Por Mauro Federico- Data Clave
Hay muchas formas de contar esta historia. Pero todas conducen a la misma conclusión: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos fue utilizada para llevar adelante tareas poco compatibles con los postulados democráticos de la ley que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación.
Por este motivo, la justicia federal tiene en la mira desde hace varios años el accionar de grupos de agentes que efectuaron tareas de espionaje presuntamente ilegal, en perjuicio de dirigentes políticos opositores, sindicalistas, detenidos en Unidades del Servicio Penitenciario Federal, funcionarios de la administración de Mauricio Macri y hasta de los propios familiares del expresidente.
Sin embargo, ningún proceso judicial había reparado en la utilización de las estructuras de la inteligencia oficial para llevar a cabo el armado de causas tendientes a proteger los negocios de Gustavo Arribas, titular del organismo durante los cuatro años de la gestión macrista. Al menos, hasta ahora.
Una resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Isidro firmada por el juez Lino Mirabelli fechada el pasado 11 de noviembre, dio lugar al pedido de recusación presentado por el abogado del representante de jugadores de fútbol Uriel Pérez Jaurena y apartó de la causa en la que se lo investiga al fiscal federal que, hasta este viernes, llevaba adelante las actuaciones.
A pedido de su representante legal Marcelo Rocchetti, en marzo de este año, la Cámara Federal de San Martín también dio curso a la recusación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en cuyo juzgado había recaído originariamente la denuncia por «evasión impositiva y lavado de dinero» que apuntaba contra Pérez Jaurena.
No existen antecedentes en la historia jurídica argentina de un apartamiento que involucre a los dos magistrados a cargo de un proceso. Los argumentos de la recusación al fiscal que se conocieron este viernes -y a la que se hizo lugar- explican las razones de la atípica decisión.
La historia «oficial»
Tras una denuncia anónima recibida de un modo muy particular, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) comenzó a investigar a Pérez Jaurena, acusado por «defraudación tributaria y lavado de activos» en transferencias en las que actuó como intermediario entre 2015 y 2019.
Luego de la investigación preliminar, el Fiscal General Mario Alberto Villar, presentó la denuncia formal contra Pérez Jaurena «por sucesos presuntamente constitutivos de maniobras de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal) y/o evasión tributaria (art. 1° del R.P.T.), durante los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2014 y 2019, con relación a su presunta actividad como representante de jugadores de fútbol profesional, en cuyo marco habría intervenido en la transferencia de derechos económicos y/o federativos de varios deportistas».
La causa recayó en el juzgado de Arroyo Salgado y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal 2 de San Fernando, que encabeza Rodolfo Fernando Domínguez. El 20 de marzo de 2020, se imputó al ex jugador y actual representante nacido en Uruguay por los delitos que se lo investigaba.
Pérez Jaurena jugó en varios equipos del fútbol uruguayo durante la década del ’90 y para los dos mil arribó al Ascenso argentino, donde vistió las camisetas de Belgrano, Platense, Almagro, Chicago y San Martín de San Juan hasta que se retiró en Defensores de Villa Ramallo. En 2007 abrió la empresa de representación deportiva y en 2009 se asoció con su compatriota Fernando Pavón.
Cuando Rocchetti asumió el patrocinio legal de Pérez Jaurena, no tardó mucho en percatarse que, detrás de aquella denuncia, había «algo raro». En lo primero que reparó fue en el modo el que se iniciaron las actuaciones: «fue por intermedio de un correo anónimo recibido en la PROCELAC, que tiene inserto un cargo suscripto por una funcionaria donde dice que se recibió con un sobre por correo postal, sobre que no habría sido conservado y del que no hay constancias», relató el abogado en el escrito de recusación presentado en diciembre de 2021.
A su criterio, ello impedía individualizar al supuesto denunciante anónimo, de quien expresó que “todos sabemos quién es” puesto que “es un anónimo que viene de la AFI”. En sus palabras, esa situación habría permitido que se monte en perjuicio de su asistido una cacería que sigue hasta el día de la fecha. También añadió que ese correo anónimo era “prácticamente un calco” de aquel que había dado origen a la causa en que fuera procesado Juan Pablo “El Pata” Medina, respecto a la cual, públicamente se habría difundido su nulidad.
En marzo de este año, la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la recusación de Arroyo Salgado presentada por Rocchetti, en la que pedía su apartamiento por considerarla responsable de los delitos de «coacción y falsedad ideológica en instrumento público, y eventualmente incumplimiento de los deberes de funcionario». Y este viernes el juez Mirabelli decidió separar también al fiscal Domínguez de la investigación en base a los mismos argumentos utilizados por el tribunal de San Martín.
Pero en su resolución, el titular del juzgado federal de San Isidro dejó picando la pelota en el área para que Rocchetti avance en una denuncia formal para que se investigue «en los términos de los arts. 174, 175, 176 de Código Penal o, en su caso, si solicita la realización de otras medidas de prueba distintas de las ya dispuestas» las presuntas irregularidades cometidas durante la investigación que involucra a su cliente.
De la AFA a la AFI, sin escalas
Gustavo Arribas y su hijo mayor Ezequiel son responsables de una empresa que ejerce la representación de jugadores de fútbol profesional y están inscriptos en el mismo registro de agentes que controla la AFA. En diciembre de 2015 Macri invitó a su amigo para que se sumara a la gestión gubernamental, lo llamó por teléfono y le anunció que quería nombrarlo como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, más conocida por su sigla: AFI.
Tal vez por alguna distracción momentánea o quizás por las dificultades de dicción que acarrea desde su adolescencia el fundador del PRO, Arribas confundió el sentido de aquella convocatoria telefónica. «Gustavo pensó que lo llamaba para intervenir la AFA y cuando se sentó delante de Mauricio se dio cuenta que era para que manejara la AFI», confió a Data Clave un dirigente de Juntos por el Cambio que conoce bien a ambos personajes.
Cuando Arribas padre asumió al frente del organismo que depende directamente de la presidencia de la Nación, dejó en manos de su hijo los negocios de Stellar Group, la compañía inglesa que maneja, entre otros clubes, el Deportivo Maldonado de Uruguay. Según cuenta el colega Roberto Parrotino que investigó este tema en profundidad, «Ezequiel Arribas tomó la posta como apoderado en América del Sur del grupo fundado por el magnate británico Jonathan Barnett».
La agencia Stellar Group funciona desde 1996 y cuenta con unos 700 deportistas que le confían sus carreras. Varios de estos negocios son triangulados a través del humilde Deportivo Maldonado, que milita en la B del fútbol uruguayo. Arribas (h) responde al empresario Malcolm Caine y el abogado Graham Shear, «los emisarios de Barnett que viajan desde Inglaterra un par de veces por año a Maldonado para supervisar cómo marchan los negocios».
¿Agentes de la AFI o apretadores?
Fue justamente por cruzarse en el camino del joven heredero de la dinastía Arribas que Pérez Jaurena comenzó a transitar el calvario que terminó con una denuncia anónima en su contra. Según relató una fuente muy cercana al representante, «cuando Uriel comenzó a crecer, inevitablemente se transformó en una competencia para esta gente y por eso un día, el mismo Ezequiel lo visitó en sus oficinas de la avenida Libertador y le ofreció comprarle la agencia».
En una clara actitud intimidatoria, el hijo de Arribas le sugirió que «si no se quería meter en problemas, lo mejor era vender y retirarse de la actividad, a lo que Uriel respondió que de ninguna manera pensaba en dejar el negocio y lo invitó amablemente a retirarse de su oficina», agregó el informante. «Ese fue el disparador de lo que terminó ocurriendo: el armado de la causa mediante el anónimo que llegó a la PROCELAC», completó.
Este modus operandi queda expuesto con mucha nitidez en el marco del expediente judicial Nº FLP 14149/2020, caratulado “QUERELLANTE: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA ELISABET Y OTROS IMPUTADO: MELO, FACUNDO Y OTROS”, que tramite en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
Allí, uno de los agentes que declara, pone de manifiesto exactamente lo que la defensa de Pérez Jaurena viene sosteniendo: que durante al gestión de Arribas al frente de la AFI, se utilizó la estructura de la Agencia para espiar a posibles competidores del principal negocio, con el fin de obtener información que pudiera servir con el fin de apretarlos.
En la testimonial del agente J.H.S., quien declaró como testigo de identidad reservada dentro del expediente donde se investigan tareas de inteligencia sobre la actual vicepresidenta de la Nación y la elaboración de un documento ideológicamente falso que tenía como finalidad dar apariencia de legalidad a las tareas presuntamente ilegales llevadas a cabo sobre la nombrada, aparece un párrafo muy significativo.
“Preguntado para que diga si le informaban respecto de aquellas personas que eran objeto de los seguimientos?, el agente contesto: no, yo muchas veces pregunté y en alguna ocasión me dijeron que eran representantes de jugadores”. El destacado es propio, y se funda en lo sugestivo de practicar tareas de inteligencia sobre representantes de jugadores, cuando el Sr. Gustavo Arribas se dedica a la representación de jugadores. Dicha situación, sin dudas, amerita profundizar en ese aspecto».
