Rodolfo Pablo Treber / Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
El gobierno del presidente simbólico, Alberto Fernández, y el prime minister, Sergio Massa, anunció, este lunes 22 de agosto la profundización del ajuste en inversiones públicas destinadas a salud, educación, vivienda, transporte y obras.
Mientras el debate de la dirigencia política se encuentra en el plano de lo estrictamente individual, el gobierno avanza en un nuevo ajuste presupuestario que, junto con los altos niveles de inflación, constituyen un brutal golpe al poder adquisitivo del pueblo trabajador.
La decisión administrativa 826/22 disminuye el presupuesto en $210.000 millones correspondientes a Educación ($50.000 millones), Salud ($10.000 millones), Vivienda ($50.000 millones) y Obras de Desarrollo ($100.000 millones).
Este recorte afecta áreas e inversiones drásticas, como por ejemplo: en educación se reducen $15.000 millones asignados al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, $30.000 millones del programa Conectar Igualdad y $5.000 millones para Infraestructura y equipamiento. En materia de vivienda, se ajustan $50.000 destinados al programa Procrear (Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar).
Esta obscena distancia entre el debate de la dirigencia política y la realidad en la que vive el pueblo, agravada por el feroz ajuste en marcha, hace cada vez más evidente la crisis de representación política que estamos atravesando.
En este contexto de desesperanza generalizada, donde las dos sociedades electorales más importantes del país llevan adelante un enfrentamiento superficial mientras que, con sus actos, exhiben una unidad política detrás de un mismo programa económico y productivo, conducido explícitamente por el FMI y el embajador yanqui Marc Stanley, el gran desafío que tenemos como pueblo es volver a reconstruir la alternativa nacional detrás de una agenda patriótica.
Por eso, aunque nos encontremos remando contra la corriente, debemos seguir insistiendo en proponer salidas a esta angustiante situación. Porque solo así, uniéndonos detrás de proyectos concretos de solución, es que lograremos esa comunión y encuentro que tanto nos hace falta para dar vuelta esta injusta realidad social.
En este caso, una agenda concreta para la necesaria reconstrucción de la logística naval como herramienta clave en el ejercicio pleno de la soberanía nacional, es la propuesta de Un Plan Naval Argentino.
Desde hace más de tres décadas, el Estado argentino ha relegado totalmente la administración del comercio exterior al dominio del capital privado y transnacional, que actualmente maneja el 80% del total de nuestras exportaciones agrícolas (principalmente Cargill, Cofco, Archer Daniels Midland, Bunge y Dreyfus). Esta situación anula la soberanía nacional, dado que su administración, además de involucrar diversos factores de gran importancia, define el modelo productivo interno.
Como consecuencia, a partir de la década del 90 y por imposición extranjera, la Argentina se subordinó al papel de productor y exportador de materias primas e importador de productos manufacturados. Esto se reflejó en un crecimiento exponencial en las exportaciones e importaciones (1.000%), con un exagerado saqueo y explotación de nuestras riquezas naturales, mientras que en paralelo aumentaron, de igual manera, el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
La triste realidad económica y social del país requiere cambiar ese escenario de manera rápida, contundente y definitiva.
Necesitamos, de manera urgente, contar con una decidida política de Estado destinada a reconstruir nuestra flota mercante y con capacidad de controlar nuestros recursos marítimos. Porque la única manera de ejercer nuestra soberanía de manera efectiva es con una flota naval propia. El poder logístico del flete es la principal herramienta de control, regulación y ejercicio de las políticas de Estado en el comercio exterior.
En este sentido hay dos aspectos que resultan insoslayables: La recuperación del mercado para buques de bandera nacional y la reconstrucción de nuestra flota mercante, fluvial y de ultramar.
Desde este espacio, todos los años impulsamos la renovación del estado parlamentario en el Congreso nacional, a dos proyectos de ley que tienen como objetivo solucionar este problema: “Transporte por agua con reserva de carga” y “Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (Fodinn)”, cuyos últimos expedientes son el 1488-D-2022 y 1487-D-2022 firmados por la diputada nacional Mónica Macha.
El primero reserva para los armadores nacionales el 50% del mercado de fletes de ultramar que nos corresponde por derecho internacional. La reserva de cargas es el derecho soberano que posee cada país a transportar en buques propios hasta la mitad de lo que entra y sale de sus fronteras. Derecho internacional que los gobiernos nacionales, desde la década del 90 hasta ahora, despreciaron en pos del libre mercado con desastrosos resultados a la vista.
La ausencia total de transporte nacional en el comercio exterior argentino genera una pérdida superior a 7.000 millones de dólares anuales, hecho que a su vez encarece las importaciones y provoca una reducción efectiva en el precio de las exportaciones. De aplicarse la reserva de carga, le corresponde a la Argentina facturar hasta 3.500 millones de dólares de fletes, equilibrando y sanando dicho quebranto.
El segundo, grava con un 2% a los fletes que realizan las multinacionales anualmente, generando un fondo de 350 millones de dólares por año para financiar la reconstrucción de la Marina Mercante, reabrir los astilleros que cerraron en los 90 (Alianza, Príncipe Menghi Penco, Sanym, Mestrina, Astarza, Corrientes, Domeq García), reactivar y poner al máximo de su capacidad instalada al Astillero Río Santiago.
Las empresas navieras privadas nacionales Ciamar, Astramar, Maruba, Del Bene, no hubieran existido sin una reserva de carga que diera trabajo a bodegas argentinas. Sin ella murieron. Análogamente, en la industria naval nunca habrían existido los astilleros privados sin una primera inversión en producción (Astillero Río Santiago) y financiamiento estatal.
Dado que la naval es madre de industrias, el desarrollo de proveedores inherente a los astilleros, beneficia al total de la industria argentina.
No creemos en la asistencia social como solución para la crisis. Con la industrialización de la Patria es posible el pleno empleo. Seguidamente, se da cuenta del mínimo de trabajo que requerirá el Plan Naval Argentino.
Teniendo en cuenta que el trabajo generado por la construcción de buques en los astilleros es aproximadamente un 40% del total de cada barco, que el abastecimiento de equipos e insumos a cargo de sus proveedores ocupan el 60% restante y que cada puesto de trabajo industrial genera no menos de 1,4 puesto más por cada uno en consumo y servicios; podemos calcular el aproximado de empleos que el Plan Naval Argentino puede crear según los requerimientos de cantidad y características que requiere la flota mercante nacional. Y, vale destacar, que los cálculos son permanentes, y a largo plazo, dado que el ciclo de construcción se calcula en 35 años, y recomienza inmediatamente, ya que coincide con la vida útil de cada barco.
Hoy, más que nunca, la salida a los problemas profundos de la Patria radica en volver a encontrarnos, crear comunidad, a partir de las certezas estratégicas que logramos acumular a lo largo de la historia. Debatir y unirnos detrás de proyectos concretos es lo que nos devolverá al camino hacia la grandeza de la Patria y la felicidad de nuestro Pueblo.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
