El 9 de mayo de 2012 Cuqui Rodríguez se enteraba por el noticiero que el Congreso había aprobado la ley de Identidad de Género. Tenía 16 años, usaba el pelo largo y no sabía qué significaba ser trans, pero tenía en claro qué quería ser de grande: mujer. Tampoco imaginaba que diez años después, el 9 de mayo de 2022, iba a realizarse una cirugía de implantes mamarios para adecuar su cuerpo a la identidad que autopercibe y que figura en su DNI. Victoria “Cuqui” Rodríguez es delegada gremial del Sindicato de Empleados de Comercio y forma parte del 10 por ciento de la población trans que cuenta con un trabajo formal y la posibilidad de tener una obra social que le reconozca el 100% de las cirugías y tratamientos hormonales que establece la ley 26.743. La reciente incorporación de la población travesti trans a empleos formales, gracias a la sanción del cupo laboral, dejó en evidencia la falta de reconocimiento de las intervenciones y tratamientos de parte de obras sociales y prepagas. Hablan de intervención estética (no de adecuación de género) y hasta se niegan a inscribir a personas trans. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud aseguraron que no cuentan con denuncias formales al respecto, pero desde la asociación Contratá Trans reunieron más de 3 mil reclamos. El problema, explican, es la falta de acceso a canales institucionales donde las personas puedan ejercer de forma sencilla y veloz las denuncias.
Salud con perspectiva
Antes de la ley de Identidad de Género, Cuqui tuvo que cambiarse de escuela secundaria porque no aceptaban que usara el pelo largo o fuera maquillada. Era un colegio religioso con uniformes diferenciados por género. Cuqui quería usar el jumper que vestían sus compañeras y llevar el pelo suelto lleno de hebillas. Pero en el colegio la amenazaron con expulsarla si no se lo cortaba.
Recordó charlas sobre el futuro con su mejor amiga, que hoy es otra chica trans, en las que divagaban sobre qué querían ser. “Cuando sea grande quiero ser mujer, desarrollar mi vida siendo mujer”, respondía.
A los 16, sus padres la cambiaron a una escuela pública donde pudo manifestar su expresión de género, aún sin quererlo. “No era consciente de la lucha a nivel nacional. Hace 10 años no había la misma información que hoy. Una vez sancionada la ley se empezó a hablar muy por arriba. Recuerdo el acto de Cristina entregando documentos y otros episodios que hicieron despertar esta conciencia. Gracias a esta ley, después de 10 años, pude articular una intervención quirúrgica para llegar a la imagen de deseo que tengo de mujer”, contó a La Cazadora.
En su artículo 11, la ley 26.743 establece que “todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.
Este 9 de mayo, Cuqui se operó con implantes mamarios. Fue un circuito seguro y rápido que acompañó personal de salud con perspectiva de género. “La obra social me autorizó la intervención en 48 horas. Desde el cirujano hasta la enfermera que me cambiaba el suero tenían perspectiva de género y me hicieron sentir cómoda”, valoró.
Pero la situación no es igual para todas: “Tengo una compañera trans a quien la obra social no le quiere reconocer la cirugía y estamos iniciando acciones judiciales. Desconocían la ley y le negaron la operación por considerarla estética cuando es parte de nuestra identidad”.
Según explicó, desde las organizaciones acompañan el reclamo en obras sociales y, en caso de no encontrar respuestas, inician acciones legales. “En Empleados de Comercio tenemos un cuerpo de abogados a disposición si la prepaga no quiere reconocer la intervención, además del acompañamiento de una secretaria del sindicato”, agregó.
Cuqui valora la lucha de las primeras compañeras trans que militaron para lograr el reconocimiento de sus derechos. “Aprendo de las compañeras más grandes que lucharon cuando no había ley de Identidad de Género. Eran perseguidas y denigradas. Hoy tenemos un piso de derechos pero tenemos que replicarlo donde no llega, mantenerlo y mejorarlo. Es nuestro desafío con las juventudes. Las más grandes nos dieron la voz y hoy nos guían en el camino. Estamos preparadas para ocupar más espacios ya que no hay compañeras que ocupen una banca política. Queremos que haya una identidad trans para que dejen de hablar por nosotras, porque tenemos voz propia”, sintetizó.
Recorrido
Cuqui Rodríguez tiene 26 años, es delegada gremial del Sindicato de Empleados de Comercio y delegada congresal. Militante y activista por derechos del colectivos travestis trans, integra además el Ministerio de Igualdad y Género de Santa Fe.
“Siempre fui impulsora de transformar lo injusto”, aseguró. Su recorrido gremial comenzó a los 19 años, cuando se acercó al sindicato por la discriminación que sufría en el call center donde trabajaba. No había representación gremial y la nombraron delegada de Higiene y Seguridad. Tres años después fue electa delegada gremial. “Gané gracias al voto de mis compañeros. Que hayan elegido a una identidad trans fue un gran gesto”, recordó. Más tarde, fue reelecta con un bloque propio denominado Somos. Este año, se incorporó a la lista Azul como delegada y marcó un precedente histórico. “Que una travita, como me dicen algunas compañeras, sea parte de la conducción de un sindicato, que es un ambiente machista y patriarcal donde el 90 por ciento son hombres, es transformador en positivo. No queremos eliminar nada de lo ya instalado, sólo transformar lo que no tiene perspectiva de diversidad”, señaló y convocó a las compañeras mercantiles a participar de las reuniones que llevan adelante todos los miércoles a las 15 en el Sindicato.
La delegada recordó las miradas de sus compañeros cuando ingresó al gremio en plena transición. “Siempre hubo un sector que me recibió y me dio las herramientas contra otro sector transfóbico”, señaló y mencionó que desde junio comenzaron una capacitación en ley Micaela para afiliados mercantiles.
Trabajo formal y obras sociales
En abril, la asociación Contratá Trans lanzó la campaña “Es salud, es nuestro derecho”, en el marco del Día Mundial de la Salud (7 de abril), para exigir el acceso a los tratamientos y cirugías garantizados en la ley de Identidad de Género. Reunieron más de 3 mil firmas que acercarán a la Superintendencia de Servicios de Salud para que intervenga ante las obras sociales y prepagas que se niegan a cubrir los costos de las intervenciones por considerarlas estéticas. También pedirán sanciones para quienes no cumplan la ley y ofrecerán capacitaciones a empresas y organismos del sector público y privado.
“En Argentina la ley cubre todos los tratamientos de hormonización y las intervenciones. Las obras sociales y prepagas se niegan a cumplir con el 100% de la cobertura o no afilian a personas trans bajo el argumento de una patología preexistente, lo que estigmatiza aún más nuestras identidades. También hubo casos donde, tras enterarse que se trataba de una persona trans, les desafiliaron”, contó Gio Perchivale, de Contratá Trans.
Según explicó Perchivale, muchas personas trans no formalizan las denuncias por la complejidad de los trámites y la dificultad para acceder a un abogado. “Estar en una situación de vulnerabilidad social dificulta sostener un litigio. Queremos que las prepagas y la Superintendencia faciliten el derecho a la denuncia. Muches compañeres no saben que tienen la posibilidad de hacerla”, agregó.
Perchivale contó que otro de los reclamos que reciben con frecuencia es la falta de trato respetuoso en las instituciones de salud. “Según la ley no es necesario que cambies el DNI para que te registren con tu nombre autopercibido pero a muches no les cambian los datos en el sistema. Hay varones trans a quienes les niegan turnos a ginecología o mujeres trans que no pueden ir al proctólogo porque el sistema se los niega porque está hecho de forma binaria. No todes les endocrinilogues saben cómo llevar adelante un tratamiento hormonal y hay pocos profesionales con experiencia en cirugías trans”, explicó.
La falta de cobertura de tratamientos y cirugías comenzó a visibilizarse más desde la implementación del cupo laboral trans y el incentivo a empresas privadas dada la dificultad de acceder a un trabajo formal.
Agustina Vilte es politóloga, asesora en la legislatura nacional y miembro de la comisión de diversidad de la asociación de personal legislativo. El año pasado se hizo un implante mamario y fue la primera mujer trans a quien su obra social le cubrió la cirugía.
“El acceso al empleo formal es algo por lo que se viene luchando desde hace muchos años. El 70% de la población trans nunca fue a una entrevista laboral. Hoy empezamos a acceder a obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo y vacaciones. Las prepagas u obras sociales empiezan a tener este vínculo con las personas trans”, señaló y recordó las premisas de la ley. “Las intervenciones quirúrgicas totales o parciales ayudan a adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida. Se entiende por tratamientos hormonales a los que tienen la finalidad de cambiarte los caracteres secundarios para que la imagen se adecúe al género autopercibido”, agregó.
Según contó, las prepagas se niegan a afiliar a las personas trans porque consideran que les va a demandar mucho dinero. “Tengo compañeras a quienes la obra social nunca les reconoció las hormonas o le reconocen sólo un 40 por ciento del costo de las intervenciones. Las operaciones son clave para lograr el equilibro con lo que te autopercibís y las obras sociales no lo quieren hacer”, señaló.
