Catorce directivos de la agroexportadora Vicentin, algunos de los cuales ya no están en funciones, fueron citados a declaración indagatoria a partir del próximo 1° de noviembre por el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, quien investiga presuntas maniobras fraudulentas en reintegro de exportaciones que ocasionaron un perjuicio al Estado por más de 110 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
Los informantes añadieron que los directivos investigados ya habían sido embargados en 2021 por el monto de las presuntas maniobras, $111.637.479, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Resistencia y por la Cámara de Casación Penal.
Ahora los directivos en funciones y ex directivos serán indagados en audiencias que se extenderán hasta el 20 de diciembre, según está previsto.
La causa que tiene Alurralde se inició en agosto de 2020 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La Afip detectó “operaciones con 54 proveedores apócrifos” mediante facturas presuntamente truchas “en las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (crédito fiscal) correspondiente a los períodos 01/2016 al 10/2018”, según el fallo de la Cámara chaqueña que confirmó el embargo dictado por Alurralde.
El perjuicio para el Estado por la devolución de IVA a las exportaciones de Vicentin fue calculado por el organismo recaudador en los $111.637.479, equivalentes al monto establecido por la Justicia para el embargo de bienes.
Entre los citados a indagatoria se encuentran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.
Los mencionados fueron imputados en octubre del año pasado por el fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, por presuntas estafas y defraudación por un monto de u$s500 millones, en el marco del concurso preventivo de la aceitera santafesina.
La denuncia de la Afip, ampliada en abril de 2021, pedía investigar una supuesta maniobra fraudulenta detectada gracias al trabajo conjunto de las distintas áreas especializadas del organismo durante una fiscalización realizada sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 proveedores considerados apócrifos.
La fiscalización de la Afip constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros.
El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería que enunciaban los documentos, señalaron fuentes judiciales.
De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.
Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos, añadieron los voceros.
El organismo de control impositivo nacional había señaladque la firma concursada había hecho un aprovechamiento indebido de reintegros, vía compensación, recuperos o transferencias, del Impuesto al Valor Agregado.
La Fiscalía estima que el aprovechamiento indebido en esos ejercidios es por los siguientes períodos fiscales y montos: período fiscal 2016: $84.672.402,38; 2017: $ 44.466.746,54 y 2018: $11.464.326,29, de acuerdo a la denuncia que presentó el organismo recaudador nacional, con aportes y actualizaciones hechas hasta agosto pasado.
En una segunda ampliación de denuncia –efectuada a partir de los informes realizados por las fiscalizaciones intervinientes– se detectaron nuevas irregularidades en los créditos fiscales computados por Vicentin en las solicitudes de reintegro del IVA por exportaciones, con base en facturas apócrifas emitidas por 4 proveedores por la suma total de $435.158,58.
Un dato curioso que la Fiscalía valoró en su pedido de indagatorias al directorio de la firma es que, en la mayoría de los reintegros denunciados por Afip, ellos fueron realizados por el contador Raúl González Arcelus, quien además revestía en esos mismos períodos el carácter de síndico de Vicentín SAIC, pero también –como surge de los informes del registro Público de Comercio de Reconquista– de una gran cantidad de empresas vinculadas a la firma, y en las cuales los administradores o directores también lo eran en la denunciada. Por ejemplo, se destaca su participación en la firma Nacadie SA, que “es una sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay y cuyo único accionista es una sociedad panameña llamada Swaas Internacional Corporation, inscripta en el Registro Público de la República de Panamá bajo el número 189489”. La Justicia no tiene información acerca de quiénes son sus integrantes. Pero resulta elocuente –sostienen desde la Fiscalía– que su domicilio en Argentina sea también calle 14 número 495 de Avellaneda. La actividad principal de Nacadié, según sus propios dichos contenidos en nota a sus estados contables, es «realizar operaciones off shore sobre agrocomodities».
Fuente: zonacriticaonline.com
