La Justicia admitió un amparo para suspender de manera inmediata las obras que desarrolla la empresa Obring SA en los terrenos concesionados en la desembocadura del arroyo Ludueña.
En un primer decreto, el juzgado de distrito 3, a través del juez Ezequiel Zabale, analizará el recurso presentado por la Asociación Civil “Carlos Bocacha Orellano” junto con organizaciones socioambientales de la ciudad -Multisectorial Humedales y Taller Ecologista- la UNR y Conicet.
La presentación adjunta un informe técnico que cuestiona el impacto ambiental de las obras y se enmarca en una serie de pedidos que las organizaciones vienen realizando desde 2020 en relación con la concesión que desde 2011 tiene la empresa sobre el espacio público.
En mayo habían presentado un pedido de informes sobre el impacto ambiental a la Municipalidad de Rosario, al Concejo Deliberante y al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia ya que, según cuestionaron, no aparece en ninguno de los informes presentados por la Municipalidad.
“Pedimos que la Municipalidad intervenga y que mientras tanto suspendan las obras. Desde la empresa y el municipio argumentaron que no es asunto de la Justicia, atacaron la legitimidad de la Asociación, y negaron incumplimiento en los términos de la concesión y el daño ambiental”, señaló el abogado patrocinante, Esteban Ortega, a El Ciudadano.
Y destacó que se trata de un daño socio ambiental: “No hablamos sólo de la poda y el daño a la flora y fauna, sino de la restricción de los colectivos de trabajadores de pesca artesanal que representan la identidad y el entorno. Hablamos de daño socioambiental y de colectivos humanos”.
La concesión a la constructora Obring SA fue otorgada en 2011 por 25 años prorrogables por otros 5 para un predio de unas cinco hectáreas sobre la margen derecha del arroyo Ludueña, en la desembocadura sobre el Paraná. Se anunció como un emprendimiento privado basado en guarderías náuticas que, como contraprestación, sumaría una zona de disfrute público con vistas al río sobre riberas en su mayor parte privatizadas. La infraestructura para los negocios –guardería Puerto Ludueña– se montó rápido, pero la del acceso libre para los rosarinos nunca avanzó.
Desde las organizaciones consideraron el impacto negativo de las obras, que implican “una grave alteración y daño ambiental, definitivo e irreparable, por cuanto a simple vista se advierte la ejecución de obras de modificación de las barrancas, movimientos de suelos, socavación de las paredes de la barranca, construcción de pilotes sobre el lecho del arroyo, dragado, construcción de terraplenes hacia el interior del arroyo y hasta el centro del mismo, obstruyendo el cauce natural de las aguas hacia la desembocadura en el Río Paraná, afectación del paisaje y del lecho del arroyo, acelerando irremediablemente los procesos erosivos y afectando la escorrentía natural de la zona”.
Además sostienen que “todos los daños y consecuencias se suman al incumplimiento de todos los plazos asumidos por la empresa desde que tiene la concesión en 2011, por lo cual es preocupante el silencio del Ministerio provincial y sobre todo del Ejecutivo municipal, ya que es quien debe decidir los destinos de un espacio público fundamental para la ciudad bajo una concesión irregular”.
A principios de 2020, a instancia de propuestas de grupos de pescadores, el Concejo Municipal había aprobado el Decreto 58496 por el que se solicitaba al Ejecutivo que informara el estado de la concesión otorgada a Obring SA en la ladera sur (margen derecha) de la desembocadura del Ludueña. El texto pedía precisiones sobre el cronograma de obras y el valor del canon, entre otros ítems.
La respuesta del Palacio de los Leones consistió en un informe, entregado a fines del mismo año, que admite incumplimientos de la constructora respecto de las obligaciones contraídas en el contrato. Además, reconoce que se habían solicitado sanciones, aunque no se efectivizaron. Y, para más, el canon por usufructuar terrenos públicos para beneficio privado exclusivo, dado que no se ejecutaron las obras para el acceso libre a la ribera, es mínimo: poco más de 180 mil pesos mensuales a cambio de un más que lucrativo negocio de camas náuticas y servicios afines.
“Nos parece fundamental discutir la importancia y destino del espacio público teniendo en cuenta que, en franca oposición al daño causado por las obras, la Asociación Civil Bocacha Orellano cuenta con una propuesta para mejorar la vida de las familias de pescadores y de las isleñas e isleños en general con el Puerto Público de Pescadores, que fue aprobada su factibilidad por unanimidad en el Concejo Deliberante a fines de 2020”, señalaron desde la organización en un comunicado.
La propuesta mencionada apunta a reivindicar a los trabajadores del río promoviendo el blanqueo de una actividad históricamente marginada. También, pretende darle un lugar y trabajo a los artistas, huerteros, productores agroecológicos y artesanos locales. Incluye emprendimientos gastronómicos y venta de pescado directo al consumidor en óptimas condiciones sanitarias y precios sin intermediaciones.
Con ferias y actividades culturales se lanza, además, como un polo de atracción turística para argentinos y visitantes del exterior. A la vez, contempla capacitación para oficios afines con la náutica y un astillero de reparación de embarcaciones plásticas. La iniciativa, con el aval del Concejo, sigue a la espera del visto bueno del Ejecutivo local para entrar de lleno en las precisiones.
“Exigimos el fin de la destrucción, contaminación y la apropiación privada de un bien público, que debe ser de uso colectivo de la ciudadanía y la comunidad de pescadores de Rosario. Salvemos el arroyo Ludueña del desastre ambiental, para nosotros, y para las generaciones futuras”, concluyeron.
Exigen frenar obras en explotación comercial sobre el arroyo Ludueña por grave riesgo ambiental
En el Concejo
La comisión de Ecología y Ambiente recibió este lunes a Edgardo Orellano, de la Asociación Civil Bocacha Orellano, quien había pedido una audiencia ante la “preocupación por las obras que se encuentran ejecutadas, en ejecución y proyectadas en la desembocadura del arroyo Ludueña sobre el río Paraná”. También había notificado “un pedido de informes a la provincia y al Ejecutivo municipal en relación al parque recreativo”.
En la reunión, Orellano mencionó que “la solicitud de información es por el Ludueña, el puerto de pescadores y la empresa contratista”. Mostró fotografías para evidenciar “una bajada pública tapada por la empresa” y enumeró las problemáticas de los isleños: “No tienen movilidad, escuela secundaria ni centro de salud. Nosotros en el puerto de pescadores tenemos pensado hacer cuatro habitaciones con baño, cocina y un espacio de usos múltiples para cuando un isleño tenga que cursar una enfermedad y tratarse en Rosario”.
Al encuentro presidido por María Luz Ferradas, de Ciudad Futura, también asistieron la ex concejala Alejandra Gómez Sáenz y los representantes de la Multisectorial Humedales Sofía Fideleff y Lisandro Citta, quien manifestó la necesidad de frenar la obra.
Gómez Sáenz detalló que “en el Concejo se aprobaron muchas iniciativas como la factibilidad del paseo de los pescadores y el puesto sanitario para los isleños”.
La presidenta de la comisión de Ecología sugirió realizar un proyecto de comisión con un pedido de informes, al que la concejala Martínez sumó la propuesta de agregar “un pedido de inspección”. Monteverde señaló que “se debe volver a discutir la concesión porque además que está incumplida paga 180 mil pesos de canon por mes”.
Por último, Ferradas se comprometió a elevar las demandas desde la comisión que pasarán a cuarto intermedio para continuar con el tratamiento de los expedientes del temario para la sesión de este jueves, antes del receso invernal.
En tanto, quedó pendiente una solicitud de audiencia por parte de la Asociación Civil Orellano en la comisión de Planeamiento ya que su presidente, Fabrizio Fiatti, consideró esperar el tratamiento del tema en el marco de Labor Parlamentaria.
