Una enfermera fue detenida y quedó imputada en la tarde de este sábado por la Justicia de Córdoba por estar supuestamente vinculada con las muertes de al menos cinco bebés que habían nacido sanos en el Hospital Materno Neonatal de la capital provincial entre marzo y junio pasado. La detenida es Brenda Agüero, de 27 años, quien fue capturada en la localidad de Río Ceballos, en las Sierras Chicas, a unos 20 kilómetros de la capital provincial, y será trasladada al penal de Bouwer acusada de “homicidio calificado reiterado”: según fuentes judiciales está acusada de haberles aplicado a los bebés una sustancia que provocó su deceso.
“A la enfermera se la detiene por dos hechos, que son los que al día de la fecha se ha podido avanzar en los estudios complementarios de las autopsias de dos de los niñitos fallecidos”, explicó el fiscal de Instrucción Raúl Garzón, a cargo de la investigación, en una rueda de prensa que tuvo lugar en Tribunales este viernes por la noche.
“Obviamente que es una instancia preliminar, falta complementar sobre los otros hechos”, marcó el funcionario judicial. Y precisó que si bien la investigación inicial se dio sobre cinco bebés muertos, en total son 13 los casos que se investigan, sumando a los fallecidos otros ocho bebés que sufrieron serias consecuencias pero pudieron salvarlos.
“El delito es calificado porque el modo que se le atribuye presumiblemente es a través de la aplicación de una sustancia que les habría dado la muerte, en principio”, dijo Garzón.
La mujer detenida es una de las nueve personas empleadas del Hospital que fueron apartadas de sus cargos cuando se hizo pública la situación la semana pasada, según una disposición del Ministerio de Salud provincial.
Agüero prestaba servicios en el centro de salud desde diciembre de 2020 y no contaba con antecedentes de problemas laborales ni personales.
Sobre la presunta responsabilidad de la enfermera, los investigadores la apuntaron como la autora de un “cuarto pinchazo” que habrían recibido los bebés por fuera de lo que se aplica habitualmente a los recién nacidos. “En el caso de vacunas, se colocan la hepatitis B y la BCG, y en medicación, la vitamina K”, explicó en ese sentido el neonatólogo Héctor Ferreira. La cuarta sustancia aplicada, que es la que se sospecha que provocó las muertes, no estaba determinada.
Además, en la misma causa, el fiscal Garzón imputó a tres ex directivos del Neonatal, una de ellas la ex directora Liliana Asís, quienes se encuentran acusados por responsabilidades mediatas, vinculadas a su función, como la omisión de deberes de funcionario público.
En el marco de la investigación, la Justicia provincia sumó a la Fiscalía a cargo de Garzón a un fiscal ayudante, Horacio Vázquez. Y designó al abogado Eduardo Caeiro como representante legal de los bebés fallecidos y de los que sobrevivieron, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba.
El letrado controlará los actos en la instrucción de la causa y de los jueces de las distintas instancias, y tras ser designado aseguró que “respalda a la investigación”.
Hasta el momento, son cinco los casos de bebés fallecidos que investiga la Justicia, aunque diariamente se siguen sumando testimonios sobre hechos similares o casos en que los bebés lograron sobrevivir luego de padecer descompensaciones por cuadros críticos semejantes, y sin respuestas de los profesionales de la salud.
Fuentes vinculadas a la investigación sostienen que el fiscal Garzón continúa trabajando en la recepción de elementos de pruebas, y a la vez está a la espera de los resultados vinculados a las historias clínicas, los informes de autopsias y los suministros farmacológicos, particularmente sobre la dosificación de potasio.
El fiscal trabaja sobre varias líneas, desde una presunta mala praxis hasta la de “homicidio intencional”.
En el caso, que conmociona a la provincia, personal de neonatolgía del Hospital Materno Neonatal publicó una carta abierta a la población dando un mensaje en relación a la muerte de los bebés, en la que transmite “sentido dolor a cada una de las familias y a la sociedad por las muertes de los recién nacidos y nacidas” y solicita un “proceso judicial trasparente y esclarecedor”.
“Somos profesionales dedicados al cuidado de la salud de las personas, tarea que realizamos con el máximo compromiso y dedicación por la Salud Pública”, dice la carta abierta.
Las y los trabajadores reafirmaron además su compromiso para que “la comunidad pueda transitar una atención e internación desde el cuidado, la confianza, el respeto y la empatía”, y pidieron, ante el impacto público del caso, “realizar una comunicación clara y veraz que no interfiera en el proceso judicial”.
