Por Ariadna Dacil Lanza / Télam
Luego del ataque golpista a las sedes de los tres poderes de Brasil del 8 de enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusó a sectores del «agronegocio malintencionado» de estar detrás de las protestas, cuyo financiamiento está siendo investigado, pese a que el grueso del sector necesita estabilidad política y económica para desarrollarse, según dijeron analistas a Télam, que ven en el nuevo gobierno un generador de esas condiciones.
«Mucha de la gente que estaba en Brasilia hoy quizás sean garimpeiros (extractores de minerales) y madereros ilegales (…) El agronegocio malintencionado, que quiere usar agrotóxicos sin ningún respeto por la salud humana, posiblemente también estaba», dijo Lula el domingo pasado, luego de los ataques.
Si bien las responsabilidades sobre las protestas son parte de las investigaciones en curso, incluida la de políticos y fuerzas de seguridad, y los apoyos del agro al expresidente Jair Bolsonaro fueron públicos, -por ejemplo, Confederación Nacional de la Agricultura lo respaldó para buscar la reelección-, analistas coinciden en que es necesario delimitar más los grupos «radicales» dentro del sector.
El economista brasileño Gustavo Souto de Noronha dijo a Télam que en Brasilia estuvieron «los herederos de las viejas oligarquías, las élites tradicionales cuyo poder está ligado a la propiedad de la tierra. No son los sectores que hicieron avanzar el desarrollo capitalista en el campo».
Comentó que «muchos de ellos son deudores del fisco nacional», empresarios que aparecen en el registro de «deuda federal activa», que comprende las deudas tributarias y no tributarias, o de bancos públicos, y por eso «temen que se les cobren sus deudas».
Dos meses antes de la elección, el diario Folha de São Paulo publicó que dos empresarios del agro incluidos en dicho registro de deudores donaron dinero para la reelección de Bolsonaro. Las donaciones fueron a título personal porque las de empresas están prohibidas.
Para el analista político y económico Miguel Daoud, especialista en temas agrícolas, «existen varios sectores empresarios que no aceptan la victoria de Lula» y, entre ellos, «hay radicales que cometieron ese acto de terrorismo» en Brasilia.
Souto de Noronha insistió en las distinciones para no hablar de un sector en forma monolítica: «No se debe llamar ‘agroindustria’ a estos sectores rurales que apoyan el golpe, porque el agronegocio integra el gobierno de Lula y disputa sus espacios con los movimientos de trabajadores rurales y campesinos», evaluó el investigador del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
El esfuerzo por desacoplar al sector agrario ya había sido intentado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, quien horas antes del ataque del domingo dijo que la mayoría de los productores se comprometen con el desarrollo sostenible y solo una pequeña parte afecta a la imagen del grupo. Son, para él, quienes critican en las calles la victoria de Lula.
Ya existen algunos primeros indicios acerca del financiamiento de los grupos bolsonaristas que piden un golpe de Estado.
El periodista y editor Agencia Pública Bruno Fonseca comentó a esta agencia algunos hallazgos a partir de la consulta de bases de datos públicos, así como de fuentes propias.
Respecto al pago de colectivos que llegaron a Brasilia con manifestantes -ya que muchos no eran del Distrito Federal- y que luego de las protestas fueron incautados por la policía, dijo que algunos eran propiedad de empresarios bolsonaristas y que otros eran contratados.
«El propietario de una de las empresas nos dijo que no tenía nada que ver con las protestas y que un empresario le había pagado. Descubrimos que este empresario publica en redes sociales cosas a favor de Bolsonaro y peticiones antidemocráticas», dijo.
Esa era una forma de financiación, mientras que en otros casos «los propios dueños de colectivos son bolsonaristas, como la empresa Rota Brasil», dijo y agregó que su dueño se presenta como militar y «tenía contratos con el gobierno federal cuando Bolsonaro era presidente».
El otro punto, ligado al mismo hecho, es el financiamiento de los campamentos que montaron seguidores de Bolsonaro en distintos puntos del país desde la derrota en el balotaje en octubre.
El principal fue instalado frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, desde donde partió la turba que invadió la Plaza de los Tres Poderes.
En noviembre, un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueó las cuentas de 43 personas que estarían financiando los campamentos, que calificó de «manifestaciones ilícitas» y consideró que las potencian dada la «condición financiera de los empresarios identificados como involucrados».
Luego del caos en Brasilia, el mismo magistrado, Alexandre de Moraes, aseguró que «la organización, participación, financiación y apoyo de estos atentados terroristas constituyen un delito susceptible de detención inmediata en flagrante delito».
Por eso será clave también identificar quiénes financiaron los campamentos y los micros de larga distancia.
«Hay distintos perfiles. En algunos casos son personas con mucho dinero, como en Belo Horizonte, donde un hombre llegó en un Porsche a este campamento. Gente que no necesita financiación. Hay otros que necesitan dinero», dijo el periodista.
Y agregó que hay además fuentes no tradicionales para obtener dinero que tiene que ver con plataformas de contenido digital.
Otra delimitación hecha por los analistas se refiere a los sectores del agro que están disconformes con el enfoque del nuevo gobierno en relación a las cuestiones ambientales y pueblos originarios, en contraste con Bolsonaro, que en 2021 tuvo los peores valores en deforestación ilegal de los últimos 15 años y llevó a Ricardo Salles como ministro de Ambiente, un conocido lobbista de sectores ruralistas.
«Son destructores del medio ambiente, temen un enfrentamiento serio de la crisis climática que acabe con la impunidad de sus crímenes. Son los que explotan a los trabajadores y temen la vuelta de la inspección del Ministerio de Trabajo», dijo Souto de Noronha.
Así, Lula podría perjudicarlos simplemente dejando de ignorar, como el gobierno previo, las infracciones penales y administrativas.
Cuando juró como ministro, Fávaro aseguró que su principal desafío es «pacificar» el agro y volverlo sustentable.
Daoud dijo que Lula criticó a quienes «fueron y serán perjudicados, porque el gobierno va a combatir crímenes de deforestación, ya que la selva amazónica es importante para Brasil».
De todas formas, Souto de Noronha consideró además que se trata de un sector, que «aunque se critique su modelo para el campo, necesita estabilidad política, por eso sus ganancias no son compatibles con las aventuras golpistas».
La estabilidad económica sería «sin dudas» la prioridad para el sector, según Daoud, y ya «la bolsa está subiendo, el dólar cayendo, porque los mercados trabajan con expectativa y el capital ve en el futuro una estabilidad económica». Además, destacó el apoyo que recibió el gobierno.
De todos modos, «es evidente que Lula tendrá que estar atento, porque estas movilizaciones pueden continuar», advirtió.
