Sigue este miércoles el conflicto entre el sindicato de los portuarios Supa y la concesionaria de los muelles I y II del puerto rosarino, Terminal Puerto Rosario (TPR), una sociedad entre Vicentin (con ese nombre y con su controlada Sir Cotton de Reconquista) y el grupo chileno de logística Ultramar que no las tiene todas consigo: el Enapro, ente administrador multipartito, le retiró el sillón en su directorio por múltiples incumplimientos de obligaciones, escamoteo de inversiones y pretensiones inaceptables para reabrir las paritarias con los trabajadores. Otro probelema no menor: el descubrimiento de un enorme cargamanto de drogas que iba a ser exportado a Europa y estaba estibado en sus instalaciones.
El último cruce de la sociedad con el sindicato estalló por el pago de apenas la mitad de los salarios de noviembre al 50 por ciento de los trabajadores, y el descuento de los días de paro en un conflicto previo por reapertura de paritarias, sobre el que pesaba una conciliación obligatoria. Como resultado, este martes el Supa inició una protesta que incluye un corte en ambas manos en el acceso sur de avenida Circunvalación y el bloqueo del ingreso a las instalaciones, sobre la colectora. El mismo día, por la tarde, hubo una reunión en Buenos Aires con los involucrados directos más las autoridades laborales de Nación y provincia durante la cual las pretensiones de TPR dejaron enojados al resto de los concurrentes.
“Pagaron la mitad del sueldo, no hicieron los aportes que tenían que hacer. En el recibo figuran cuatro horas, media jornada, vinculado al convenio de empleados de comercio. El recibo de sueldo es un chiste, son bonos de bonos de bonos”, arremetió el secretario gremial del Supa, Rubén Loza, en declaraciones radiales. El gremio interpreta que al abonar así los salarios este lunes, la empresa rompió la conciliación obligatoria que vencía dos días después.
La ministra de Trabajo de Nación, Kelly Olmos, convocó para pasado el mediodía de este martes a su par santafesino, Juan Manuel Pusineri, al titular del Enapro, Guillermo Miguel, al presidente de TPR, Alejandro Bohtlingk, al titular del Supa Rosario, César Aybar, y al secretario general de la federación de estibadores, Marcelo Osores.
Condiciones inaceptables
Como lo anticipó en reuniones previas, la concesionaria planteó que aceptaría reabrir paritarias –el gremio reclama el 100% en el lapso de abril a abril, contra el 60% convenido antes del desmadre inflacionario– pero a cambio pide beneficios extraordinarios: jornadas laborales de 8 horas en lugar de las 6 actuales con el mismo pago, despido de 500 trabajadores y descuento de días de huelga.
Lo anterior, en cuanto a la relación con los estibadores. Además, viene reclamando que el mayor porcentaje de las inversiones que incumple para mantener operativos los muelles –dos no pueden usarse por riesgo de derrumbe– salgan de las arcas públicas, con financiamiento directo o con extensión del plazo de concesión. Esto no es nuevo, lo planteó en la anterior gestión del Enapro, cuando lo conducía Ángel Elías. Pero ese preacuerdo fue bochado por la administración actual bajo la convicción de que era perjudicial para el Estado provincial. Lo que pidió este martes fue una rebaja del canon que le paga a la provincia. Como era obvio, no hubo salida posible.
Y la coca
TPR también está en la mira de Nación por sus incumplimientos contractuales y flojedad de papeles fiscales. Y se agrega otro tema, no exclusivo de las terminales que están bajo su responsabilidad pero sí llamativo: el colador para la exportación de drogas hacia Europa.
Puerto de Rosario: traficaban cocaína disimulada en un cargamento de maní
El jueves 8 de septiembre, como corolario de una larga investigación encabezada por el fiscal federal Claudio Kishimoto y la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), fue allanado el predio de TPR. La pesquisa había determinado que de ese lugar salieron dos buques, uno con 568 kilos de cocaína y el restante con 866. La droga había sido decomisada dos meses antes en el puerto de Santos, Brasil, y en el de Rotterdam, en Países Bajos. Estaba camuflada dentro de cargamentos de maní.
Una filmación cortada y un «punto ciego», claves del contrabando de cocaína en el Puerto de Rosario
El seguimiento apunta a que la carga luego contaminada partió de General Deheza (Córdoba) hacia Rosario el 21 de junio. Y que tuvo dos movimientos internos: uno el día siguiente a las 23.04, cuando fue retirada de su estiba original y colocada en el piso dentro del predio de TPR, y el segundo el 24 de junio a las 22.47. Entonces, el contenedor fue dejado entre las calles 2 y 3 del predio, un insólito “punto ciego” para las cámaras de videovigilancia. Hasta allí llegaron tres camiones, que se retiraron 20 minutos después.
Ese escándalo hizo que el titular del Enapro, Guillermo Miguel, deslizara dudas sobre la continuidad de la concesión a la sociedad Vicentin-Ultramar: «Si esto se prueba, puede ser causal de recisión del contrato».
Fuera del directorio
El manejo de TPR, que además de incumplir sus obligaciones genera ruido político en sus enfrentamientos con el gremio y amenaza con cargarle un conflicto más al gobierno de Omar Perotti si las terminales dejan de operar y cumple con su propósito de cesantías masivas, hizo que el directorio del Enapro decidiera en su última reunión retirarle a la empresa la silla de las concesionarias en el organismo, que ocupaba Carlos Bello. Ese lugar será ocupado por el grupo Servicios Portuarios (Sepor), que tiene la concesión de los muelles VI y VII.
