El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti advirtió sobre irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) y apuntó contra sus autoridades por no corregir los «incumplimientos que se denunciaron en la auditoría». El supremo dirigió la carta al directorio, pero en su contenido señala no sólo a éstos de publicar un informe irregular sobre el sistema de salud del Poder Judicial, sino también a sus colegas jueces de la Corte por no hacer nada, en especial, a Juan Carlos Maqueda.
A través de una nota enviada al Directorio de la OSPJN, presidido por Mariano Althabe, el magistrado afirmó que «es particularmente grave que no haya presupuesto del año 2022, ni 2023» y se quejó de que en un escrito se informó que se le había encomendado su elaboración a una contadora que «renunció de manera abrupta».
En su nota, Lorenzetti anunció que iniciará acciones legales contra los integrantes del directorio de la obra social debido a las demoras en la entrega del informe que había sido encargado en agosto del año pasado. Dicho informe refleja los incumplimientos en el manejo del sistema de salud del Poder Judicial de la anterior gestión de Aldo Tonón y de la dirección presente, de Althabe. Según lo publicado por la periodista Irina Hauser, Tonón era un hombre de confianza del cortesano Maqueda, quien estuvo por años a cargo del manejo de la OSPJN.
Lorenzetti planteó que una auditoría realizada a la obra social reveló «irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al Juzgado que investiga los hechos del Directorio, por decisión de esta Corte».
Las irregularidades en el manejo de la obra social fue denunciado en el 2021 por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), que a su vez son una de las causales del juicio político que actualmente se esté llevando a cabo contra los jueces de la Corte Suprema.
Además, la nota de Lorenzetti también alertó a Althabe que «los únicos balances que no están presentados son los del año 2021 y 2022, que corresponden a su gestión».
El magistrado remarcó que un nuevo control sobre el OSPJN señaló que «se revelan incumplimientos durante la gestión del doctor Althabe» y, al referirse a una nota enviada por el Directorio de la obra social al máximo tribunal, afirmó: «No explica por qué sigue con los mismos incumplimientos que se denunciaron en la auditoría».
El juez también criticó «aspectos formales» del escrito presentado por las autoridades de la obra social, en respuesta a un requerimiento hecho en agosto de 2022: «Es extemporáneo contestar casi seis meses después, vencido el plazo».
«La nota es inválida desde todo punto de vista. Quien debía informar era el Directorio, que actualmente son cinco personas. Los dos nuevos integrantes todavía no asumieron formalmente. En especial, la representante del gremio que firma no tenía contrato al momento de firmar. Tampoco firmó el doctor (Aldo) Tonón, ni hubo reunión de Directorio, ni acta que respalde ese informe. De manera que es inválido por no representar al órgano de dirección», manifestó el rafaelino.
Y concluyó: «En consecuencia, corresponde declarar incumplido el traslado e iniciar el procedimiento legal que corresponda ante las autoridades de contralor».
El deterioro de los servicios y las sospechas en torno a una serie de licitaciones de la OSPJN forman parte del expediente del juicio político que enfrentan los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
