Un proyecto de 2007 para la construcción de un edificio de Tribunales en Casilda retomado este año activó objeciones ciudadanas que, al cabo de movilizaciones, acampes y suma de voluntades, surtió efecto: el cuestionamiento no es a la centralización de dependencias judiciales hoy dispersas, sino a la localización elegida, en el único pulmón verde de la ciudad y además terreno catalogado como humedal e inundable. Y resultó finalmente escuchado por las autoridades locales. Además, este miércoles, integrantes de la Corte Suprema santafesina recibieron a una delegación de los asambleístas, compuesta por mujeres. La obra, que había comenzado con el despeje de terreno mediante la tala de árboles plantados hace medio siglo por los vecinos, fue paralizada.
La Asamblea Ambiental Casilda defendió un espacio histórico de recreación y de servicios ecosistémicos como es el Parque Sarmiento. Hasta allí las intenciones. No proponen una alternativa de ubicación de los Tribunales. La resistencia al proyecto elaborado hace 15 años, que este 2022 reactivó el Ejecutivo santafesino con el llamado a licitación para la obra y su adjudicación, fue firme y no excenta de cortocircuitos con las autoridades. Pero los argumentos primaron y hubo oidos para los mismos.
En el medio, hubo planteos de amparo ante la justicia que no fueron respondidos y una situación tensa con el desalojo del acampe montado al lado del cerco que impedía el ingreso a los terrenos reservados para el edificio, proyectado con subsuelo y cuatro niveles. El martes, el intendente Andrés Golosetti y el senador por el departamento Caseros –y ex mandatario local– Eduardo Rosconi, recibieron a seis de las mujeres que mantuvieron en alto los cuestionamientos al lugar elegido. Y les propusieron gestionar una reunión con la cabeza del Poder Judicial, mandante de la obra, lo que se dio en el mediodía de este miércoles.
El parque es propiedad de la provincia, y el sector para el emplazamiento fue cedido al Poder Judicial. Sin embargo, y aún cuando hubo una adjudicación de la obra, los vecinos señalaron que falta un estudio de impacto ambiental que, están convencidos, pondría de manifiesto la inconveniencia del lugar previsto. Es un corredor biológico que se transformaría radicalmente, y además impropio para el uso pretendido, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Rosario que lo cataloga como potencialmente inundable ante una crecida con recurrencia a 100 años del arroyo La Candelaria.
El comunicado de la Corte Suprema que informa sobre la reunión con cuatro de las asambleístas y el abogado ambientalista que las asesora, Juan Plá, no obstante, no admite flojedad de papeles en cuanto a la huella ambiental del proyecto. Señala, por el contrario, que están contempladas las mitigaciones ecológicas correspondientes respecto del impacto sobre el parque, que se plantarán árboles por los talados
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