Marianela Mayer / Télam
Tras 20 años de libertades, las mujeres y niñas afganas enfrentan “problemas mentales y físicos” por la progresiva pérdida de derechos que supuso la instalación el año pasado de un nuevo gobierno talibán en el país, denunció la Organización para Fortalecer el Bienestar de Mujeres y Niños de Afganistán (Awcswo), defensora local de la igualdad de género y las infancias.
“Las mujeres y niñas afganas perdieron con la vuelta de los talibanes todos los derechos ganados durante 20 años y están sufriendo problemas mentales y físicos”, dijo Mariya Ghafoory, responsable del área de Mujeres en la ONG.
“Todos los días se alteran psicológicamente cuando piensan que volvieron al punto de partida”, detalló.
Pese a sus promesas iniciales de respetar los derechos de las mujeres y no volver a la brutal represión de su primer gobierno (1996-2001), los talibanes fueron instaurando poco a poco una serie de restricciones a las libertades femeninas, siendo la más reciente la imposición del velo integral.
A inicios de mayo, el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, decretó que las mujeres debían cubrir por completo su cuerpo y rostro en público y consideró al burka –que solo tiene una mirilla a la altura de los ojos– como la opción más adecuada.
En caso de incumplimiento, la norma sostiene que los “guardianes” varones deberán responder ante las autoridades y podrían incluso ser encarcelados, mientras que las empleadas públicas serán despedidas.
Esta orden desató osadas protestas de mujeres en la capital Kabul, dispersadas inmediatamente por los fundamentalistas islámicos, y la oposición inicial de las presentadoras de televisión, que finalmente tuvieron que acatar la medida.
“El velo integral no es la cultura de Afganistán ni la del Islam”, manifestó, por su parte, Ghafoory.
“Hoy en día, todo lo que usa una mujer es un hiyab (un velo que cubre los cabellos) y, de acuerdo al Islam, no necesitamos ningún otro velo obligatorio. No podemos aceptarlo”, sentenció.
La obligatoriedad del velo integral ratificó la radicalización de los talibanes, que en un principio pretendieron mostrarse moderados ante las ansias de reconocimiento y ayuda internacional.
Pero con el estancamiento de las negociaciones y la comunidad internacional focalizada en la guerra entre Rusia y Ucrania, los extremistas fueron derogando gradualmente los derechos obtenidos por las mujeres durante la ocupación de Estados Unidos y sus aliados (2001-2021), bajo la cual gozaron de oportunidades educativas, laborales y políticas más allá de la inestabilidad reinante.
Durante sus nueve meses en el poder, las 19 millones de afganas se vieron excluidas del empleo –salvo algunos trabajos específicos como sanitarios o de enseñanza– y privadas de la educación secundaria y la práctica deportiva, además de estar segregadas en los espacios públicos y no poder viajar solas. Esas directivas fueron calificadas de “crímenes talibanes contra las mujeres” por la fundadora de Awcswo, Maryam Marof Arwin, quien denunció que las familias con niñas pequeñas huyen de las áreas controladas por los fundamentalistas para protegerlas de matrimonios forzados.
Esta interpretación radical de la ley islámica fue condenada la semana pasada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que manifestó su “profunda preocupación” por la situación de las mujeres afganas.
En una declaración aprobada por unanimidad, sus 15 miembros pidieron a los talibanes revertir “rápidamente” las políticas y prácticas que “restringen los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y niñas afganas”.
También el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Afganistán, Richard Bennett, criticó estas medidas, que a su juicio “describen un modelo de segregación total de género y pretenden hacer a las mujeres invisibles en la sociedad”.
Sin embargo, los talibanes rechazaron estos llamamientos y calificaron de “infundadas” las preocupaciones de la comunidad internacional, a la vez que reafirmaron su “compromiso” de garantizar los derechos de las mujeres.
“Como el pueblo afgano es predominantemente musulmán, el gobierno considera que el respeto (del uso del) velo integral está en consonancia con los valores religiosos y culturales de la sociedad y con las aspiraciones de la mayoría de las afganas”, argumentó la Cancillería afgana en un comunicado.
Estas afirmaciones fueron refutadas por Ghafoory, quien defendió el derecho de las mujeres a elegir qué ponerse y cómo vivir.
“Los talibanes sólo quieren que las mujeres se queden en casa o se casen”. “Deberían priorizar la mejora económica, social y política del pueblo afgano en lugar de estas cosas”, opinó la activista, que vive exiliada con su familia en Pakistán desde la vuelta de los radicales islámicos al poder.
La responsable de Awcswo explicó que el trabajo de esta ONG, cuya misión principal es “lograr la igualdad de género en una sociedad afgana democrática”, es cada día más difícil en el país. Sobre todo para las mujeres, que enfrentan “demasiados problemas” para ejercer su profesión y ven su seguridad amenazada.
“Tenemos miedo no sólo de perder nuestros derechos sino también de vivir. Las afganas creemos que los talibanes no cambiaron y siguen pensando igual que hace 25 años”, lamentó.
Para Ghafoory, si los talibanes no llegaron aún a implementar su interpretación de la ley islámica al extremo de su primer gobierno, cuando no dudaban en humillar y ejecutar a las mujeres por infringirla, es porque la comunidad internacional no los ha reconocido ni aceptado.
Por eso, consideró necesario que los países renueven su interés en Afganistán y pasen a la acción para revertir esta degradación creciente de derechos.
“Después de la guerra en Ucrania, la comunidad internacional de alguna manera se olvidó de Afganistán. Como representante y coordinadora de Awcswo quiero que esta haga algo para proteger a las mujeres afganas y preste mayor atención a sus derechos antes de que haya nuevas prohibiciones”, concluyó.
