Este martes 1 de noviembre la Asociación de Fiscales de Santa Fe y la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación (MPA) emitió un comunicado de forma conjunta en el que repudian los escraches dirigidos contra las fiscales Alejandra del Río y Celeste Minitti y el fiscal Matías Broggi, que integran la unidad que investiga delitos relacionados a la violencia de género y agresiones sexuales, es decir la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional Santa Fe, o sea la primera circunscripción.
Se refieren a la publicación en redes sociales de fotos de estos tres funcionarios de la capital provincial donde se cuestiona su trabajo. Los instigadores de estas acciones son familiares de personas condenadas por este tipo de delitos y que insisten en su inocencia. Se presentan como «familiares de víctimas de denuncias falsas”.
En su comunicado los fiscales plantean que la labor de del Río, Minitti y Broggi se destaca por “el estricto cumplimiento del deber de debida diligencia reforzada”. Afirman que “han cumplido un rol relevante en la promoción de la acción pública de forma eficaz y han logrado modificar patrones culturales que se constituían en un gran obstáculo para el acceso a la justicia de mujeres, niños y niñas, en particular, y de víctimas de violencia sexual en general”.
Además, subrayan que las decisiones que toman los fiscales son siempre sometidas a controles: de los imputados y su defensa técnica, de jueces, de las víctimas, de fiscalías regionales y de la propia comunidad. “Los jueces han acogido favorablemente sus peticiones conforme a la actividad probatoria desarrollada, bajo control de la contraparte”, marcan.
Algo que el comunicado deja en claro es que la aplicación de la perspectiva de género en la Justicia “una obligación constitucional”, que el escrache con fotografías es un método violento y que “solo buscan entorpecer la prosecución de causas sensibles y que han sido ignoradas históricamente por el sistema penal”.
Sobre esto último también se refirió la fiscal de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario Luciana Vallarella. En diálogo con El Ciudadano dijo: “El sistema penal históricamente ha desatendido estos casos de violencia y abuso. Cambiar el sistema acusatorio implicó un avance en ese sentido. Se pudieron lograr sanciones de otro tipo. Uno puede disentir pero este tipo de acciones son para amedrentar a los fiscales y volver al estado anterior de la Justicia, cuando no se atendían estos casos”.
Para la funcionaria el objetivo es atemorizar, recordó que en los casos de delitos sexuales a las víctimas les cuesta mucho poder denunciar. Estas agresiones “obstaculizan y entorpecen el trabajo”.
Vallarella también destacó que el trabajo que hacen es público y que es muy difícil condenar a alguien solo por la denuncia de una persona, hay una serie de pasos y de controles como indica el propio comunicado.
Por otro lado, la fiscal aclaró que en Rosario no existen grupos de este tipo, que protegen a hombres denunciados. En Santa Fe, de hecho, vienen haciendo acciones de escraches públicos a estos mismos funcionarios. Como en diciembre de 2020 cuando un grupo de familiares de condenados por delitos contra la integridad sexual se manifestaron en la plaza de Mayo de la capital provincial para increpar e insultar a Minitti cuando quiso ingresar a los Tribunales Provinciales.
Ecos en la política
Alguien que se había manifestado públicamente sobre el tema fue la diputada provincial Betina Florito de Encuentro Republicano Federal (ERF), ex compañera de banca de Amalia Granata. La legisladora conocida por su posición “celeste”, es decir en contra de la legalización del aborto y el dictado de eduación sexual en las escuelas, hace unos días dijo: “Observamos muchas quejas de ciudadanos por falsas denuncias o personas que son llevadas presas por la mera denuncia que hace otra por un hecho que aún no está probado. También recibimos quejas en forma personal y por redes sobre el accionar de los fiscales de esta sección”.
«Hemos tomado nota de algunas denuncias presentadas por supuestas irregularidades durante el desarrollo de los procesos judiciales, como la desaparición de elementos probatorios que favorecerían a los imputados», afirmó. Deslizó también que los elegidos en esos cargos para investigar no están ahí por sus méritos “sino que generalmente la política juega su partido”.
La legisladora que hoy responde al partido del ex PJ Miguel Pichetto aseguró que tiene muchas preguntas acerca de cómo se realizan los concursos y desplegó todo un manto de dudas sobre el trabajo de fiscales que hace años vienen logrando enormes avances para condenar femicidios y delitos sexuales.
