Pasaron siete años del femicidio de Chiara Paez, el crimen movilizó de forma masiva y espontánea a cientos de mujeres y disidencias al grito de Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Después de dos años de pandemia, este viernes mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, identidades no binarias, indígenas, originarias y afro volvieron a las calles para exigir que el Estado que se haga cargo de los femicidios y travesticidios que no paran de cobrarse víctimas en la Argentina. A nivel nacional, entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2022 se registraron 104 femicidios y cuatro transfemicidios/travesticidios. En la provincia de Santa Fe, de acuerdo con los datos del Observatorio de Femicidios de La Corriente, espacio que lidera la concejala Norma López, en lo que va de 2022 hubo 28 femicidios (7 íntimos y 21 en contexto de criminalidad) en todo el territorio provincial.
Minutos después de las 16, unas 14 columnas partieron desde la plaza San Martín (Moreno y Córdoba) para llegar cerca de las 18 al Parque Nacional a la Bandera donde estaba montado el escenario en el que se leyó la proclama acordada por las organizaciones. También hubo intervenciones artísticas y feria de la economía popular.
“Este 3J es un esfuerzo por reafirmar un momento difícil socialmente, con mucha tensión política que se ha sentido y que hace que haya alguna otra convocatoria. Es una gran apuesta, con este frío terrible, para insistir y mostrar que queda mucho por hacer. Reconocemos los avances, pero sigue habiendo fiscales que no investigan y jueces misóginos”, dijo Lucrecia Aranda, desde la Campaña Nacional por el Derecho Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y exigió el cumplimiento de la ley de IVE en todo el país. “Reclamamos el sobreseimiento a Miranda Ruiz, una médica de Tartajal, Salta, procesada hace casi un año por haber hecho un aborto. La caratula de la causa dice aborto no consentido, cuando fue un aborto medicamentoso que se hizo la joven mayor de edad en su casa”, agregó.
Verónica marcha desde 2015. Para ella, el primer Ni Una Menos permitió visibilizar situaciones de micro machismos cotidianos que antes se naturalizaban. “A diferencia de otras fechas de la agenda feminista, el 3J fue una convocatoria espontánea que nació de la bronca y la primera marcha masiva que convocó a personas que no venían militando en espacios políticos o de género. El Ni Una Menos nos hizo tomar conciencia de las violencias a las que estamos expuestas y que ya no toleramos más”, contó.
Camila tiene 34 años y para ella marchar es una denuncia: “Marcho por la muerte de todas nuestras compañeras desde hace tiempo. Antes vivía en Buenos Aires y marchaba allá. Me sigue conmoviendo un montón que tantas mujeres nos unamos para pedir Justicia”.
El foco de la convocatoria de este año estuvo puesto en la Justicia y en la exigencia de una reforma feminista que contemple fallos con perspectiva de género. “Para este 3J, a raíz de la cantidad de femicidios, transfemicidios y travesticidios, decidimos hacer más foco sobre la Justicia. Planteamos la necesidad de visibilizar las dificultades que hoy se nos presentan. Sabemos que es un camino largo y burocrático, y que genera trabas a la hora de denunciar situaciones de violencia, de generar una línea de seguridad, de búsqueda de personas. Hoy el Poder Judicial está en el centro de la escena de la discusión feminista porque practica violencia y busca disciplinarnos con sus negativas a transformarse, a formarse, a generar medidas que tengan perspectiva de género”, señaló Majo Poncino, militante de Movimiento Evita y de Ni Una Menos.
La referente además mencionó que hubo un incremento en la denuncias que se reciben en el Ministerio Público de la Acusación (con 40 denuncias por día) y en el Teléfono Verde de la Municipalidad (más de 2.700 llamados en 2022).
En Rosario, el pedido de Justicia sumó un reclamo por Nora Escobar, la mujer que estuvo desaparecida durante 19 días antes de ser hallada asesinada y enterrada en la vivienda de su pareja, que consiguió fugarse de Rosario pese a las sospechas en su contra y, finalmente, fue detenido en la frontera con Paraguay. “La discusión sobre el abordaje investigativo de los casos de violencia por motivos de género hoy tiene centralidad porque no se activan los sistemas de búsqueda. Los actores judiciales siguen fallando desfavorablemente y sin perspectiva, y le siguen dando la espalda a un movimiento feminista que avanza en la calle, en la conquista de derechos y en la construcción de una agenda que pone en evidencia las violencias y las desigualdades. Ganamos conciencia sobre la sociedad, pero no aún compromiso por parte de la sociedad porque entendemos que todos, todas y todes debemos comprometernos ante una problemática social como es la violencia de género”, agregó Poncino.
Otro de los puntos de la proclama fue la exigencia del cumplimiento de la capacitación de la ley Micaela en todos los ámbitos, en especial, en los medios de comunicación. “El tratamiento de los medios sigue siendo desigual y violento, entendiendo a los medios como formadores de opinión pública, por eso es importante que la ley Micaela también se implemente en los medios de comunicación. Sigue habiendo una penalidad, una condena social al construir la figura de la mala víctima y penalizar a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y responsables de lo que nos pasa. Es un tema central el rol y el poder que tienen los medios de comunicación”, destacó Poncino y remarcó la necesidad de que los medios contribuyan a prevenir la violencia. “Se informa cuando el hecho ya se consumó, pero no estamos generando un mensaje preventivo sobre cómo ir erradicando esas violencias, desigualdades, vulnerabilidades y presiones desde el mensaje y la comunicación porque, en definitiva, también ejercen violencia simbólica de cara a las mujeres”, agregó.
