Con el objetivo de cuidar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y evitar la salida de dólares a través de maniobras ilícitas, durante la segunda parte del 2022 la Dirección General de Aduanas (DGA) intensificó sus fiscalizaciones y sextuplicó el valor de multas aplicadas respecto al primer semestre. La lupa se posó sobre operaciones de comercio exterior en las que grandes empresas sub facturan y sobre facturan con el objetivo de dejar dólares en el exterior y evadir la mayor cantidad de impuestos posibles en Argentina.
Desde Aduana informaron que los cargos y multas aplicadas a firmas que sobre facturaron importaciones y sub facturaron exportaciones superaron los 1.018 millones de dólares, solo en los últimos seis meses del año pasado. Durante la primera parte del 2022 esa suma había superado los 132 millones de dólares, por lo que entre un semestre y otro el valor de las multas crecieron un 667%.
Otra de las maniobras que detectó Aduana en los últimos dos años tiene que ver con el denominado alquiler de cautelares. En ese período, y en medio de las restricciones a la importación, algunas empresas tuvieron la posibilidad de acceder a una medida cautelar que les permita importar más de lo permitido, siempre y cuando certifiquen un faltante de insumos provenientes del exterior que ponga en riesgo su producción. Con el tiempo se detectó que algunas de esas empresas cedieron ilegalmente ese permiso a otras. Entre 2021 y 2022 se iniciaron 3.146 expedientes judiciales por esta maniobra.
La intensificación de controles sobre el comercio exterior guarda relación con la acumulación de reservas, una de las metas que trazó Sergio Massa en su llegada al Ministerio de Economía. Así como aparecieron incentivos para distintos sectores productivos y de servicios con el objetivo de que aceleren la liquidación de divisas, el gobierno nacional quiere evitar la salida de dólares a través de mecanismos de ingeniería ilegales que se convirtieron en una práctica común para grandes empresas.
La comparación de datos entre el primer y segundo semestre del año pasado exponen una profundización en los niveles de control por parte de Aduana y el contexto actual hace pensar que la tendencia irá en ascenso durante los próximos meses. Es que las condiciones climáticas que castigaron al territorio nacional y en especial a la zona núcleo del campo, tendrán un impacto directo en los planes de recaudación fiscal que tenía el gobierno hace algunos meses. Durante los últimos días, distintas estimaciones comerciales pronosticaron pérdidas equivalentes a casi 2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) como consecuencia de la sequía.
Dónde pone el ojo Aduana
Pese al pronóstico preocupante, el agro seguirá siendo unos de los sectores más observados por la lupa de la Aduana, junto a al sector agroquímico, minero e insumos médico sanitarios. También se detectaron diversas maniobras por parte de importadores de máquinas tragamonedas y aquellas que se utilizan para minar criptomonedas. Todos estos casos tienen en común la triangulación comercial, un fenómeno que genera el indebido egreso de divisas.
Un estudio reciente de Aduana al que tuvo acceso El Ciudadano, analizó miles de casos de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones durante el año pasado y cotejó los resultados del primer semestre contra los del segundo semestre. Estas maniobras tienen el objetivo de constituir activos financieros en el exterior (moneda extranjera) aprovechando la brecha cambiaria.
Durante el 1º semestre del año 2022 se analizaron 14.134 operaciones por un monto FOB total de USD 896,4 millones, aplicando cargos suplementarios y multas por USD 132,7 millones. Estas acciones fueron incrementadas de manera sustancial durante el 2º semestre. Las operaciones analizadas se duplicaron -33.150 operaciones- y el monto FOB de las operaciones se incrementó en un 430% hasta alcanzar los USD 4.747,4 millones. Asimismo, los cargos y multas aplicadas ascendieron a USD 1.018,4 millones, un incremento respecto el semestre anterior del 667%.
Al respecto, desde Aduana detallarlo: “Los rubros más significativos sobre los que recayeron tales acciones son minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos. Merece una especial mención los resultados obtenidos en la fiscalización de las operaciones de importación que ingresaron al amparo del Decreto 330/20 que establecía derechos de importación del 0 % en forma excepcional para mercadería a ser destinada a combatir el COVID (barbijos, termómetros, guantes de latex)”.
Las tres maniobras más recurrentes
Una de las maniobras más conocidas es la sobre facturación de importaciones. Incentivada por la amplia brecha cambiaria entre el oficial y el blue y posibilitada a partir de una triangulación entre una empresa local y dos extranjeras. Consiste en declarar el ingreso al país de mercadería a valores sensiblemente superiores a los reales, con el propósito de acceder ilícitamente a una mayor cantidad de dólares a precio oficial, para luego ser transferidos al exterior y, finalmente, convertirlos al valor del dólar financiero. Esto además genera un impacto negativo para la contabilidad de una empresa y le permite quedar exenta de algunos impuestos.
Durante el año pasado se detectó una maniobra millonaria de este tipo, conocida como “importación de tecnología basura”. Una empresa de Tierra del Fuego importó material proveniente de China, facturado por una empresa de Estados Unidos. La mercadería se pretendía importar a USD 1,5 millones, cuando en realidad su valor no superaba los USD 30 mil (el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados). Respecto a este caso, desde Aduanas indicaron: “Si se considera la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, haberle permitido girar a la empresa importadora los USD 1,5 millones le hubiera implicado una ganancia ilícita de $ 300 millones”.
Otra operación incentivada por la brecha cambiaria y que también necesita de la triangulación entre empresas es la sub facturación de exportaciones. Se concreta cuando una mercadería sale de Argentina sub facturada hacia un destino intermedio, por lo general EE.UU, que a su vez la vuelve a facturar por el valor real y la envía a un tercer destino. La diferencia entre los facturado por ambos países queda en una cuenta estadounidense o bien regresa a la firma local a través del dólar financiero. La ganancia equivale al porcentaje de la brecha cambiaria. Las divisas quedan afuera y la empresa local evita tributar por esa diferencia.
Este caso particular se detectó durante el año pasado en intercambios de una empresa rosarina, que vendió miles de toneladas de ácidos grasos y oleína a Chile por medio de una triangulación en la que intervenía una empresa uruguaya. Entre 2021 y el primer semestre de 2022 la firma local operó más de 46 mil toneladas de subproductos derivados de la refinación de la soja. Una investigación de Aduana determinó que el valor de la mercadería exportada en ese período (declarada en US$11,5 millones de dólares) se encontraba sub facturada aproximadamente en el 50% de su valor, siendo Chile el principal destino de las exportaciones.
El tercer artilugio para acceder al dólar oficial, denominado alquiler de cautelares, necesita de dos empresas y de una colaboración por parte de la Justicia. Consiste en un permiso solicitado ante un juzgado para importar mayor volumen al permitido, siempre y cuando la firma exponga que necesita el ingreso de mercadería proveniente del exterior para sostener su producción. De acuerdo a los datos expuestos, la Justicia puede decidir otorgar o no la medida cautelar y permitirle importar más de lo permitido.
Lo que detectó Aduana entre 2021 y 20222 fueron reiterados episodios en los que una empresa “cedía” (de manera ilegal) a otra ese permiso o cautelar para importar. De acuerdo a los últimos datos que presentó el organismo estatal (donde todavía faltaba agregar datos de noviembre y diciembre), durante los últimos dos años iniciaron 3.146 expedientes judiciales en los que investigaron estas maniobras. En esos procesos judiciales hay involucrado valores de mercadería equivalente a más de 2.500 millones de dólares.
Esta misma semana la Dirección General de Aduanas desarticuló una maniobra de este tipo para la importación de telas, compuesta por siete operaciones y un valor total de US$ 2,75 millones.
El organismo precisó que agentes especializados detectaron una maniobra consistente en la obtención de una medida cautelar en favor de la firma Tela 770 SRL para poder importar, accediendo a divisas a valor oficial y sin regulación del fisco. Esta situación la eximía de las autorizaciones correspondientes para importar.
«Lo llamativo es que la mercadería que es objeto de la investigación de la Aduana originalmente había sido rotulada con la leyenda de la firma Harlye S.A., que luego de la verificación física, aportó una declaración jurada para reetiquetar las telas en nombre de Tela 770 SRL», indicaron desde la DGA.
En total, se confirmaron siete operaciones que involucran un total de 10.200 rollos de telas, equivalentes a 320 toneladas de mercadería, por un valor de aproximadamente US$ 550.000.
Pero la investigación continúa con el seguimiento de otras 17 destinaciones a nombre del importador valuadas en US$ 2,2 millones, por lo que se presume que el valor total de la maniobra podría ascender a US$ 2,75 millones.
