Tras dos días, terminó este viernes la audiencia donde el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno imputó al financista Luis Herrera, a sus hijos Ignacio y Diego y a su esposa Marcela Fernández por estafar a un importante número de inversores a los que les prometían suculentos dividendos en dólares. Luis Herrera fue en dos oportunidades fue presidente de Rofex (mercado de futuros de commodities, monedas y activos financieros más importante de la Argentina), participó de la Bolsa de Comercio de Rosario y presidió la agencia de bolsa de su suegro Paulino Fernández Soljan. Se estima que operaban de esta manera desde el 2000 hasta la actualidad, tiempo en el que cometieron administración fraudulenta con el dinero de los ahorristas y en 2017 mutaron a una estafa piramidal que cometió unas 87 defraudaciones por una suma cercana a los 6 millones de dólares. Además les achacó el delito de asociación ilícita y lavado de activos. La Fiscalía pidió la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el financista y sus hijos aunque este viernes el cuarteto familiar se fue a su casa tras pagar una fianza de 3 millones de dólares por resolución de la jueza Paula Álvarez.
Para el fiscal, los integrantes de la familia Herrera se valieron de su nombre, prestigio, imagen y confianza que generaban para cometer defraudaciones. «Aprovecharon la reputación de sus socios en el mercado de la bolsa e hicieron maniobras vinculadas a la captación y recepción irregular de fondos de propiedad de terceros valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores», describió Moreno.
Convencían a las víctimas y les hacían creer que harían inversiones como si fuera en un fondo común de inversión de renta fija, pero lo que hacían era recibir dólares o euros en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria, las normas relativas al funcionamiento de las entidades financieras y su supervisión y las normas emitidas por la Comisión Nacional de Valores como ente de control de mercado de capitales, siguió en su acusación que comenzó este jueves a las 9.
Este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran dispuestos a operaciones financieras irregulares no especificadas como por ejemplo préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas, o se los apropiaron en beneficio propio de los directivos, según describieron en la acusación.
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El fiscal explicó que las maniobras irregulares mutaron a una estafa propiamente dicha a partir de 2017 cuando los fondos fueron desviados dando origen a un sistema de estafa piramidal. Este sistema en el que una persona -física o jurídica- ofrece una alta rentabilidad a los inversores, en este caso era de hasta 12 por ciento anual.
«En razón de esa oferta, consigue fácilmente convencer a la clientela para que se le preste o entregue capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La dinámica continua hasta que deja de entrar dinero, allí el entramado se desmorona y las víctimas se quedan sin el dinero invertido. Estiman que fueron 87 las defraudaciones y se está trabajando en otras denuncias similares que no llegaron a ser imputadas», dijo el fiscal.
Con esta metodología lograron disposiciones patrimoniales de las víctimas que fueron aplicadas a este sistema piramidal de estafa ocasionando un perjuicio patrimonial de aproximadamente 5.660.100 dólares y 34.400 euros.
También lo acusó, junto a sus hijos y su esposa de sustraer la totalidad de los fondos líquidos correspondientes a las cuentas comitentes de dos víctimas: una por 18.200 dólares, y de otra por 10.969,70 pesos.
Pero esa buena reputación que utilizaban para cometer las maniobras comenzó a caer a partir de 2021 entonces los inversores comenzaron a requerir la devolución de los fondos pero desde la firma solo hubo excusas. Las irregularidades que empezaron a surgir derivaron en la intervención de la firma y luego la suspensión por parte de la Comisión Nacional de Valores y un intento de concursarse en la Justicia Civil y Comercial, el cual fue desestimado en octubre del año pasado.
Prisión preventiva
La Fiscalía y las querellas, en representación de unos 60 ahorristas, pidieron la prisión preventiva por el plazo de ley pero la jueza Paula Álvarez, tras la maratónica audiencia resolvió dejarlos en libertad al entender que no se daban los criterios de peligrosidad procesal.
Fijó una caución de 3 millones de dólares y dispuso una medida cautelar sobre bienes de propiedad de la familia a los fines de resguardar el derecho de decomiso que tiene el Estado en el caso de una sentencia condenatoria, contó el fiscal.
Moreno prefirió no abrir juicios de valor respecto al monto de la fianza más allá del desacuerdo con la resolución. Dijo que respeta la decisión, a la magistrada pero que no se ajusta a la realidad del caso.
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Además los cuatro deberán respetar las restricciones fijadas por la magistrada, entre ellas no podrán tener contacto o acercamiento a los denunciantes por ningún medio y la entrega de pasaporte y presentarse en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) cada 15 días.
El fiscal dijo que la idea es seguir la ruta del dinero, a dónde ha ido a parar, una explicación que no se dio en esta instancia y en la Justicia Civil y Comercial en la que Herrera intentó abrir su concurso preventivo tampoco dio una explicación.
«Esa es una de las críticas que hicimos a los argumentos defensivos de los imputados en cuanto al concurso preventivo era una herramienta para solucionarle el problema a los acreedores cuando nosotros creemos que es una herramienta que utilizan para consolidar el provecho de los delitos que cometieron», dijo el fiscal para concluir que aún continúan con la recepción de nuevas denuncias de ahorristas.
