La jueza que atendió la denuncia por graves irregularidades en la cárcel de Mujeres dio por acreditadas las falencias planteadas en un habeas corpus colectivo y correctivo en materia de alimentación, salud y problemas edilicios, tras lo cual ordenó al Servicio Penitenciario que normalice la situación en un plazo razonable. La decisión tuvo lugar este jueves luego de dos jornadas consecutivas de audiencias.
La denuncia llegó a la Justicia por medio del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) que presentó un habeas corpus por agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en el penal de mujeres ubicado dentro del Complejo Penitenciario de 27 de febrero al 7800, en barrio Santa Lucía.
Además del relato de las internas, muchas de las cuáles transitan el encierro junto a su hijos de hasta cuatro años de edad, la Defensoría pública realizó una serie de visitas sorpresivas dentro de la cárcel en las que constató distintas falencias que vulneran derechos básicos tanto de las detenidas como de sus hijos menores: niños sin controles pediátricos; mujeres sin atención médica, ginecológica y obstétrica; escasa alimentación y comida en mal estado; falta de camas y colchones por sobrepoblación penal; reiterados cortes de luz y agua y diversas deficiencias estructurales como filtraciones que producen inundaciones dentro de las celdas donde hay internas durmiendo en el piso y por donde pasan cableados de luz precarios.
La audiencia comenzó el miércoles y terminó el jueves con la resolución de la jueza Marcela Canavesio, quien dio por acreditadas las falencias que esgrimió la defensora pública Jorgelina Butto. En su resolución, la magistrada instó al Servicio Penitenciario a que cumpla con una serie de medidas en un plazo “razonable” que no fijó con fecha determinada.
Salud
Durante las dos jornadas de audiencia realizada por videoconferencia, una de las internas contó que si bien una pediatra acude semanalmente a la cárcel de Mujeres, no les permiten que revise a sus hijos porque la visita médica coincide con el día de requisa de celdas y el personal del Servicio Penitenciario queda abocado a esa tarea. Según expresó la mujer, los empleados argumentan que no tienen disponibilidad para realizar el traslado dentro de la misma Unidad Penitenciaria para que la profesional de salud realice ese control básico de sus niños, que viven en las mismas condiciones precarias que sus madres. Las médicas pediatras confirmaron esos dichos en la audiencia.
Al respecto, la jueza Canavesio ordenó al Servicio Penitenciario que “analice conjuntamente con el plantel médico la problemática de superposición de días y horarios de requisas con las atenciones médicas intramuros, estableciéndose un cronograma que permita superar la situación informada por las pediatras”.
Las detenidas tampoco tienen acceso a controles ginecológicos. Al respecto, durante la audiencia se informó que el Servicio Penitenciario se había comprometido en marzo pasado (en el marco de otro habeas corpus por falta de atención médica) a llevar adelante un plan para que las internas tengan al menos un control anual. Pero nunca lo pusieron en práctica aduciendo que la profesional que habían destinado para esos fines “dejó de ir a la Unidad a fines de julio” y no fue reemplazada en su licencia.
La jueza Canavesio dio por acreditada la problemática denunciada por “insuficiencia de controles ginecológicos y obstétricos en la Unidad a partir de la disminución del plantel médico”, que había sido dispuesto por al jueza Luciana Prunotto el 22 de marzo pasado, y ordenó “que se establezca un plan concreto de regularización que permita sostener controles preventivos anuales y la atención que se demande en cada caso”.
La alternativa de que las detenidas puedan ser atendidas en centros de salud fuera del penal no puedo ser planteada en la audiencia dado que está en curso otro habeas corpus en representación de todos los detenidos bajo la órbita del Servicio Penitenciario provincial por incumplimiento de traslados extramuros para diferentes necesidades, entre ellas controles médicos con turnos previos en hospitales públicos.
Al respecto, la jueza Canavesio esgrimió que anoticiada de “nuevos incumplimientos en relación a traslados para la atención de turnos médicos programados por insuficiencia de móviles”, debía ponerse en conocimiento a la jueza Prunotto, quien lleva adelante ese expediente judicial.
Comida
En relación a las denuncias por comida deficiente y en mal estado se expusieron los informes realizados por organismos del Estado que documentan lo que se planteó en el habeas corpus: no se cumplen las cuatro comidas diarias ni les dan refuerzo alimenticio como yerba y azúcar; las raciones son escasas e inadecuadas porque muchas veces llegan en mal estado o sin cocción, hay poca variedad de alimentos (mucho salpicón) y escasa cantidad de carne y pollo para todo el complejo penitenciario. Una de las pediatras mencionó que las raciones para niños son insuficientes porque al ser pequeños se pierde un poco de alimento al momento de su consumo, agregó que es poca carne y que no les dan legumbres. También constató que a veces el agua está cortada en el penal.
La defensora Butto agregó que el tema de la falta de cocción de los alimentos no es menor, explicó que los hornos de la cocina no funcionan porque no hay conexión de gas natural, que las garrafas son insuficientes porque las cargan al 35 por ciento y que las autoridades no permiten que las internas cocinen dentro de los pabellones ya que solo les permiten tener una anafe eléctrica con una hornalla.
La jueza Canavesio diferenció dos instancias. Por un lado, dio por “acreditadas deficiencias en materia higiénico sanitaria en la manipulación y cocción de los alimentos, no encontrándose debidamente garantizada -ni por tanto supervisada- la entrega de las raciones en condiciones de salubridad adecuadas, tanto respecto de las mujeres allí alojadas como de los menores de edad”. Por ello instó al Servicio Penitenciario a regularizar la situación.
Por otra parte, relacionada a la cantidad y variedad de menúes, la magistrada solicitó al Ministerio de Gobierno que evalúe la posibilidad, por intermedio de profesionales pertinentes, de “revisar y adecuar los regímenes alimentarios en función de las particularidades nutricionales que requieren las mujeres y los menores de edad con ellas alojados”.
En ese sentido mencionó las recomendaciones efectuadas durante la audiencia por las médicas pediatras, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) y el Equipo de Monitoreo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, considerando la recomendación ya realizada en marzo por la jueza Prunotto.
Problemas edilicios
Sobre los problemas edilicios y de infraestructura denunciados, la jueza dio por acreditada la insuficiencia de camas en función de la población penal existente, la ausencia de escaleras que impide acceder a las cuchetas y la existencia de filtraciones que provocan inundaciones dentro de las celdas. Ante ello instó a las autoridades a que dispongan de los “recursos necesarios para su regularización, teniendo presente que se mencionan solicitados los fondos correspondientes, a fin de que se confeccione un plan dentro de un plazo razonable para dar respuesta a estas cuestiones”.
La Fiscalía
Durante las audiencias, la posición del Ministerio Público de la Acusación fue rotundamente contraria a la planteada por la Defensoría, al punto que la fiscal de Ejecución Josefina Bertotto consideró que las irregularidades denunciadas no acreditaban un “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”.
Bertotto mencionó la buena voluntad del Servicio Penitenciario en intentar solucionar los “inconvenientes” y discrepó con que sea una obligación “realizar un plan de regularización de atenciones ginecológicas, entendiendo que la discusión versa sobre el modo de realizar dichos controles”.
Al respecto consideró que “no se han constatado lesiones” y que “se trata de garantizar el derecho a la salud y para ello se previó como hacerlo, y por cuestiones ajenas al Servicio Penitenciario, propias de otros profesionales, se buscó proactivamente la atención en hospitales”.
Un planteo similar realizó sobre las deficiencias alimentarias al referir que el Servicio Penitenciario “está avocado a sanear cuestiones que podrían presentarse”. En relación a las deficiencias encontradas por un organismo del Estado mencionó que están previstas mejoras como la capacitación del personal de cocina para que adquieran “destrezas” para esa tarea.
