El Ciudadano
A cinco años y medio de la tragedia de Monticas, en la que murieron 13 pasajeros y otros 37 sufrieron heridas de diversa gravedad, comenzó este martes la audiencia preliminar al juicio con la presentación del requerimiento acusatorio hacia los 10 imputados por el fatídico choque frontal entre dos colectivos de la misma empresa, ocurrido el 24 de febrero de 2017 en el kilómetro 779 de la Ruta 33, en la localidad de Zavalla.
El juez Pablo Pinto dictó cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando sea el turno de la exposición de las defensas de los imputados. “Pudimos exponer frente al juez y ponerlo en conocimiento sobre las fallas y la precariedad con las que funcionaba la empresa Monticas. En el siniestro, ocasionado por la explosión de una cubierta de uno de los dos micros que colisionaron de frente, hubo 37 heridos de diversa gravedad y fallecieron 13 personas”, apuntó el fiscal Walter Jurado, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación.
La Fiscalía pidió para Alejandro David Luppi, Carlos Enrique Lelli, Pablo César Domínguez y Diego Javier Pérez la pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para el ejercicio del comercio y administración de empresas o sociedades.
Para José Luis Marchese, Chistopher Bermúdez, Gabriel Andrés Verdera, Juan José Del Ré y Alejandro Agustín Pavón, la pena de 5 años de prisión efectiva. Y en relación a Raúl José Rodríguez, solicitaron la pena de 3 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de comercio y administración de sociedades.
“La teoría del caso, que se expuso en audiencia, obedece a la falta de mantenimiento que tenían los colectivos y la falta de control de los neumáticos que se colocaban en las unidades. También se hizo hincapié en la falta de organización de la empresa en cuanto a la prestación del servicio”, manifestó el fiscal Jurado.
Alejandro Luppi, Carlos Lelli, Pablo Domínguez y Pérez ejercían funciones relevantes con poder de mando dentro de la empresa de transporte interurbano de pasajeros Monticas S.A..
Lelli, además de ser socio accionista y director, era también jefe en el Taller. En tanto que Domínguez era gerente del Taller y ejercía diariamente sus funciones de mando y dirección, junto con Diego Pérez que estaba a cargo de la Oficina Técnica, sector que nucleaba la información relativa a todas las unidades que recibían mantenimiento en el galpón de calle Sabin, del mantenimiento preventivo (y de su ausencia) y del mantenimiento de emergencia de los ómnibus.
Luppi era el presidente del directorio y además quién cumplía con el rol de la distribución y administración de los fondos de Monticas, mientras que Marchese y Bermúdez, Verdera, Del Ré y Pavón eran los encargados de taller de Turno.
Pavón era además el jefe de la sección Gomería. Cumplían funciones esenciales para el buen funcionamiento y la seguridad de los micros. Y si bien Raúl Rodríguez no cumplía funciones relevantes dentro del organigrama operativo de la empresa, debió ejercer las facultades que les daba el estatuto y que le confiere la ley de actuar en la administración, celebración de actos y representación de la empresa.
Según la investigación, todos los acusados fueron parte de una organización y cada uno de ellos tuvo en su accionar la relevancia suficiente para ser considerados autores en la producción del resultado dañoso. “Durante la investigación se pudo recolectar infinidad de evidencias. Entre ellas testimoniales del personal de la empresa Monticas que trabajaba en el sector de mantenimiento de los micros”, advirtió el fiscal Jurado.
“También tenemos prueba documental acompañada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Subsecretaría de Transporte de la provincia. Había reclamos administrativos por la deficiencia en el servicio y en los inconvenientes en las unidades. Y también tomamos declaración a usuarios que frecuentaban el servicio de la empresa”, enumeró el funcionario del MPA.
Los 10 directivos de la empresa Monticas fueron imputados por el delito de homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas graves y gravísimas agravadas por la multiplicidad de víctimas.
La ex Monticas pertenecía al Grupo Flecha Bus y hacía servicios de corta, media y larga distancia desde Rosario hacia el resto del sur de Santa Fe y Córdoba. Cubría gran parte de las localidades de las rutas nacionales 33 (llegando dentro de la provincia hasta Rufino), 8 y 9 (la línea que une Roldán, Carcarañá, Cañada de Gómez y Las Parejas).
En junio de 2019 la Justicia rechazó el pedido de constitución de querellante en la causa Monticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad) y la Municipalidad de Casilda con el argumento de que el delito que se investiga afecta bienes individuales y no colectivos. Sólo se admitió el pedido de participación de la familia de una de las víctimas, María Belén Genga, quien sufrió lesiones que la dejaron en estado vegetativo.
Las 13 víctimas fatales
Cintia Albornoz. Tenía 38 años, era rosarina pero vivía desde hacía 16 años en Casilda. Tenía dos hijos.
Natalia Angiorama. Tenía 31 años. Nació en Mar del Plata pero desde muy chica vivió en Casilda. Estudió la carrera Administración de Empresas y se recibió.
Sergio Chena. Tenía 72 años y era de Rosario. Era jubilado y tenía una hija.
Marcelo Machado. Tenía 23 años y vivía con su familia en Fray Luis Beltrán. Trabajaba como obrero de la construcción en Pérez.
Aníbal Pontel. Tenía 58 años y era rosarino. Trabajó como chofer de la línea Metropolitana (propiedad de Monticas) durante siete años.
Joana Fernández. Tenía 20 años y vivía en Zavalla. Tenía dos hijas y era madre soltera.
Gianella Fernández. Tenía 20 años y era de Zavalla. Estaba cursando el primer año del secundario y jugaba al fútbol femenino en un equipo del pueblo.
Juan Burzacca. Tenía 82 años y era oriundo de Zavalla. Trabajó durante más de 30 años en la Facultad de Ciencias Agrarias.
Gabriela Márquez. Tenía 35 años y era de Casilda. Se recibió de profesora de inglés y trabajaba en escuelas de Casilda y alrededores.
Juana Ferreyra. Tenía 69 años y era de Corrientes. La mayor parte de su vida vivió en Zavalla y se dedicó a cuidar a su familia.
Gustavo Souza. Tenía 48 años. Vivía en Zavalla y fue chofer de Monticas durante 14 años. Tuvo tres hijos: un varón y dos nenas.
Jorge Fargioni. Tenía 62 años. Nació en Zavalla. Trabajó 35 años en Gherardi, una fábrica de implementos agrícolas de Casilda y se había jubilado unos meses antes del siniestro.
Jorge Ledesma. Tenía 58 años. Vivía en Zavalla pero hacía un tiempo que se había mudado a Pérez. Trabajaba como no docente en la Facultad de Ciencias Agrarias.
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