El Ciudadano
La fiscal de responsabilidad extracontractual N°2, María Laura Martínez, presentó una demanda en lo civil contra 19 propietarios de campos de las islas del río Paraná en donde se registraron incendios en jurisdicción Entre Ríos y que se domicilian en Rosario. Aunque no tenga competencia para hacer demandas por el daño ambiental, la funcionaria aseguró que sí se pueden denunciar por un daño que consideran indirecto: el aire contaminado que respiran los rosarinos y los habitantes de la región.
El listado de rosarinos propietarios de inmuebles en las islas que la fiscal Martínez pretende investigar por los incendios en las islas del Paraná está integrado por Antonio Cayetano Gómez, Ramiro Javier Costa, Juan Leopoldo Zanabria, Sócrates Galindo, Laura Beatriz Becherucci, Luis Carlos Pérez, Jorge Casals, Carlos Alberto Sidoti, Enzo Vignales, Raúl Alvaro Morist y Rachinsky, Amelia Marta Barinotto, Esteban Ricardo Morist, Julián Marcelo Luraschi, José María Vicenti, Graciela Capone, Daniel Corvalán, David Sobrido, Mauricio Sobrido y Federico Fernando Muller.
La fiscal Martínez señaló que la investigación lleva unos años y hay 19 demandados. Y que se basa en reportes científicos de la Universidad Nacional de Rosario. La denuncia fue admitida la semana pasada y, cuando llegue el momento, si hay una sentencia favorable permitirá que se puedan realizar acciones individuales contra cada uno de ellos.
En un principio se había elegido ir contra 14 titulares registrales o empresarios que ya estaban imputados, sin procesamiento, en la causa que lleva el Juzgado Federal 2 con asiento en Paraná, Entre Ríos. Todos ellos, identificados por el contraste de las imágenes satelitales de calor y los catastros. En el asesoramiento legal participó el abogado especialista en Derecho Ambiental Matías De Bueno, quien a la vez dirige el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
De Bueno señaló que la acción se apoyó en lo que se llama intereses individuales comunes. “Hay una acción que daña el ambiente, como por ejemplo el humo producto de la quema de pastizales. Y a través de ese daño no sólo se lesionan los intereses de incidencia colectiva, como la vulneración de derechos compartidos y como al de vivir en un ambiente sano, sino que se genera un daño individual”, manifestó.
Y especificó que “si se contamina el río todos tenemos el derecho a reclamar por eso, pero si alguien bebe de esa agua se produce un daño concreto individual. El daño ambiental que perjudica a todos produce un efecto particular en una persona o grupo de personas”.
La fiscal Martínez explicó en diálogo con LT8 que se buscan determinar si los incendios son intencionales o no. “Lo que pretendemos es una declaración de la existencia de daños en la salud de los habitantes de Rosario proveniente de las quemas”.
Demandaron a propietarios de tierras en Entre Ríos que se incendian desde hace años
“Decimos que los dueños de las tierras que tengan domicilio en Rosario y en cuyo territorio se produzcan quemas están omitiendo una función de cumplimiento de la protección ambiental”, argumentó. Y lo sostuvo a partir de la reforma constitucional de 1994 y después de 2015, “que habla de la función ecosistémica de los bienes privados”.
“Si soy dueño de un terreno en las islas tengo que cuidar que no se produzcan los incendios porque eso daña el ecosistema y porque indirectamente va a dañar la salud de los habitantes de Rosario y de localidades aledañas”, advirtió la fiscal Martínez.
“En 2020 ya había un nivel alarmante de material particulado en el aire”. E indicó que hoy existen “partículas menores que se filtran en la respiración humana y que son perjudiciales”. Por lo tanto entendió se requiere de un abordaje que incluya tanto lo civil como lo penal.
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