Un jefe y un subjefe policial condenados y 1.150.547 pesos recuperados son el resultado de las investigaciones que realizó el MPA a raíz de las maniobras defraudatorias con las horas de Orden del Servicio de Policía Extraordinaria (OSPE) y de Servicio de Policía Adicional (SPA) en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I de la policía de la provincia.
La defraudación consistió en la superposición de horas extraordinarias entre sí y de horas extraordinarias y adicionales con la jornada laboral ordinaria. En reiteradas ocasiones, los agentes también realizaron horas extras durante su período de licencia anual, lo que está expresamente prohibido para el personal policial.
El jefe policial es Marco Antonio Nievas, quien tenía a su cargo la Brigada Motorizada, y fue condenado a fines de junio en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. Por su parte, Marcelo José Maldonado, era el subjefe de la Agrupación Cuerpos y fue condenado –también en un procedimiento abreviado– en febrero de 2020.
Nievas (de 42 años) deberá cumplir tres años de prisión de ejecución condicional, tendrá que abonar 90.000 pesos de multa y deberá donar 89.770 pesos a una entidad de bien público y 61.674 a la Brigada Motorizada.
Por su parte, a Maldonado (de 51 años) se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos. También debió pagar 284.466 pesos en concepto de reparación del daño al Ministerio de Seguridad de la provincia, donó 88.000 pesos a instituciones de bien público y abonó 45.000 pesos de multa.
Las investigaciones que permitieron llegar a las condenas fueron realizadas por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
Superposición de horas
Los hechos ilícitos por los que fueron condenados Nievas y Maldonado fueron cometidos entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2015 en el ámbito de la Brigada Motorizada. La Fiscalía explicó que los dos jefes policiales llevaron a cabo su accionar de forma coordinada con Cristian Ariel Zaninetti –quien era escribiente de la Motorizada– y con otros 33 policías subordinados.
La defraudación consistió en la superposición de horas extraordinarias entre sí y de horas extraordinarias y adicionales con la jornada laboral ordinaria. En reiteradas ocasiones, los agentes también realizaron horas extras durante su período de licencia anual, lo que está expresamente prohibido para el personal policial.
“De acuerdo con un plan previo, Nievas, Zaninetti y Maldonado se distribuyeron funciones y emitieron órdenes para que los uniformados a su cargo les entregaran alrededor de la mitad del dinero que percibían de forma ilegal”, se sostuvo en la audiencia.
La Fiscalía también remarcó que “no sólo perjudicaron al Estado Provincial, sino a la sociedad en su conjunto. La inversión realizada por el Ministerio de Seguridad para que haya más patrullaje policial de las calles, se vio paradójicamente absorbida por agentes que, en vez de trabajar más horas, se aprovecharon de esa inyección de dinero”.
Delitos
Nievas, Zaninetti y Maldonado fueron condenados como coautores del delito de defraudación doblemente calificada (por haber sido cometida por funcionarios públicos y en perjuicio de la administración pública). Los tres policías reconocieron su responsabilidad penal por los hechos ilícitos endilgados, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos de los juicios.
Según precisó la Fiscalía, en la investigación se comprobó que los policías generaron un daño total a la administración pública de 360.996 pesos. Además, en el marco del proceso penal, se recuperaron 1.150.547 pesos, a raíz de los intereses aplicados y de las multas y donaciones que debieron pagar los 36 policías investigados.
De ese total, Nievas y Zaninetti abonaron 237.575 pesos; Maldonado pagó –en febrero de 2020– 284.466 pesos, mientras que los restantes 448.686 pesos fueron entregados por los otros 33 policías investigados.
La Fiscalía brindó detalles acerca de los 33 policías investigados cuya situación procesal se resolvió a través de los denominados criterios de oportunidad. “Los testimonios recabados y las intervenciones telefónicas realizadas permitieron corroborar que todos los agentes investigados cumplían órdenes de sus superiores; que se sentían coaccionados y tenían miedo a ser enviados a trabajar a otras ciudades y que, si no hacían lo que los jefes les indicaban, no les asignaban horas OSPE o adicionales”, sostuvo el MPA.
En función de esta situación, la Fiscalía de Delitos Complejos consideró que los 33 policías tuvieron “una responsabilidad menor en los hechos” y añadió que “además, colaboraron con la investigación”. También se tuvo en cuenta que “ todos los policías pagaron con intereses los montos de las horas indebidamente percibidas, donaron dinero a instituciones de bien público y se hicieron cargo de las costas procesales”.
