Los abogados de la cantante oriunda de Barranquilla llevaban semanas de negociaciones con los representantes del Ministerio Público para arribar a un acuerdo en el que la cantante se declarara culpable de los cargos, pagara una multa y aceptara una condena de prisión en suspenso.
Sin embargo, de acuerdo al reporte del diario El País, los términos finales de la Fiscalía resultaron inaceptables para Shakira, quien confía en poder salir airosa en un juicio.
“La cantante confía plenamente en su inocencia y no acepta una conformidad”, plantea un comunicado emitido por el entorno de la colombiana, en el que también se señala que “jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco”, y acusó a la Fiscalía de “intransigente” y de apelar a “medios indebidos para presionar” a aceptar su propuesta.
La imputación de la Justicia española es que Shakira defraudó en 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 simulando no residir en España y ocultando su renta en un entramado societario en paraísos fiscales.
La artista, por su parte, sostiene que ya no tiene deudas, pues pagó 17,2 millones por lo que debía más los intereses correspondientes, y que confió en quienes la asesoraban hace diez años sobre cómo pagar los impuestos.
Los peritos designados por la defensa de Shakira sostienen que la cantante disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que, hasta 2015, su presencia en España no superó los 183 días anuales que la obligaban a tributar en el país.
Los inspectores de Hacienda, en tanto, confían en haber desbaratado esa tesis tras investigar su vida privada en Barcelona junto al futbolista Gerard Piqué, de quien ahora está separada y en medio de una serie de escándalos que incluyen terceros en discordia y la tenencia de los hijos de ambos.