El gobierno definió suspender la vigencia de la ley de Alquileres que, a menos de dos años de su puesta en vigor, dio como resultado un aumento del precio de las locaciones a causa de una contracción de la oferta de inmuebles, según una interpretación.
La decisión se tomó, según coinciden distintas fuentes gubernamentales, durante un encuentro entre el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó este tema como una cuestión prioritaria.
“Si la ley se suspende, no habrá marco regulatorio. Es decir, se podrán firmar contratos por uno mes o dos meses, con aumentos mensuales, cobrando de depósito lo que quieran”, sostuvo por su parte Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe. Y agregó: “Suspender la ley no es la solución a la realidad que padecen los inquilinos, por el contrario, provocaría un vacío legal que agravará la ya difícil situación que se atraviesa”.
Si bien el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de avanzar en ese sentido, la traba es cómo lograr legalmente la suspensión de la norma que fue sancionada en el Congreso. Para tal fin se estudia la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
La ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que llevó a los dueños de departamentos a optar por no poner su propiedad en alquiler.
“El problema para los inquilinos es claro, un contexto de inflación altísima e ingresos en caída libre, sumado a un mercado inmobiliario que no para de especular, que se concentra cada vez más, que está dolarizado y piensa la vivienda como negocio, sin ningún tipo de control y regulación por parte del Estado, haciendo inaccesible la vivienda en nuestro país”, aclaró Artola.
Entre los puntos más cuestionados es la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres, y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.
“En vez de discutir cómo regular el precio de los alquileres, qué hacer con la cantidad creciente de viviendas vacías o cómo avanzar hacia una política integral de vivienda que proteja a los inquilinos, como se está haciendo en las principales ciudades del mundo, se pretende dejar todo en manos del mercado, para que hagan lo que quieran y que los inquilinos se las arreglen como puedan o terminen en la calle”, sostuvo.
Por último, Artola expresó: “Es terminar haciendo lo que propuso Juntos por el Cambio el año pasado en el Congreso. Es decir, contratos cortos, aumentos trimestrales y precios definidos de manera unilateral por el mercado por arriba de la inflación. Una claudicación total ante el mercado y la derecha”, cerró.
“No por casualidad, empezó a circular ayer, después de la gira del presidente y Massa por Estados Unidos y un nuevo apriete del FMI para recortar subsidios a las tarifas, a lo que ellos llaman gastos sociales y el pedido de achicar el acceso a la moratoria previsional aprobada hace pocas semanas en el Congreso”, opinó, para de inmediato concluir: “Sería una irresponsabilidad total que se tome esta decisión, con consecuencias críticas para todos los inquilinos”.
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