El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, anunció una investigación para saber «si las medidas tomadas son adecuadas» en el caso de los 77 galgos rescatados antes de que se desarrollara una carrera clandestina en Santo Tomé, animales que finalmente fueron restituidos por decisión judicial a sus dueños, quienes se habrían comprometido a no volver a realizar competencias con los perros. Asociaciones protectoras de animales se manifestaron para repudiar la medida.
«Ante el reclamo público, desde Fiscalía General abrimos una investigación», indicó Baclini, en medio de las posturas enfrentadas por el destino de los galgos.
Según sostuvo, la investigación evaluará «si las medidas tomadas son adecuadas y conformes a derecho y a los estándares del Ministerio Público».
Galgos Libres Rosario volvió a repudiar la resolución del fiscal Omar De Pedro de restituir los perros «a los galgueros, sus maltratadores», e iniciaron un petitorio en la plataforma Change.org para juntar 75 mil firmas en favor del apartamiento del fiscal de las causas animales.
Personal de la Brigada Ecológica, Policía Ecológica, Policía de Acción Táctica e Infantería, y la Dirección de Seguridad Ciudadana de Santo Tomé, rescató el pasado domingo 2 los 77 galgos cuando estaba por correrse una carrera ilegal en Santo Tomé, y demoraron a más de 150 personas de varias provincias. La fiscal Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), inició una causa por infracción a la ley 27.330, de 2016, que prohíbe la realización de carreras de perros. La norma establece una pena de tres a cuatro años de prisión a todo aquel que «organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza».
Dos días después ya había treinta familias interesadas en adoptar los galgos rescatados, aunque el jefe de la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria de Santa Fe, Daniel Ojeda Medina, remarcó entonces: “No se los dará por el momento en adopción porque hay una causa judicial abierta».
Pero el fiscal De Pedro resolvió restituir los perros a sus dueños argumentando que hubo irregularidades en el procedimiento de recuperación de los animales. También cuestionó a la organización Galgos Libres Rosario por el mal estado físico en que se encontraban los galgos.
«Me llegaron testimonios e imágenes que me decían que algunos perros habían adelgazado a razón de un kilo por día y otros estaban heridos. Me empecé a comunicar con veterinarios y asociaciones especialistas en galgos para asesorarme», indicó el fiscal, para añadir que a pesar de ser «partidario de no devolver los animales» en este caso se permitía «una excepción: o los rescatábamos de los rescatistas o corrían riesgo de vida».
Dijo que 42 dueños de perros se sometieron a un procedimiento abreviado en el que se les impuso un año de pena en suspenso, una multa de 30 mil pesos y un control estatal por dos años.
Mientras tanto, las protectoras de animales se manifestaron públicamente repudiando la decisión del fiscal. Galgos Libres Rosario publicó un comunicado en el que califica a los dueños de «galgueros maltratadores delincuentes» y da cuenta de la «llamativa rapidez» con la que se resolvió la causa.
