Diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio impulsan un proyecto de ley de «Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Racional de los Humedales», que se suma a los ya presentados en ambas cámaras, de cara al plenario que se realizará el jueves en la cámara baja, donde se abrirá el debate de las iniciativas vinculadas a la protección de esos espacios.
El tratamiento de estas iniciativas se dará en el marco de un renovado reclamo de las organizaciones ambientalistas que advierten sobre la necesidad de avanzar con una norma que proteja esos espacios, los más castigados por los recurrentes incendios forestales.
Según se informó en un comunicado de prensa, el proyecto cuenta con el apoyo de más de 50 legisladores nacionales de Juntos por el Cambio y se suma a la iniciativa impulsada por el oficialismo, encabezada entre otros por Leonardo Grosso, presidente de la comisión de Recursos Naturales.
El proyecto es impulsado por los diputados de JXC, Ximena García y Maximiliano Ferraro junto a las senadoras Gladys González y Carolina Losada.
Los fundamentos de la propuesta destacan que los humedales, a través de sus servicios ambientales, «nos abastecen de alimentos, agua y materias primas renovables, nos proveen de hábitats para la diversidad biológica, y mitigan los efectos del cambio climático, entre otros importantes beneficios».
Es así que «permiten minimizar las consecuencias de eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías e incendios y preservar fuentes de trabajo y la calidad de vida en el largo plazo».
Este nuevo texto «es el fruto de varios meses de trabajo colaborativo en un esfuerzo para acercar y armonizar las diferentes miradas y las observaciones que los autores fueron recibiendo de diversos actores, reconociendo la demanda histórica existente de parte de la ciudadanía y de un sector productivo que exige certezas y seguridad jurídica», según el comunicado.
Los ejes de la propuesta se centran en cinco herramientas concretas: una definición técnica con amplio consenso científico, la realización de un Inventario Nacional de Humedales, un ordenamiento territorial de los humedales, un período de aplazamiento de intervenciones y fondos de compensación a titulares de predios y estados provinciales que hacen esfuerzos para conservar sus humedales.
La Ley de Humedales es una de las deudas pendientes que mantiene el Congreso, ya que si bien hay varios proyectos presentados y uno de consenso, que avanzó en comisión y obtuvo dictamen, la iniciativa que busca regular el uso y la conservación de estos espacios naturales no logró ser sancionada.
Entre las causas de la demora figuran la «resistencia» de algunas provincias, el rechazo de varias empresas y la coyuntura parlamentaria vinculada a la paridad de votos entre oficialismo y oposición, indicaron a Télam legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja.
La urgencia por sancionar una Ley de Humedales -reclamada desde hace años por organizaciones defensoras del medio ambiente- quedó en evidencia en los últimos meses a partir de la quema de pastizales en la zona del delta del Paraná, que cubre de humo a Rosario y a otras ciudades santafesinas aledañas, a los que se suma la situación por los incendios en serranías de Traslasierra, en la provincia de Córdoba.
Desde Juntos por el Cambio señalaron que a través del proyecto se buscó realizar «un abordaje responsable de la diversidad de situaciones que existen en torno a los humedales, intentando fijar lineamientos claros para encauzar las tensiones económicas, sociales y ambientales inherentes a la gestión de los territorios y la planificación del desarrollo».
