Está previsto que este jueves, a partir de las 13, se retome el tratamiento de los varios proyectos de ley de humedales ingresados a la Cámara de Diputados. Será en un plenario de tres comisiones y como continuidad de una saga con varias interrupciones, la última por presión de gobernadores norteños en cuyas provincias hay abundante producción minera. En especial, litio. Numerosas organizaciones ambientalistas, con los antecedentes de anteriores pérdidas de estado parlamentario que hicieron naufragar iniciativas análogas, anunciaron medidas para empujar la sanción, este año, de una norma de protección de esos territorios frágiles en gran medida devastados por actividades humanas. Este miércoles, a partir de las 19, llaman a un tuitazo con la etiqueta #LeydeHumedalesYa en apoyo al proyecto que figura con el número de ingreso 0075-D-2022. Es el consensuado por colectivos sociales, asambleas territoriales, investigadores y espacios políticos, que nació como la integración de más de una docena de propuestas. Además, el jueves, a partir del mediodía, habrá una movilización al Congreso.
El debate para la sanción de una ley de protección de humedales va para una década de traspiés. El primer proyecto se presentó en 2013. En 2015 y en 2018 (año de grandes incendios en las islas del Paraná, con el humo llegando a Buenos Aires), otras dos iniciativas obtuvieron media sanción en el Senado, pero quedaron varadas en Diputados. En todos los casos, perdieron estado parlamentario.
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Con el reinicio de una extensa serie de incendios en el Delta, que aún continúa, en 2020 volvió al Congreso el debate sobre una norma de protección y presupuestos mínimos de uso. Esta vez, ingresó al revés, por la Cámara baja. Un texto de amplio consenso tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales, pero no avanzó en las otras tres a las que había sido girado. Y como el Ejecutivo nacional no incluyó su tratamiento en el temario de sesiones extraordinarias, de nuevo cayó la posibilidad de una aprobación.
La persistencia del fuego, en buena medida intencional, en las islas, junto a la presión de las organizaciones sociales, obligó a una nueva tentativa de construir una ley integral, que no sólo contempla el Delta sino otros sitios definidos como humedales que, según diferentes estudios, suman entre un 18 y un 21 por ciento del territorio nacional. Ahí se explica la suma de lobbys en contra. Ya no sólo los ganaderos y agrícolas, más los vinculados al negocio inmobiliario, sino los poderosos mineros. Y, entre ellos, los asentados en los salares para explotar la nueva materia prima estrella: el litio.
Otra vez, las dilaciones fueron consecuencia de la acción de los sectores que se oponen a la ley. Luego de un cuarto intermedio de mes y medio, la semana pasada fracasó la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto. Las ausencias de diputados opositores de distintas fuerzas sucedió a un nuevo intento de posponer el cónclave por parte de integrantes de los bloques del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica.
La estrategia de tratar los proyectos en plenario tenía el propósito de evitar el cajoneo en algunas comisiones. Pero no funcionó. Y el mayor escollo está en la de Agricultura y Ganadería, que preside el productor y ex ministro del área durante el macrismo Ricardo Buryaile. Fue quien dilató primero el tratamiento con un pedido de cuarto intermedio. Después, desde afuera, en todo sentido, fueron los gobernadores del llamado Norte Grande, quienes pidieron ser escuchados antes de emitir un dictamen. Lo hicieron desde Estados Unidos, mediante un comunicado conjunto y en medio de una gira para tentar inversores con la mira, precisamente, en la explotación del litio.
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Sin embargo, los mandatarios de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy, ni siquiera concurrieron a la invitación cursada para el jueves pasado, alegando distintas excusas y alimentando las sospechas de que ejervieron en realidad una nueva presión para voltear la norma.
«Queremos transmitir nuestra inclaudicable postura. Como Multisectorial Humedales Rosario apoyamos el proyecto consensuado legítimamente construido por el pueblo, la ciencia digna y las organizaciones. No vamos a aceptar modificaciones ni negociaciones que se dan a espaldas de la construcción participativa, que perjudican al conjunto de la población y que van en detrimento de derechos adquiridos y de los bienes comunes que son los humedales de todo
el territorio nacional», señalaron desde el colectivo nacido en Rosario con el inicio de la nueva seguidilla de incendios en el Delta, al inicio de la pandemia.
«La política debe responder al pueblo y no a sus intereses particulares, de los poderosos y los lobbystas. Tampoco toleraremos que el proceso de construcción de la Ley de Humedales sea utilizado para pervertir los fines que se buscan, a saber: transformar las condiciones de ilegalidad y destrucción que favorecen el rédito económico de unos pocos, a costa de la vida de las mayorías, de los humedales y de la prosperidad de la vida toda. Ningún otro proyecto presentado representa al pueblo», sigue el texto. Es un paraguas ante varios cambios hechos a los proyectos para conseguir los votos de una aprobación. Modificaciones hubo, pero el rechazo no aminoró.
«El mensaje es: consensuado o movilización. Si este jueves tenemos un dictamen que no representa nuestro pedido,
llamamos a replicar acciones en todo el país. El mismo debe contener la letra que imprimió nuestro esfuerzo, y ningún otro interés», avanza el comunicado para explicitar que no se pide cualquier texto bajo el rótulo de ley de humedales. «A los y las diputados y diputadas les advertimos: estaremos observando. Si vemos traicionada la representación política, estaremos en las calles exigiendo una democracia real», sintetiza la MH, en coincidencia con otras numerosas organizaciones, el sentido de una movilización de años y una construcción de conocimiento y propustas que no quieren ver diluidas otra vez.
De todos modos, los tiempos, con los retrasos forzados, son escasos. Aún cuando se consiga un dictamen del plenario de comisiones que permita tratar el proyecto unificado en el recinto de la Cámara baja, y en el mejor escenario, que es con la media sanción, resta girarlo al Senado.
