Todo el arco opositor salió ayer a defender la aprobación en el Senado del 82 por ciento móvil para las jubilaciones y criticar el veto de la ley por parte de la presidenta Cristina Kirchner. El titular del Senado, Julio Cobos, desempató a favor de la ley y se defendió de la acusación de “okupa” que le endilgó la primera mandataria al asegurar: “Soy el vicepresidente de la Nación, no de Cristina”.
“Mi deber es honrar mis convicciones y respetar el mandato popular, cumpliendo con la tarea que me fue encomendada”, señaló el radical vía Twitter, donde se encargó de responder consultas de sus seguidores sobre su voto en el Senado a favor del proyecto opositor.
El radical rechazó el veto de la jefa del Estado –antes de que lo firmara–, al advertir que con la nueva ley “no se pone en riesgo la economía” y que “cuando hay voluntad política, el dinero está”.
“Lo que no se puede poner en riesgo es el derecho a una vida digna. El dinero está en la Ansés, y si no alcanzara, habrá que reasignar partidas. Hay que trabajar para que sea sustentable. La pregunta es dónde deben destinarse los recursos”, indicó el vicepresidente y precandidato presidencial por el radicalismo para las elecciones de 2011.
“Mi voto fue en ese sentido porque entendía que es el sector que está más postergado. Es justo reconocer que mucho se ha hecho pero no para todos los jubilados. Hoy las personas que cumplen la edad jubilatoria no se quieren retirar”, explicó el vice.
Por otra parte, minimizó las críticas que le formuló el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien lo acusó de “traidor”, las que dijo que no lo “sorprenden” ni “preocupan”, al tiempo que remarcó que está “preparado para soportar cualquier tipo de apreciaciones” sobre su accionar, pero que seguirá “actuando con responsabilidad”.
“Imperativo judicial y moral”
Por su parte, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, defendió a Cobos de las críticas oficiales al considerar que los ataques tienen un “ánimo destituyente”, luego de que la primera mandataria asegurara que el vicepresidente es un “okupa” (ver página 7) al cuestionar su respaldo a la ley de aumento jubilatorio en el Senado.
La diputada del GEN les pidió a la presidenta y al jefe de Gabinete que “prueben vivir con 1.000 pesos mensuales”.
“El 82 por ciento móvil lo votaron diputados, senadores y está en consonancia con los fallos de la Corte Suprema. Es un imperativo judicial y moral”, resaltó Stolbizer en un comunicado.
El senador santafesino y titular del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, aseguró que “fueron 966 marchas, 966 semanas, 241 meses, 20 años que los jubilados se vienen movilizando para que esta ley se trate”.
“Considero que estamos en presencia de la ley más importante de los últimos años en la República Argentina, lo que sí sé es que esta ley tiene un alto impacto social”, manifestó el senador santafesino –autor de uno de los proyectos en la Cámara alta nacional– antes de que Cristina vetara la ley.
Por otra parte, el legislador señaló: “Se dice que no hay plata, que no se puede llevar a la realidad lo que dice el derecho constitucional. Hoy estamos recogiendo lo mejor de la justicia social”.
Giustiniani sostuvo: “Son cinco millones de jubilados con sus familias, son casi 20 millones de personas que están pendientes de esta ley, es una realidad que tenemos que valorarla desde esa perspectiva”, e indicó que el oficialismo practica un “terrorismo verbal”, ya que dice “que no se puede pagar el 82”, pero destaca que “el superávit de la Ansés será de 42 mil millones de pesos, ¿de qué estamos hablando?”
El veto: “Costo político muy alto”
El diputado nacional por Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, criticó el veto del Ejecutivo para no aplicar el 82 por ciento móvil para las jubilaciones y consideró que la presidenta “va a pagar un costo político muy alto” por tomar esa decisión.
“Vetar nada menos que la ley del 82 por ciento móvil, que es la reivindicación por la que por décadas vienen luchando el gran sector de la clase pasiva, significa para la presidenta pagar un costo político muy grande”, se regocijó.
En este marco, el legislador también criticó que es “una verdadera vergüenza que la presidenta considere prioritario pagar a los bancos que nos estafaron y no ajustar el 82 por ciento (del haber jubilatorio) al mínimo salarial”.
El titular de la bancada radical en el Senado, Gerardo Morales, manifestó que aprobar dicha iniciativa está relacionado con “llevar justicia a cuatro millones de jubilados que están por debajo del índice del nivel de pobreza”.
“Oportuno, viable”, y “claramente factible” fueron algunas de las palabras que utilizó el jefe del bloque radical en la Cámara alta, que destacó la importancia de haber aprobado el proyecto que establecía no sólo elevar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, sino también actualizar dichos haberes según los casos Badaro y Sánchez ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, la senadora del Peronismo Federal, Liliana Negre de Alonso, aseguró que “hay dinero para pagar (ese porcentaje), simplemente lo que falta es una decisión política”. A criterio de la legisladora puntana, “quedó demostrado que sobra dinero de la Ansés”.
