Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
En 1816 la República Argentina tuvo su Declaración de Independencia política. Pero tuvo que esperar hasta el 9 de julio de 1947 para poder declarar su independencia económica. Ese día, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, patriotas argentinos declararon a la faz de la Tierra: “Romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas nacionales. La Nación alcanza su libertad económica para quedar, en consecuencia, de hecho y de derecho, con el amplio y pleno poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal, en defensa de la solidaridad humana”.
Es importante recordar que esto no fue solo una mera declaración de interés. Para ese entonces, la Argentina había logrado cortar efectivamente los mecanismos que desde 1852 se habían establecido para organizar la economía nacional en término de intereses extranjeros (especialmente británicos). Esto se efectivizó con nacionalización del comercio exterior y del sistema financiero; con la repatriación de la deuda externa; con la nacionalización de los ferrocarriles y los servicios públicos; con la implementación de un programa económico orientado al crecimiento del mercado doméstico; con la transformación de la matriz productiva con énfasis en la industria nacional; con el impulso de la flota naval y la industria pesada para el comercio y autoabastecimiento de materias primas y energía, entre otras medidas revolucionarias.
Este conjunto de reformas le permitió al gobierno argentino encarar con un mayor margen de acción las políticas tendientes a modificar la distribución del ingreso, con impacto directo en las condiciones de vida y bienestar de la población. Se recuerda la incorporación de nuevos y numerosos derechos laborales, muchos de los cuales siguen vigentes hoy en día. Pero se registra mucho más que eso, puesto que la vigencia plena de un modelo económico organizado con prioridad en los deseos y aspiraciones del pueblo argentino, permitió desplegar un sinnúmero de actividades deportivas, culturales, recreativas, políticas, sociales, educativas, entre tantas otras, que satisfacían, además de las necesidades materiales, aspectos espirituales de las personas que participaban de una u otra forma en la realización de los objetivos superiores: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria.
La Argentina tuvo un logro mayúsculo partiendo de la recuperación y organización de su sistema económico. La decisión política fue acompañada con acciones que permitieron cambiar la matriz productiva y recuperar los resortes del poder económico real. Las medidas coyunturales, tendientes a recuperar el poder adquisitivo del salario real y de las condiciones de vida de la población, se complementaban con políticas estructurales que le permitieron superar las restricciones externas, lógicas de una economía tradicionalmente basada en la exportación de materias primas, y coyunturalmente bloqueada por los Estados Unidos.
La planificación a cinco años (planes quinquenales) permitía a los argentinos (y al mundo) conocer con precisión el rumbo de la economía nacional, regional, provincial y local, sabiendo que las políticas de ingresos, fiscales y monetarias, responderían al programa de largo plazo. Incluso cuando la crisis exigió un cambio en las políticas de ingresos y la aplicación de un programa de estabilización (de tipo más bien ortodoxo), la planificación estructural, la meta última y los objetivos superiores del programa económico no se cambiaron, sino que se ajustaron a la situación del momento, sin renunciar a sus fundamentos políticos.
Vale recordar que esto se logró a pesar de que las potencias dominantes del momento bloquearon literalmente su capacidad de comerciar libremente con el mundo, socavando sistemáticamente la estabilidad política e institucional lograda democráticamente y con el apoyo de las amplias mayorías. Hay que decir también que la firme decisión foránea de “voltear el modelo argentino” también encontró apoyo en los sectores oligárquicos locales que no aceptaban la justicia social, ni la reivindicación cultural, ni la aparición de una nueva fuerza política con capacidad de asumir el gobierno del Estado.
Las cifras de los últimos años del segundo gobierno de Juan Perón, interrumpido violenta y dictatorialmente, muestran claramente que el país pudo estabilizar su economía y seguir adelante sin tener que renunciar a su política económica soberana.
Lamentablemente, en la actualidad la situación es totalmente diferente. La Argentina de hoy se encuentra en un estado de sometimiento a intereses ajenos a la Patria tal que, aun con recursos humanos y naturales en creciente cuantía, la pobreza, la marginalidad y ahora también la precariedad laboral afecta a la gran mayoría de los argentinos. La total falta de independencia económica se observa con claridad en que el programa económico argentino, y sus medidas, debe ser aprobado y supervisado por el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que sus objetivos políticos difieren totalmente de los del país. La dependencia financiera pone a su vez en riesgo el funcionamiento de toda la economía nacional, ya que esta depende de la importación de bienes y servicios clave para el desarrollo de la vida.
Es muy importante resaltar que la insolvencia de la economía argentina (externa y fiscal) es el resultado de esta dependencia externa, aunque algunos sigan afirmando, sin fundamento alguno, que es culpa de “70 años de peronismo”. Esta contradicción de intereses genera un nivel de desorden que no sólo afecta a quienes tienen necesidades materiales básicas insatisfechas, sino también a las empresas, los trabajadores formales y a las personas en general, ya que la injusticia social que se vive impide lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, objetivos inseparables e intrínsecos a nuestra existencia como Nación.
El endeudamiento externo abusivo, la extranjerización de las empresas más importantes del país, la concentración económica y de los factores productivos derivada de un esquema rentístico y especulativo, la restricción externa, el déficit de la Cuenta Corriente externa y de las cuentas públicas, son características propias de una económica sometida al dictado de intereses particulares, que sólo pretenden fugar la riqueza generada.
Es lógico pensar que, si la política no encuentra forma real de contener y encauzar las fuerzas de mercado (que no tiene interés de lograr una económica con justicia social), la resultante sea lo que estamos tristemente acostumbrados a ver: tensiones permanentes de precios (inflación), pérdida de salario real y deterioro de las condiciones laborales, dependencia del flujo internacional de capitales, y crisis recurrentes en el desenvolvimiento de la macroeconomía.
Si bien el tiempo puede hacer que cambien las herramientas y los instrumentos, no puede llevarnos a renunciar a ser una Nación económicamente libre, ya que de lo contrario no habrá forma de ser políticamente soberanos y socialmente justos.
Pretender lograr la independencia económica no es un deseo para el mañana, ni un posible eslogan para la campaña de 2023; tampoco una tarea encomendada a la dirigencia de turno. Al ser fundamental el poder político (soberanía política) para enfrentar al poder real y encarar las reformas estructurales de fondo, se trata de una empresa que debe ser asumida hoy mismo por el pueblo argentino organizado libremente en comunidad, conduciendo con propósito claro los diferentes espacios de poder. Esto incluye, obviamente, el gobierno del Estado, que de una vez por todas, debe volver a representar los intereses de la Patria.
Ninguna Nación puede proclamarse políticamente soberana mientras no realice su independencia económica. Ninguna Nación puede resolver su problema económico si no es independiente en su economía. No puede haber una correcta y equitativa distribución del ingreso sin independencia económica. La primera e ineludible condición para la felicidad del pueblo es la independencia económica.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
