El Ministerio Público de la Acusación realizará la audiencia imputativa en el marco de la causa de supuesto espionaje ilegal en la que están acusados Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe y 7 de los funcionarios que integraban su gabinete. La fecha anunciada es el 29 de noviembre.
La Fiscalía de Santa Fe avanzó en una investigación a parir de carpetas y distinto tipo de archivos con información recopilada de manera indebida en el ámbito del Ministerio, sobre dirigentes políticos, gremiales, empresarios y periodistas. Esta información fue obtenida como consecuencia de distintos allanamiento que realizaron los investigadores en las oficinas del Ministerio de Seguridad de Rosario y de Santa Fe.
A fines de noviembre del año pasado se realizaron los allanamientos. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el 26 de noviembre los operativos, de los que poco se supo en un comienzo, aunque casi un año después la información fue brindada a los querellantes de la causa, quienes se presentaron en la misma luego de que trascendiera que eran investigados. Tres días después se realizó otro operativo en una de las oficinas del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Santa Fe. Según detallaron los medios de esa ciudad, se trata de la oficina que se encontraba a cargo de Maximiliano Novas, uno de los funcionarios a quien se le secuestró el teléfono celular y que también fue citado a la audiencia imputativa.
Quien salió a aclarar un poco la investigación después de los allanamientos fue el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini. “Tenemos una investigación en curso, con una evolución bastante consolidada, que llevó a realizar los procedimientos”. “Los fiscales fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación. Naturalmente que eso amerita la presencia inmediata. Se obtuvo mucha información y se obtuvo documentación que estaba siendo destruida”. Y dijo que los fiscales recibieron la información sobre la destrucción de documentos y se constituyeron en el Ministerio de Seguridad a los fines de cautelar la evidencia que podría ser importante para las investigaciones. “Nuestra idea es que no existan privilegios, que cualquier tipo de investigación maneje nuestro aval y los fiscales cumplieron con lo que la ley y la Constitución establece. En eso nosotros le damos todo nuestro respaldo”, subrayó.
Los operativos realizados el viernes fueron posteriores a que todo el equipo que había acompañado a Marcelo Sain en su gestión anunciara su alejamiento. Y durante esos procedimientos trascendió que había material destruido utilizando la tradicional máquina que tritura papeles y que, incluso, algunos fueron quemados. De todos modos, aseguran, encontraron material de utilidad para la causa. También se llevaron teléfonos de los funcionarios.
Los fiscales se tomaron casi un año para analizar la prueba y volcarla en lo que será la acusación formal. En las últimas semanas trascendieron registros de audio que estaban en teléfonos celulares de ex funcionarios que fueron secuestrados en aquella operación, en los cuales Sain mencionaba a distintas personalidades e incluso actuales funcionarios de gobierno.
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