Las concesionarias del Puerto Rosario mantuvieron desde 1998, cuando se privatiza el puerto, conflictos con los trabajadores, con el Estado por la falta de pago del canon y con la justicia, ya que son varias las investigaciones a lo largo de los años sobre embarques de cocaína con rumbo a Europa. Esto último, parece ser sólo la punta del ovillo de un complejo oleaginoso gigantesco ubicado en un sector privilegiado de la hidrovía Paraguay-Paraná, donde además funciona una veintena de puertos privados, siempre bajo sospecha. El actual conflicto con TPR es sólo un jalón más de la falta de control estatal, que puede resumirse en la lúcida descripción del titular del gremio Supa ante las críticas por la irrupción sindical en el Concejo y la Municipalidad, este último jueves: «No hay nada más reaccionario que el hambre».
Todo se remonta a 1998, cuando el Puerto Rosario volvió a ser privado, tal como funcionó entre 1902 y 1943. Fue adjudicado por el gobierno justicialista, a instancias del presidente Carlos Menem, a la filipina International Container Terminal Services (Ictsi). Según definió el periodista Rogelio García Lupo, “una lavandería de dinero”: el grupo ofreció tres veces más que el competidor más cercano, el puerto de Barcelona, citó su colega Carlos Del Frade.
Los problemas empezaron cuando Ictsi dejó de pagar el canon un año después. La empresa Puerto Rosario SA, que desde 1998 tenía a cargo su administración por 30 años, anunció en febrero de 2000 que no estaba en condiciones económicas ni financieras de seguir operando.
Ya en el segundo trimestre del 99 comenzó a advertirse una manifiesta preocupación por este grupo filipino por el futuro de su actividad, que se tradujo primero en un histórico conflicto sindical tras el despido de dos centenares de estibadores, a quienes no les pagó indemnización, y luego en el atraso del pago del canon establecido (u$s 950.000). Además, sólo ejecutó entre el 35 y el 40 por ciento de las obras previstas en el pliego, detectándose también incumplimientos en sus previsiones, ya que en igual lapso sólo logró facturar 8 de los 22 millones de dólares proyectados.
Luego el puerto pasó a manos de un conglomerado de inversores locales conducidos por Guillermo Salazar Boero con el 70% del paquete accionario. En tanto, al 30% de las acciones clase A las presentaba como en manos del Puerto de Tarragona. No sólo se incumplió el pliego porque atrás no había ningún operador internacional que garantizara el know how al puerto, sino que la incursión fue un fracaso.
A los españoles el negocio no les aportó mucho (ninguna carga llegó desde Rosario a esa terminal catalana y tampoco hicieron negocios ni desembarcaron en la región) y encima, tras una ampliación de capital realizada por Salazar Boero en una polémica asamblea de 2005, terminaron en la Justicia.
Ahí apareció Jordi Pujol (h), vástago del histórico referente político catalán del mismo nombre, el que había fogoneado el negocio y que comenzó a hacerse cargo de esas acciones y las fue concentrando. Varias veces y a distintos grupos intentó venderlas, pero nunca le terminó de cerrar el negocio.
La concesión del puerto rosarino implosionó ya durante la gestión del frenteprogresismo en 2009, con el alejamiento de Guillermo Salazar Boero, entonces presidente de la empresa y principal accionista, quien traspasó su capital a su hasta entonces asesor Gustavo Shanahan, el que de allí en más lideró en tandem con Pujol (h) la concesión hasta 2012. TPR entró en convocatoria de acreedores con un pasivo superior a los 86 millones de pesos que tramitó la jueza María Andrea Mondelli en el juzgado Nº 14 en lo Civil y Comercial de Rosario.
En ese expediente se presentaron a verificar 209 acreedores, que reclamaron en total 220 millones de pesos. Pero la propia sindicatura recomendó sólo corroborar los 86 millones. Sobraban las razones para retirarle la concesión, pero ese recurso de última instancia se quiso evitar con el antecedente de los filipinos. Cuando apareció Aotsa, del grupo Vicentin, interesado en el puerto, las autoridades del Enapro lo entendieron como una solución.
En 2013, un año después de la salida de Pujol (h), Gustavo Shanahan, ex director de Terminal Puerto Rosario, admitió que en la firma que controla los muelles locales lavaban dinero negro de España. En un una nota concedida al diario El Mundo, el empresario rosarino confirmó las denuncias de Victoria Álvarez, la ex novia de Pujol (h), sobre fondos en negro sacados de España a paraísos fiscales y luego reinvertidos en distintos negocios, entre ellos el puerto de Rosario.
“Metió de golpe 9 millones de euros en Rosario procedentes de tres paraísos fiscales: Suiza, Andorra y Panamá, cuando hace unos años estos movimientos de capital no eran investigados en exceso. Realizaba transferencias a Panamá, y desde allí se monetizaban las sumas, que se invertían ya en metálico en negocios como el de Rosario”, admitió Shanahan, quien relató en la nota que Pujol (h) se valía de un testaferro británico, Herbert Rainford, un dato que coincide con lo declarado por su ex novia. El llamado caso Pujol, que involucra a todo el famoso clan de Cataluña, lleva ya una década y aún no tiene fecha de juicio.
Shanahan está hoy imputado en un caso de narcotráfico que involucra al piloto peruano Julio Rodríguez Granthon, un hombre ligado al líder de Los Monos Ariel “Guille” Cantero. Según la pesquisa de la Justicia provincial, cambiaba en su cueva céntrica los pesos que provenían de los búnkers que Granthon controlaba en Villa Banana, con lo cual su accionar era imprescindible para que éste pudiera pagar en moneda estadounidense la cocaína importada.
Y hoy TPR vuelve a estar en el centro de la escena. Su gerente es el hombre de Vicentin Gustavo Nardelli, quien en algún momento imaginó ser candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO, cuando su socio Alberto Padoan comandaba la Bolsa de Comercio de Rosario.
Nardelli, imputado junto con Padoan por el fiscal porteño Gerardo Pollicita, saludó en agosto pasado a Mauricio Macri en su visita a la Fundación Libertad (impulsora junto con el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich de su candidatura), en una de sus escasas apariciones públicas tras el default de Vicentin.
La firma tiene a 14 directivos procesados en Rosario por estafa en una de las causas penales que les siguen a sus accionistas, y también en otros expedientes a funcionarios del macrismo, por defraudación con créditos estatales millonarios. El propio Nardelli se hizo conocido en plena pandemia, cuando fue detenido por quebrantar la cuarentena a bordo de su yate “Champagne”.
En medio del actual conflicto con los estibadores, el Enapro siguió presionando a TPR para que invirtiera lo que convenido en la reparación de los tres muelles que tiene concesionados, dos de los cuales están fuera de servicio.
La actual composición accionaria de la empresa (con la chilena Ultramar) tiene aún una década más de gerenciamiento, algo que puede variar si la Justicia federal sube en la cadena de responsabilidades tras el reciente caso narco que involucra a la terminal: 1.500 kilos de cocaína que fue embarcada en TPR camuflada en dos embarques de maní, incautados en Brasil y Países Bajos, en una investigación de la Justicia federal rosarina.
Fue un fabuloso golpe mediático que se dio apenas dos semanas después de otro similar, con el secuestro en Empalme Graneros de 1.600 kilos que, según el Juzgado Federal de Zárate-Campana, saldrían del Puerto Rosario con destino a Europa disimulados en expeller de maíz. Todo a pocas semanas de anunciada la colaboración entre la DEA y el gobierno santafesino en la llamada lucha contra el narcotráfico.
