Por Periódico Pausa
Un juez de la Corte Suprema de la Nación cobra $1.113.321 sólo de salario básico. Las corporaciones judiciales ya anunciaron que defenderán a toda costa su privilegio de no pagar impuesto a las ganancias, en contra del dictamen de mayoría del presupuesto 2023.
La Asociación de Magistrados, el sindicato de empleados de la Justicia –que va al paro– y, por detrás, la Corte Suprema de la Nación ya se pararon de manos ante el proyecto de presupuesto 2022, que prevé que de una vez por todas pierdan el privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias. El Poder Judicial detenta esta exclusividad por obra y gracia de una acordada de 1996 –una resolución administrativa de la Corte menemista– que todavía se mantiene vigente. En 2016, Ricardo Lorenzetti había avalado el pago de ganancias y, antes de asumir, los cortesanos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz también se habían mostrado a favor de equipararse ante la ley con el resto de los mortales que hoy ganan más de 330 mil pesos y pagan ganancias. Ahora parece que no tanto.
Qué representa el privilegio
Para el Estado, sostener el privilegio del Poder Judicial significa ver una merma en la recaudación de 237 mil millones de pesos. El Aporte Solidario Extraordinario, que tanto debate llevó durante la pandemia, recaudó exactamente la misma cifra. Con ese dinero se está pagando hoy el Gasoducto Néstor Kirchner. El privilegio de la Justicia se come un impuesto a las grandes fortunas por año.
El monto equivale al 25% el presupuesto total destinado a salud o al 50% de la inversión en programas de ciencia y tecnología. El ingreso para jóvenes que quieren terminar de estudiar podría multiplicarse por tres: todo el programa Progresar representaría 138.240 millones de pesos en 2023.
Los bolcheviques de la toga
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional publicaron una carta en la que se mostraron «preocupado/as» por quedar a la par del resto de los trabajadores del país. Reclamaron participar del debate legislativo del presupuesto y anunciaron reuniones con la Corte Suprema. La carta la firma el camarista Mariano Llorens, arquero de uno de los combinados de la liga macrista de Los Abrojos.
También publicaron otra carta en la que denuncian «avasallamiento» sobre el Poder Judicial y en la que se visten de héroes de la clase trabajadora al utilizar el slogan «el salario no es ganancia ni un privilegio», un enunciado que se puede desarmar muy fácilmente en el caso del funcionariado público que puede marcarse su propia pauta de aumentos, sobre todo si apenas 10 de las 35 categorías de la Justicia Federal tienen salarios básicos –sin antigüedad, para empezar– por debajo de los 350 mil pesos.
Por su parte, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, liderada por Julio Piumato, ya anunció un paro para el martes 25, con movilización a los Tribunales de Buenos Aires.
Cuánto ganan
A septiembre de 2022, el sueldo básico de un cortesano es de $1.113.321,88. Básico quiere decir que no se contempla antigüedad ni ningún otro tipo de derecho salarial extra. El promedio salarial tomando las 35 categorías del Poder Judicial de la Nación es de $420.153.
El sueldo básico más bajo es el de Auxiliar, por poco más de 182 mil pesos al mes. Por lejos, ya pertenece al decil de más ingresos en el país, según marca el Indec. A partir de Jefe de Despacho y Supervisor, los salarios básicos son superiores a los 350 mil pesos.
En la actualidad, solo pagan Ganancias quienes ingresaron al Poder Judicial o al Ministerio Público a partir de 2017.
Trampa menemista
La Corte menemista firmó en abril de 1996 una acordada –resolución administrativa interna– en la que decidió que todo integrante del Poder Judicial tiene el privilegio de no pagar Ganancias. Invocaron el artículo 110 de la Constitución, que reza:
Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.
La Constitución puede leerse de atrás para adelante o de adelante para atrás. El artículo 110 resguarda a los jueces de cualquier arbitrariedad sobre sus ingresos a modo de castigo pero, de ningún modo, genera un privilegio o un derecho distinto al de cualquier asalariado (a quien tampoco se le puede disminuir el ingreso arbitrariamente). Es decir, les cabe el artículo 16, como a cualquier argentino. El resaltado es nuestro:
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
Horacio Rosatti,en 2006, como conjuez de la corte, votó en contra de un juez de San Juan que se negaba a pagar ganancias. Para ese Rosatti, “Es posible, necesario e imprescindible que los jueces estén bien retribuidos y que, simultáneamente, paguen el impuesto a las ganancias, haciendo clara la diferencia entre sufrir un detrimento discriminatorio y pagar un tributo general”, según se expresó en su discrepancia; el fallo final le dio la razón al sanjuanino.
Por su parte, ante el Senado y en la audiencia pública previa a la ratificación de su designación por decreto simple en 2016, Carlos Rosenkrantz dijo que «no hay ninguna razón para que los jueces ni ningún otro ciudadano se exceptúe de proveer lo necesario para que el Estado pueda funcionar». «Yo estoy dispuesto a pagar impuestos y voy a militar para que el poder judicial pague impuestos», afirmó y consideró que se trata de «un tema sistémico que hay que resolver de modo sistémico».
El rafaelino Ricardo Lorezentti, tras una visita al Papa Francisco, ya había dicho en 2016 que «Estamos todos a favor en la Corte» con el tema de pagar el impuesto a las ganancias.
Según reportan diferentes medios de la corporación judicial, la Corte Suprema tiene previsto elaborar un documento antes de que se trate el dictamen de mayoría del presupuesto 2022.
