El proyecto para iniciar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores ingresó formalmente este viernes a la Cámara de Diputados, junto con los argumentos de la acusación y distintas alternativas para avanzar en la investigación, incluidas propuestas para la citación de varios testigos.
La iniciativa, presentada por el diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.
En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados en base al documento impulsado por el presidente, se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
En torno al fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, el texto sostiene que «resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal».
«La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país», señala el texto.
En ese sentido, expresa que «esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos».
En el texto, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».
«El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante», añade el documento.
Agrega que «el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea».
«Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada», señalan los diputados.
El gobierno nacional oficializó en la mañana de este viernes la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el «23 de enero hasta el 28 de febrero» para tratar 27 proyectos, entre los que figuran además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa en el plenario para impulsar la acusación ante el Senado.
Pero el diputado Valdés aseguró hoy que «con el devenir de pruebas contundentes», el oficialismo podría sumar mayores respaldos a favor del juicio político contra a los jueces de la Corte Suprema, como ocurrió en 2003 cuando Néstor Kirchner impulsó el enjuiciamiento de los integrantes del máximo tribunal.
