar unos dos años tras las rejas mientras avanza la pesquisa.
