Con los argumentos que esgrimió ayer la presidente Cristina de Kirchner, y a coro el resto del oficialismo a lo largo del día, el Poder Ejecutivo formalizó el decreto que veta la ley que proponía equiparar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil.
La decisión 1482, que lleva la firma de la Presidente y fue publicada en el Boletín Oficial, «observa en su totalidad el proyecto de ley 26.649», sancionado en la madrugada de ayer con el voto del vicepresidente Julio Cobos.
Además, se envía nuevamente al Congreso el proyecto aprobado para que, eventualmente, sea sometido a votación para que se rechace el veto. Sin embargo, la oposición requiere para eso tener dos tercios de la Cámara para lograrlo, tarea prácticamente imposible.
Entre las justificaciones del decreto se destaca que el Gobierno asegura que la ley de aumento a las jubilaciones desfinancia al Estado y llevaría a la quiebra al sistema previsional. Además, el Ejecutivo afirma que se caería en futuros incumplimientos.
Además, como era previsible, se destaca que no está previsto en la ley el modo de financiamiento.
Asimismo, el texto se ocupa también de criticar con dureza a la oposición. Al parecer se trata de una maniobra o ardid para obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí algún mezquino rédito político, pues pareciera que sólo se puede avanzar en tal idea descontando que otro, con responsabilidad en el gobierno de la cosa pública pare tanto dislate.
Y continúa: Que si se repara en la crisis por la que transitan en el mundo la totalidad de los sistemas previsionales, si se repara en la propia historia del sistema previsional en la Argentina y se mira el conjunto de logros que esta administración viene obteniendo en tal área desde el año 2003 y a la vez se compara con la historia de muchos de los que contribuyeron a una circunstancial mayoría en esa sanción -con antecedentes de declaración de emergencia previsional y descuento del 13% a los jubilados incluidos- ésa parece ser la conclusión.
Es que cada vez que han tenido la oportunidad de acceder al gobierno quienes hoy quieren mostrarse como adalides del 82% móvil siempre resolvieron el dilema entre la sustentabilidad del sistema y los derechos de los jubilados en contra de estos últimos, agrega.
El texto sigue con el supuesto del ataque permanente a la administración K: Que desde la oposición, buscan impedir que continúe la mejora constante, la recuperación de derechos, la reparación de los daños sufridos, en un marco de racionalidad, sustentabilidad y gradualidad que implica la mejora de todos, especialmente de los que menos tienen en la medida que el crecimiento del país lo hace posible y sobre todo, sustentable.
