Desde el mes de enero de 2022, el gobierno de Santa Fe lleva adelante un abordaje minucioso de la situación que atraviesan las producciones agropecuarias como consecuencia de la sequía, altas temperaturas y heladas tardías que han generado importantes pérdidas en todo el territorio provincial.
El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, describió de esta manera el abordaje de la emergencia que impulsó desde su cartera: «Desde el primer momento nos pusimos a trabajar codo a codo con los productores, con las entidades agropecuarias, las instituciones científicas y técnicas y los legisladores provinciales. Sabíamos que íbamos a tener que resolver cuestiones del día a día, pero también había que ponerse a pensar en soluciones de fondo, que permitan asumir medidas preventivas. Cada acción que llevamos adelante fue consensuada con todos los actores institucionales y eso nos permitió ir dando respuesta a problemas concretos».
«Tenemos la firme instrucción del gobernador Omar Perotti de seguir cerca de los productores, tal como lo estamos haciendo desde el inicio de nuestra gestión. Necesitamos un fuerte compromiso de todos los actores para administrar los recursos de forma inteligente, sostener a todos los productores y estar preparados para seguir produciendo y creciendo en el momento en que las condiciones climáticas mejoren», agregó.
Al mismo tiempo, sobre el fenómeno de la sequía que se abate sobre gran parte del norte provincial señaló «que ocurra esto, en esta época del año realmente te condiciona la producción del año entrante porque son periodos donde está toda la siembre de la cosecha gruesa, de maíz, de soja, y además la elaboración de reserva de las producciones de leche y carnes. Estamos preocupados y trabajando en distintos frentes porque es una cuestión que puede traer problemas y sinceramente no son alentadores los pronósticos», indicó Costamagna.
Se permitió un tramo de breves expectativas favorables en un marco ciertamente dificultoso: «De haber lluvias en las próximas semanas hay situaciones que se van a revertir. Más allá de las divisas, del dinero que pueda no entrar, el tema es que los productores, el campo, la provincia y gran parte del país puedan tener acompañamiento en una situación compleja como la que estamos viviendo». Para el titular de un ministerio clave en la gestión Perotti, «el maíz fue uno de los cultivos más afectados, porque se sembró en octubre, cuando todo esto empezó a profundizarse por la falta de agua y las altas temperaturas. Como resultado de este contexto los maíces tienen una calidad muy mala. Y por eso, son utilizados para la reserva de forraje, de granos, para la producción de carne y de leche.
Costamagna se mostró decidido en la necesidad de avanzar con la modificación en la legislación provincial. En ese sentido consignó que «la actual Ley de Emergencia tanto provincial como nacional tienen muy poca utilidad. Hemos llevado a la Legislatura un proyecto que realmente sería muy bueno que todos los legislados lo aprueben, hoy tiene media sanción en el Senado», explicó el funcionario. En el mismo orden de cosas, aseguró que esta normativa «posibilitaría a los productores tener capital de trabajo, proveer obras de cosechas de almacenamiento de agua, utilizar tecnologías para afrontar situaciones como la que se está viviendo y estimular el uso de los seguros».
El ministro rafaelino expresó que «hoy por hoy en la provincia de Santa Fe, el 70% de las explotaciones son sobre campos arrendados y esta ley ayuda al dueño de campo y no al que produce. Entonces es necesario que dotemos de una herramienta desde el punto de vista financiero, brinde estímulos, para que los productores que generan trabajo e invierten en la provincia tengan un acompañamiento fuerte de la gestión de gobierno».
En enero del año pasado, Santa Fe convocó a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, y a través de los decretos 0020/22 y 0080/22 declaró la Emergencia Agropecuaria desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2022 para todas las actividades productivas en la totalidad de los distritos de todos los departamentos del territorio santafesino, a excepción de los del departamento General López.
Durante el primer semestre del año, la Provincia logró la homologación nacional de esta emergencia y gestionó fondos nacionales por $1.000 millones de pesos con los que se asistió a más de 1.200 productores agrícolas y ganaderos con créditos sin interés con un año de gracia destinados a inversiones en el abastecimiento de agua, maquinarias, recomposición del capital de trabajo y fomento de plantación de árboles en el medio rural.
La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se reunió nuevamente en los meses de octubre y noviembre de 2022 para la evaluación de la situación productiva. Los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) presentaron la situación de cada actividad. En la segunda reunión, la Comisión recomendó la declaración de la emergencia y desastre agropecuario en toda la Provincia. A partir de ello, el Gobierno Provincial emitió un nuevo decreto, el 2476/22, que prorrogó retroactivamente y de forma automática los decretos 0020 y 0080 desde el 1 de julio de 2022, extendió la declaración de emergencia hasta el 31 de mayo de 2023, e incluyó entre los afectados al departamento General López.
Desde entonces, manteniendo un diálogo permanente tanto con las entidades agropecuarias como con los productores, Santa Fe administró distintos apoyos económicos y financieros que fueron dando respuestas concretas a las demandas recibidas de parte de los productores. Se otorgaron $320 millones a más de 600 productores ganaderos de los departamentos General Obligado, 9 de Julio, Vera y parte de San Cristóbal, $100 millones para productores lecheros. También la Provincia solventó la compra de 20 tanques cisterna para asistir a los municipios y comunas en la provisión de agua. Se asignaron aportes no reintegrables a más de 1.000 productores de la agricultura familiar y se entregaron 200 toneladas de maíz y forraje para pequeños productores ganaderos.
Otro sector al que se está acompañando es el apícola, para el cual se destinarán $15 millones para créditos sin interés a productores de hasta 50 colmenas. Los legumbreros contarán con un fondo específico de $130 millones a través de una línea de hasta $1 millón a productores de hasta 100 hectáreas. Además, se gestionarán $40 millones en aportes no reintegrables para productores frutihortícolas.
Cada asistencia fue instrumentada en colaboración con las instituciones que integran la Red Provincial de Asociaciones y Agencias para el Desarrollo Regional (RePAAD). «Decidimos canalizar los fondos públicos a través de las agencias y asociaciones para el desarrollo porque son las instituciones que conocen a cada uno de los productores y saben los problemas a los que se enfrentan», aseguró Costamagna.
«Consideramos que esa es la manera más eficiente y más transparente de asignar recursos nacionales y provinciales. A través de ellas, llegamos directamente a los beneficiarios de las asistencias evitando intermediarios que hacen el proceso más lento y costoso» concluyó.
