La investigación por el crimen del empresario Hugo Oldani dejó en el ojo de la tormenta a la fiscal del caso Cristina Ferraro por la desaparición de evidencia del caso. La funcionaria se encuentra procesada en el fuero federal por este hecho. Ahora la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe planteará suspender a la funcionaria del MPA por cinco meses.
El crimen de Hugo Oldani ocurrió en 11 de febrero del 2020 en la oficina donde funcionaba una agencia de turismo de su propiedad ubicada en una galería de La Rioja al 2400, entre 25 de Mayo y Rivadavia, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe.
Según la reconstrucción un joven y una mujer, haciéndose pasar por clientes entraron a la agencia. Una vez adentro amedrentaron a quienes estaban en el lugar para que entregaran sus pertenencias. Hugo Oldani apareció e intentó evitar el robo y le dispararon en el pecho. Afuera había otras personas que hacía las veces de campana y los tres escaparon en un Toyota Corola. Con el correr de la investigación todos fueron detenidos, a lo que se sumó un hombre sindicado como el datero.
Esa noche, tras el crimen, funcionarios policiales y familiares estando la fiscal en el lugar entraron a la oficina de la firma y se llevaron 3,05 millones de pesos y 1,1 millón de dólares cuya existencia quedó fotografiada. Por este hecho, diez personas fueron procesadas en la justicia federal entre ellos la hija de la víctima. Además la fiscal enfrenta una causa penal federal en donde fue procesada tras una denuncia del ex ministro de seguridad Marcelo Sain.
La denuncia de Sain refirió que había “elementos serios y verosímiles para inferir que en el lugar podría haber funcionado una de las denominadas «cuevas financieras», sin autorización del Banco Central y Afip para realizar operaciones de cambio y préstamo de dinero”.
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En agosto de 2020 el fiscal federal Walter Rodríguez pidió “la formación de una causa por separado a fin de investigar el delito de encubrimiento en que pudo haber incurrido la fiscal del MPA, en la modalidad de hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del ilícito agravado por tratarse de una figura especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública”.
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Además a Ferraro se le abrió una investigación administrativa y la Legislatura la citó para que diera explicaciones e intervino la comisión de acuerdos que discutió una posible propuesta de sanción. Hubo dos propuestas, una refirió a una suspensión de tres meses, otra de seis meses y el presidente, Joaquín Gramajo fue salomónico y propuso cinco meses. Finalmente los legisladores que componen el acuerdo propondrán a sus pares la imposición de cinco meses de suspensión.
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