El Ciudadano
El Gobierno nacional, con el patrocinio letrado del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro, solicitó la excusación del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti en el marco de la causa que se dirime en el máximo tribunal en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes oficiales.
La presentación, en la que además se pide la recusación en caso de no mediar la excusación, se basa en un hecho registrado el pasado 15 de agosto en un hotel porteño, cuando en el marco de un festejo de cumpleaños al que asistieron altas autoridades del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´ Alessandro, y el director general de la Vocalía de Rosatti, Silvio Robles, arribaron juntos y compartieron ese encuentro.
En el marco de la causa en la que debe intervenir Rosatti, la situación descripta, que revela la afinidad entre el ministro de Seguridad porteño y un funcionario de extrema cercanía al ministro de la Corte, “podría afectar el debido proceso, en particular la garantía del juez imparcial”, según reza el escrito presentado por el Estado Nacional ante la CSJN en las últimas horas.
“Se solicita que el doctor Horacio Rosatti, de acuerdo a los máximos estándares internacionales en interpretación de imparcialidad judicial, proceda a excusarse en este expediente como en todo aquel en que su decisión pueda ser mínimamente sospechada”, agrega la solicitud.
Por otra parte, los letrados patrocinantes del Estado indican que la situación deja en claro que Rosatti “se encuentra bajo grave sospecha”, como así también “su imparcialidad como magistrado de esta causa, lo que tiene una obvia y enorme relevancia institucional”.
Subsidiariamente, y en el hipotético caso que Rosatti no se excuse de la causa que tramita la Corte, el Estado Nacional solicitó que la presentación “se considere como planteo formal de recusación” contra el magistrado, por verse afectada “la imparcialidad que debe rodear a los magistrados como intérpretes de la ley”.
Los denunciantes, los abogados Sergio Acevedo y Guillermo Anderson por el Ministerio de Economía, y Horacio Pedro Diez como subprocurador del Tesoro de la Nación, tomaron conocimiento del hecho el 19 del mes pasado, a través de una publicación periodística del diario Página 12.
Entre los fundamentos de la presentación a los que tuvo acceso Télam, consideraron que la noticia “adquiere relevancia por el rol del propio magistrado al momento de la toma de decisiones en esta causa que podrían verse afectadas por la situación detallada”.
“Como consecuencia de ello, es que vemos necesario expedirnos manifestando que dicha circunstancia, de ser real, podría afectar la imparcialidad judicial como garantía básica de nuestro sistema republicano, socavando las instituciones de la Nación y la confianza de los justiciables en la objetividad de los integrantes del Máximo Tribunal”, expresaron.
En ese sentido, se le solicitó a Rosatti “tenga bien a excusarse para entender en esta causa pues tal postura resulta coincidente con los más altos estándares esperables, en todo sistema republicano, respecto de la imparcialidad que debe rodear a los magistrados como intérpretes de la Iey”.
“No debe obviarse el viejo aforismo, según el cual ‘la Justicia no sólo debe realizarse, sino que también debe parecer que se realiza'”, señalaron y manifestaron que “así, se ha señalado que no resulta sólo relevante lo que se haga, sino lo que pueda interpretarse que sucedió; no debiéndose realizar ningún acto que pueda crear la menor sospecha de que existió una interferencia indebida en la aplicación de la justicia”.
Y puntualizan que “no puede obviarse que, en última instancia, los Jueces, y en particular, ese Máximo Tribunal, son los guardianes últimos de la Constitución Nacional y de las garantías de todos los ciudadanos”.
“Así, toda situación que aún remotamente pudiera poner en duda la imparcialidad de un magistrado, obliga a este a apartarse en pos de resguardar no sólo las garantías de los interesados en el pleito traído a conocimiento, sino también por resguardar los estándares institucionales más altos para la Nación”, manifestaron.
En otro párrafo de los fundamentos, señalaron sobre Rosatti que “se encuentra bajo grave sospecha su imparcialidad como magistrado de esta causa, lo que tiene una obvia y enorme relevancia institucional”.
“Por lo tanto, la decisión sobre una cuestión de tal gravedad institucional no puede ser adoptada sino por magistrados respecto de los cuales las partes, y la sociedad toda, tengan una absoluta certeza acerca de su imparcialidad”, indicaron.
Asimismo, remarcaron que “la invocación de tales circunstancias especiales ameritan ser debidamente valoradas, para evitar que la garantía del debido proceso -en la cual la imparcialidad del juzgador es condición necesaria- pueda verse lesionada con el mantenimiento de condiciones adversas para el correcto ejercicio del derecho de defensa y del buen servicio de administración de justicia”.
Rosatti tuvo otra intromisión en el Poder Ejecutivo el martes pasado, cuando al cerrar la edición 2022 de “Diálogos para la Argentina”, que organizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en la Bolsa de Comercio, dijo que “no se puede construir una economía seria sin institucionalidad”, consideró que el modelo económico debe ser “un capitalismo humanizado” y refirió que “quien quiera otro modelo para la República Argentina tendrá que hacer la revolución o tendrá que reformar la Constitución”.
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