Por Silvina Molina / Télam
Las obras sociales de Argentina notificaron este año 4.966 prestaciones relacionadas con el acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo, las que a dos años de la implementación de la ley de aborto legal muestra mayores adecuaciones en sus servicios para cumplir con la norma, si bien falta que brinden mejor información sobre el acceso al derecho y, en algunas localidades con personal de salud objetor de conciencia, es el sistema público quien absorbe la demanda que luego factura a la obra social, reveló un informe oficial al que tuvo acceso Télam.
También se han dado situaciones en el norte del país y otras localidades donde la persona que requería la práctica tuvo que ir a otra provincia para concretarla.
Estos son algunos de los datos que brindó la auditoria que realizó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)
La ley 27610 de acceso a ILE/IVE que votó el Congreso el 30 de diciembre del 2020 y que se promulgó el 14 de enero de 2021, implicó que distintos organismos adecuaran sus estructuras para monitorear el cumplimiento de la norma.
Es lo que hizo la Superintendencia de Servicios de Salud a través de la Unidad de Género a cargo de Natalia Garozzo, jefa de Asesores del organismo.
Así, en 2021 comenzó a monitorear 247 obras sociales de todo el país, de las cuales 228 (92%) son del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 19 (8%) de otras provincias, en relación a la implementación de la norma.
El universo auditado incluye casi al 90 por ciento de estas entidades, ya que en el país hay 297 obras sociales registradas.
El balance para este año, a punto de cumplirse el segundo aniversario de la votación de la ley, fue que esas obras sociales notificaron 4.966 prestaciones.
«Vale aclarar que este dato no significa que sean 4.966 mujeres, ya que pueden utilizarse más de un tipo de prestación en una misma mujer, por ejemplo, prácticas medicamentosa e instrumental», aclaró el informe.
En cuanto al tipo de prestación realizada en el sector de obras sociales, el 31% fue solo medicamentosa, el 67% solo instrumental y el 2% fue con procedimientos combinados.
Con respecto a la provisión del misoprostol (el medicamento utilizado para realizar IVE), el 90% se obtuvo en farmacias y el 10% restante de otros proveedores.
Sobre la utilización de protocolos institucionales para acceso a la práctica y atención post aborto, el 80% de las obra sociales auditadas utiliza el del Ministerio de Salud y el 20% posee uno propio.
Las obras sociales cuentan con un 36% de prestadores de cartilla, un 30% son prestadores públicos de gestión estatal, un 19% prestadores propios y un 5% de otros prestadores.
Un dato a considerar es que sólo el 26% de las obras sociales difunden información en sus páginas web, redes sociales o cartillas, sobre las modalidades y canales de acceso a prestaciones IVE-ILE.
«Se ha observado la indicación de legrados, a pesar de no ser la práctica más recomendada o segura para las usuarias. Esta práctica incluye 48 horas de internación y sedación, en comparación con abordajes ambulatorios como podrían ser la indicación de misoprostol o la AMEU (aspiración manual endouterina)», se resaltó en el documento.
«Esto no sólo repercute en prácticas poco seguras y de menor autonomía para las beneficiarias, sino en un gasto mayor injustificado», indicó la SSS.
Garozzo dijo a Télam que «cuando evaluamos los resultados desde la implementación de la ley, observamos que hubo un incremento sustancial de uso de protocolo para el acceso por parte de las obras sociales. En paralelo, podemos ver mayor capacitación en la temática IVE al interior de los agentes. Estos avances impactan directamente en mejoras en el acceso al servicio de las personas beneficiarias».
Cuando la Superintendencia comenzó a trabajar con las obras sociales sobre ley IVE/LE en 2021, detectó «falta de formación y capacitación de los agentes en la temática. Esto impacta en la falta de abordaje y la falta de herramientas de intervención».
«En los casos donde las solicitudes IVE se dan en provincias del norte, y hay objetores de conciencia, la respuesta es que la beneficiaria se traslade a otra provincia», fue otra situación evidenciada en ese primer monitoreo.
«Las funciones de las auditorias son, en primer lugar, acompañar, trabajar en conjunto y generar instancias de contacto para que la ley sea puesta en agenda de las diferentes Obras sociales. Luego, en una instancia posterior, se evalúan los diferentes avances y resultados relacionados con la temática», especificó la SSS.
Por eso, el comparativo es positivo para la funcionaria.
En relación a reclamos, pueden hacerse a través de este formulario https://www.argentina.gob.ar/sssalud/reclamos-interrupcion-voluntaria-embarazo, la profesional explicó que una vez recibidos «se contacta de manera inmediata a la obra social correspondiente para que la práctica sea cubierta, así como lo establece la ley».
De acuerdo al informe oficial, entre junio del 2021 y diciembre del 2022, se recibieron 187 reclamos, la mayoría relacionados con demoras en la cobertura, negativa o dificultad para acceder a medicamentos.
«Como desafío para el año 2023 se destaca la necesidad de profundizar la articulación con otros organismos, coordinar estrategias de acción y enfatizar en la difusión de la temática entre las obras sociales del Sistema de Salud y las entidades de medicina prepaga.», concluyó Garozzo.
