Un conflicto laboral y la criminalización de la protesta volvió a sacudir a los trabajadores, esta vez a los portuarios. El despido de 25 laburantes de la Terminal Puerto Rosario (TPR) agravó un conflicto salarial los trabajadores cerraron los muelles por más de un mes. La situación derivó en una negociación entre el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y TPR, y un acuerdo que no fue apoyado por la asamblea de trabajadores, quienes resolvieron acampar en la puerta del predio en acompañamiento a cinco trabajadores que no fueron reincorporados. En esas circunstancias, tres portuarios que el lunes se solidarizaban con sus compañeros e intentaron interceder con el personal policial que estaba en el lugar, fueron detenidos e imputados este jueves. Recuperaron la libertad con restricciones. pero uno de ellos atraviesa una situación familiar muy compleja vinculada a un problema de salud. Ninguno de los imputados pertenece al grupo de los despedidos: estos últimos aceptaron la compensación económica propuesta y pasaron a ser desocupados.
Con el acompañamiento de trabajadores y de la CTA Autónoma en la puerta del Centro de Justicia Penal, se llevó adelante la imputación a los trabajadores portuarios Marcelo Sebastián M., de 36 años; Carlos Ariel G. (54) y Diego Daniel C. (48). «Basta de criminalizar la protesta», decía uno de los carteles de los manifestantes, que exigían la inmediata liberación de los trabajadores detenidos.
Sebastián Spiller, defensor de los dos últimos, explicó que tras el despido de 25 trabajadores, el 9 de enero el secretario General del Supa Rosario, Cesar Aybar, firmó un convenio que no pudo ser cumplido «porque los trabajadores, en asamblea, lo rechazaron».
«Por eso acamparon en la Terminal del Puerto, acampe que nunca interrumpió el ingreso de los trabajadores», marcó.
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«Eran cinco los trabajadores que finalmente no habían sido reincorporados y más de la mitad de los empleados estaban afuera pidiendo la reincorporación. Después de las tres detenciones se generó miedo y los trabajadores empezaron a ingresar. El miércoles, los cinco despedidos terminaron de arreglar con la empresa», contó Spiller.
El letrado dijo que los laburantes que fueron detenidos no cometieron ningún hecho ilícito: «No estaban llevando adelante la protesta y no eran ninguno de los cinco despedidos, estaban solidarizándose». Y detalló que a uno de sus defendidos le falta un año para jubilarse.
En tanto, Guillermo Muratti, defensor de Marcelo M., explicó que el único que declaró fue su cliente y contó que tanto él como los otros dos imputados estaban mediando con el resto de los trabajadores que estaban en la puerta, y la detención por parte del personal policial se produjo en el portón del predio.
El fiscal Carlos Covani imputó a los tres trabajadores por ingresar sin autorización en el puerto, con la finalidad de impedir la entrada de trabajadores y el libre desarrollo de las actividades propias los muelles.
Además les achacó ser parte de un grupo de unas 50 personas que en el marco de un reclamo laboral, interrumpieron el ingreso y egreso de vehículos al predio impidiendo de esta manera el normal funcionamiento de los transportes por tierra, como la etapa posterior al transporte marítimo y fluvial de los contenedores allí depositados, aseguró el fiscal.
Los imputó por los delitos de usurpación en concurso real con delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte.
Muratti refirió que el punto de discusión fue, por un lado la Fiscalía que entendía que había un delito, y por el otro su punto que es el derecho a manifestarse, a huelga que está amparado en la Constitución.
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Ambos defensores coincidieron en la inexistencia de un delito, pero focalizaron la atención en resolver la medida cautelar. Si bien llegaron a un acuerdo que implicaba la libertad de los trabajadores con restricciones –uno de ellos tiene a su hijo internado en gravísimo estado– había un ítem vinculado a la limitación de acercamiento al predio que ponía en jaque la posibilidad de ir a trabajar de los imputados.
Finalmente, la jueza Patricia Bilotta dispuso la libertad de los tres trabajadores, pidiendo que se agilice puntualmente la del trabajador que tiene a su niño internado a quién le fijó una fianza de 150 mil pesos a efectivizar en 5 días hábiles. Los tres deberán fijar domicilio y cuentan con una prohibición de acercamiento parcial a 300 metros del ingreso de TPR ubicado de 27 de Febrero y Belgrano: esto significa que los tres podrán ir a trabajar y fuera de su horario no pueden acercarse al predio a 300 metros.
